Pedro Sánchez ha abierto la puerta a dejar la presidencia del gobierno español por la investigación que se ha abierto contra su mujer. Podría someterse a una cuestión de confianza –que no requiere mayoría absoluta en el Congreso y podría superarse con sus socios–. Ahora bien, ¿qué pasa si da un paso al lado? El presidente español no puede ceder la presidencia a dedo, y sólo tiene dos alternativas posibles: que otro candidato se someta a un debate de investidura o convocar elecciones.

Los resultados electorales del 23-J han dejado lecciones para todos. Lo importante es que han servido para parar la ofensiva de la extrema derecha en España. Vox pudo poner las cosas muy difíciles en el PP en caso de que los populares hubieran necesitado a sus 33 diputados para llegar a la mayoría absoluta. La dinámica de bloques no se ha roto y las negociaciones para permitir iniciar la legislatura y dar una mínima estabilidad al gobierno serán bastante complicadas. Como una de las lecciones principales cabe constatar que muchos, si no todos, caímos en la trampa de la supuesta fiabilidad de las encuestas, que hicieron creer a mucha gente que el resultado estaba prácticamente decidido y que marcaría el fin de la era de Pedro Sánchez.

Uno de los titulares de las elecciones del domingo es el duro golpe que han recibido las formaciones independentistas. ERC, Junts per Catalunya y la CUP han dejado escapar cerca de 700.000 votos: los republicanos, quienes más pierden, han visto desaparecer 416.000 apoyos respecto a las elecciones generales del 2019; la CUP ha perdido 149.000, y Junts 141.000. Si lo miramos en porcentajes, ERC ha retrocedido 10 puntos porcentuales respecto a 2019, Junts 2,5 y la CUP 3,5, un bajón que en el último caso ha dejado a la formación anticapitalista fuera del Congreso. Entre las tres formaciones, y si sumamos el PDECat-Espai CiU, el bloque independentista sumó el domingo un 28% de los votos, una de las cifras históricas más bajas. El principal beneficiado ha sido el PSC, que ha recibido más de 150.000 votos de antiguos electores de Esquerra, 35.000 de Junts y 24.000 de la CUP. Más de 200.000 votantes que en 2019 optaron por opciones independentistas ahora han preferido al PSC.

El PP y Vox lograron buena parte del poder institucional en la Comunidad Valenciana en las elecciones de hace dos meses. Desde la presidencia de la Generalitat, con Carlos Mazón al frente y con un extorero que exalta el franquismo de vicepresidente, hasta los ayuntamientos de Valencia, Castellón y Alicante, así como dos de las tres diputaciones provinciales, los pactos entre los populares y la extrema derecha han germinado, con la extrema derecha dentro o fuera de los gobiernos. Y fruto de estos acuerdos también han llegado titulares llamativos que cuestionan la violencia machista, la memoria histórica o que cargan contra el uso del catalán.

La victoria del PSC es la del triunfo del voto útil. Si, en definitiva, cualquier elección formula una pregunta a los electores, la pregunta que la mayoría de votantes catalanes acabaron contestándose fue cuál era la mejor manera de frenar al PP y Vox y la respuesta fue votar socialista. El PSC ha vuelto a ofrenar nuevas glorias al PSOE y Salvador Illa ha dado un paso más en dirección a la Generalitat. Al Gobierno de Pere Aragonès se le complica la navegación.

"Tú me das cremita, yo te doy cremita", parecen decirse Feijóo y el traficante de cocaína Marcial Dorado mientras nos miran desde el yate del segundo. Te tengo en el bote, debió de pensar el narco que como tantos “empresarios” gallegos pasó del contrabando de tabaco al tráfico de estupefacientes que daba aún más pasta para untar al partido de Don Manuel Fraga Iribarne que en paz descanse. Eran tiempos de bipartidismo “imperfecto” donde no estaba tan mal visto que un dirigente político fuera colega de un contrabandista aunque a este ya le hubiera salpicado la Operación Nécora que hizo famoso a Garzón en España.   

