La ONG SafeGuard Defenders ha hecho varios informes que evidencian la persecución y coacción que el gobierno chino ejerce incluso en el extranjero a activistas y disidentes que están en contra de su régimen. La directora de campañas de la entidad, Laura Harth, advierte de que muchos chinos se ven obligados a volver a su país de forma involuntaria y, una vez ahí, desaparecen. Todo esto se conseguiría, entre otras vías, mediante como mínimo 54 oficinas parapoliciales ilegales instaladas en treinta países, incluyendo dos en Barcelona, una en Manresa y dos más en Valencia.