China tiene oficinas parapoliciales ilegales en Barcelona, Manresa, Valencia y Madrid

Barcelona / LondresLos tentáculos del régimen de Xi Jinping, probablemente el más opaco del panorama global, llegan muy cerca nuestro: a Barcelona, Manresa y Valencia. También a Madrid y a Santiago de Compostela. Y se extienden por todo el mundo: desde Quito y Nueva York hasta París, Londres, Estocolmo, Atenas, Roma, Tokyo y Dar es Salaam (Tanzania). China tiene al menos 54 oficinas parapoliciales ilegales en 30 países diferentes, según denuncia un informe de la ONG Safeguard Defender. La organización ha documentado su existencia, promovidas por los servicios policiales de las provincias de Fuzhou y Qingtian. La primera está situada ante las costas de Taiwán y la segunda, en el norte, es fronteriza con Fuzhou.

De acuerdo con la entidad neerlandesa de defensa de los derechos humanos, estas oficinas, camufladas como restaurantes, tiendas y asociaciones de chinos, tienen el objetivo de "persuadir" y forzar a supuestos delincuentes nacionales de volver a Pekín para que los juzgue el régimen de Xi. A menudo estos supuestos delincuentes son simplemente activistas y disidentes críticos con el gobierno chino. Pero aunque fueran delincuentes, la ONG denuncia que el verdadero problema es otro: "El uso de métodos irregulares [es un hecho que] socava cualquier proceso y los derechos de los sospechosos".

Las operaciones policiales clandestinas buscan driblar los trámites de extradición. España, con un total de nueve centros ilegales de este tipo, es el país del mundo donde la ONG ha detectado más. Europa es, con diferencia, el continente donde también hay más. Pero pocos países se escapan. La policía china mantiene contacte constante con todas las oficinas.

La información de Safeguard Defenders pone de manifiesto los métodos de la "persuasión" con algunos ejemplos, como amenazas a los presuntos sospechosos sobre los problemas que pueden tener sus familias en China si no vuelven. Pueden amenazar con hacer perder el trabajo a sus parientes o incluso con no admitir a los niños en el sistema educativo chino. También a través de la presión de agentes extranjeros que pueden llegar a perseguir a los sospechosos.

Uno de los testimonios recogidos por la ONG es de una mujer, Li Qingqing (pseudónimo), que en el momento de recabar la información dirigía un restaurante de Phnom Phnom Penh (Camboya). Los ciudadanos chinos tienen prohibido residir en nueve países vinculados, de acuerdo con las autoridades de Pekín, con el fraude online masivo. Son Camboya, los Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Tailandia, Myanmar, Laos, Malasia, Turquía e Indonesia. Al negarse Le Qingqing a volver, porque alegó que no era una criminal y que solo hacía negocios en Camdoya, empezó a recibir mensajes de la policía local pidiéndole que lo hiciera. El 5 de mayo de este año, la policía la informó de que la habían incluido en la lista de sospechosos de telecomunicaciones, y la advirtieron de que el domicilio de su madre, en la provincia de Fujian, sería desconectado de la red eléctrica y de la red del suministro de agua. Posteriormente, la casa de su madre fue pintada con aerosol con las palabras "House of Telecom Fraud". La madre fue llamada al comité del pueblo para declarar y fue requerida para que persuadiera a su hija de volver. El destino actual de Li, y si ha vuelto o no a China, es desconocido.

En China estos establecimientos se conocen como “centros de servicios policiales en el extranjero”, y teóricamente se utilizan para combatir la "delincuencia transnacional", en especial en Internet. El régimen se vanta de detener a los presuntos delincuentes de fraudes en línea siempre que puede: el verano de 2022 fuentes oficiales se felicitaban de haber conseguido que más de 230.000 "fugitivos de la justicia china" volvieran al país para ser juzgados entre abril de 2021 y julio de 2022. De alguna manera es una de las obsesiones de Pekín, que se muestra preocupado de que una especie de resistencia o disidencia china se pueda organizar desde el extranjero.

Uno de los responsables de este informe conoce bien cómo funciona la represión de Pekín. Es el socio fundador Peter Dahlin, de nacionalidad sueca, que en 2016 fue detenido, junto con su pareja, durante una oleada de persecución contra las ONG y otros movimientos sociales. Dahlin había creado en 2009 el organismo China Action, que apoyaba al movimiento de abogados de derechos humanos en el gigante asiático. Pasó 23 días en un centro de detención donde fue interrogado, torturado y obligado a grabar una confesión en la que admitía haber violado las leyes chinas. Esta grabación fue retransmitida por la televisión pública china. Después fue expulsado del país.

Persecución y represión

España es uno de los pocos países que autorizan extradiciones a China. Y el sistema jurídico del gigante asiático no ofrece ninguna garantía. El 99% de los procesos acaba en condena, los jueces no son independientes y durante la investigación policial pueden mantener al investigado detenido sin presentar cargos durante al menos seis meses. Además, cualquiera puede ser detenido sin ser informado de los cargos de los que se lo acusa y por supuesto no existe el habeas corpus, que protege a los ciudadanos contra las detenciones arbitrarias.

También existe lo que se conoce como la "Vigilancia Residencial en Lugar Designado", un eufemismo para decir que el sospechoso es detenido y enviado a un lugar desconocido mientras se investiga. Por este sistema han pasado desde estrellas famosas como la actriz de cine Fan Bingbing hasta disidentes o periodistas. La china-australiana Chen Lei, presentadora del canal en inglés de la televisión china, fue detenida en Pekín en agosto de 2020 y juzgada el marzo pasado a puerta cerrada por delitos contra la seguridad del estado; su familia todavía no ha conseguido verla.