Si el 23-J se confirma el triunfo de la derecha en España, las cosas se moverán más rápidamente de lo previsto dentro de las paredes del Ayuntamiento de Barcelona. La capital catalana quedaría convertida en una especie de baluarte progresista y esto podría acelerar la entrada de los comunes en el gobierno que lidera Jaume Collboni, que ahora cuenta con solo los diez concejales que las urnas dieron al PSC. La entrada de los de Ada Colau (con ella o sin ella) en el gobierno municipal es un paso que prácticamente todo el mundo ya da por hecho al Ayuntamiento. Y desde las filas de su partido, algunas voces no esconden que un triunfo de la derecha en las elecciones generales podría ser el "acelerador" para presentar un acuerdo de las fuerzas progresistas en Barcelona lo antes posible. Oficialmente, los comunes insisten en la senda del tripartito, que ya defendían en las negociaciones para la investidura, y explican que no se ha entrado aún a negociar nada. Dan por hecho que Collboni no podrá gobernar solo con diez concejales y llaman a configurar un gobierno de izquierdas lo más amplio posible, que sume también ERC. Y los republicanos dicen que no cierran la puerta a hablar de ello, pero que todavía no han mantenido conversación formal alguna en este sentido.

 Según un informe de la Fundación V-Dem, todos los progresos democráticos alcanzados en las últimas décadas “se han esfumado”. El 78% de la población mundial, casi seis mil millones de personas, viven hoy bajo regímenes autocráticos, una proporción que nos devuelve al año 1986, a las vísperas del final de la Guerra Fría. Por primera vez en dos décadas, hay más gente gobernada por “autocracias cerradas” (un 28%) que por “democracias liberales” (tan solo un 13%). El informe indica que en 2022 cuarenta y dos países estaban en proceso de “autocratización”, entre ellos EEUU y Brasil, pese a la victoria in extremis de Biden y Lula sobre Trump y Bolsonaro: el paso de la derecha por el poder siempre deja fósiles institucionales difíciles de doblegar. Menos libertad académica y cultural, menos libertad de expresión, menos credibilidad electoral, menos derechos civiles, ésta es la tónica que se impone en el mundo por una especie de réplica viral en la que la dependencia comercial de las democracias respecto de las autocracias (pensemos en el poder económico de China, Rusia o Qatar) debilita aún más las resistencias liberales.

Medios españoles e internacionales señalan que el nombre de Pedro Sánchez suena cada vez más en la sede de la OTAN en Bruselas para suceder al noruego Jens Stoltenberg como secretario general. El digital 20 minutos, propiedad de la familia aragonesa Yarza López-Madrazo, señalaba hace dos días que la Alianza va a esperar al resultado de las elecciones generales en España para elegir al sucesor de Stoltenberg. Permítamente hacer algunas consideraciones al respecto, de esas que no se puede permitir casi nadie con cargos públicos o de partido.

El anuncio del presidente español, Pedro Sánchez, de convocar elecciones generales anticipadas el 23 de julio, en pleno verano, amenaza con arruinar las vacaciones de miles de personas a las que les tocará ser miembros de mesas electorales. En las últimas municipales y autonómicas del 28 de mayo, 181.728 ciudadanos formaron parte como titulares de las 60.576 meses repartidas por todo el Estado, mientras que 363.456 fueron convocados como suplentes. ¿Hay alguna manera de evitarlo, sobre todo si le toca a alguien con las vacaciones programadas o fuera de su lugar de residencia? ¿puede haber consecuencias legales para saltarse el requerimiento a conciencia, como pasó con la presidenta de una mesa electoral de Mallorca que el 28 de mayo dijo que se iba a tomar un café y no volvió? Pero la ley electoral prevé varias excepciones. ¿Cuáles?