Los Comunes denuncian a Albiol por el desalojo del B9 en Badalona
El eurodiputado considera que el alcalde habría denegado servicios públicos por motivos discriminatorios
BarcelonaEl eurodiputado de Comuns, Jaume Asens, ha denunciado al alcalde de Badalona por el desalojo del antiguo Instituto B9 de Badalona. Según ha explicado a Catalunya Ràdio, Asens acusa a Albiol de denegar servicios públicos por motivos discriminatorios, delito de odio, delito de desobediencia a la autoridad judicial y delito de prevaricación administrativa. "Albiol se cree que Badalona es Estados Unidos y que puede actuar como Trump, pero no puede estar por encima de la ley", ha dicho este miércoles.
De este modo, el eurodiputado ha recordado que la resolución judicial que autorizaba el desalojo le condicionaba a proporcionar una alternativa habitacional, lo que no ha cumplido el Ayuntamiento de Badalona. De hecho, Albiol ha dicho en reiteradas ocasiones que el consistorio "no ofrecería alojamiento ni recursos habitacionales". Este martes mismo la Fiscalía pidió a la juez que autorizó el desalojo que pida explicaciones al Ayuntamiento sobre qué medidas ha tomado para proteger a las personas vulnerables que han sido desalojadas.
Asens, pues, afirma que Albiol denegó su ayuda a los migrantes "de forma selectiva" debido a su origen y condición social, lo que se enmarcaría en una denegación de servicio público por motivos discriminatorios. El de los comunes recuerda además que la incitación al odio no requiere expresiones explícitas para ser cometida. También defiende que hay "indicios de desobediencia reiterada" para no dar al consistorio badalonés "cumplimiento efectivo" a la resolución judicial que amparó el desalojo.
Ante esta situación, el Gobierno también movió ficha este martes. El departamento de Derechos Sociales firmó un convenio con las entidades para dar techo a todos aquellos que desde el sábado se han instalado debajo del puente de la C-31. También para la decena que habían ocupado el antiguo albergue municipal de Can Bufí Vell, cerrado desde hace casi dos años. El acuerdo garantiza alojamiento para los próximos dos meses en diferentes emplazamientos de Catalunya y supone también renunciar a la acogida en la parroquia de la Virgen de Montserrat, el espacio que el domingo no pudo abrirse por el bloqueo de unas pocas decenas de vecinos.