En la víspera inconstitucional de otro aniversario magno, habrá que recordar de nuevo que el último policía de la dictadura franquista fue el primero de la democracia. No es necesario buscar ejemplos; todos lo son; y todos son todos; y esto incluye del primero al último. Desgraciadamente, concurre aplicar idéntica evidencia a la turbia figura del infiltrado policial por psicosis de estado: el último en servicio de la dictadura –por ejemplo, Mikel LejarzaLobo– fue también el primer topo de la democracia. Y así sucesivamente en tantos órdenes del desorden, con la infausta providencia de que en el caso de los infiltrados en dos etapas aparentemente tan distintas –la dictacracia, la democradura– tienen un rasgo común, que es rasgo de gracia a toda posibilidad de democracia: una misma impunidad de estado. Bajo ambos regímenes, en momentos tan distintos, resulta que se planifican y urden sistémicamente de igual modo y desde el fondo del pozo: en la más absoluta ilegalidad sombría. Tras las investigaciones periodísticas de La Directa, pronto hará un año que el documental Infiltrados emitido en 30 minutos nos despertó de aquella figura opaca, no regulada en ninguna parte, llamadaagente de inteligencia. Bien distinta del agente encubierto bajo mandato y monitorización judicial, legalmente previsto bajo determinadas circunstancias. Pero la pretendida democracia, en ese ángulo ciego, tira de veta de dictadura cierta: en nombre de la ley pero siempre al margen de ella, sin ningún tipo de control, sólo al agrado gris de la cadena trófica de la represión y bajo la misma orden: el saco sin fondo de la seguridad nacional.

Vismara, Lubina y Benetau. Son los nombres en clave de tres agentes de la Guardia Civil que se infiltraron en un grupo andaluz que introducía hachís en el Estado. El líder acabó condenado a ocho años de cárcel y recurrió a la sentencia diciendo que los agentes habían vulnerado su derecho a la intimidad. Esta historia, que comenzó entre fardos y narcollanchas en las playas de Almería, ha terminado representando el primer pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre los agentes encubiertos. Es reciente, de junio del año pasado, y avala esta figura citando la ley allá donde está recogida, la de enjuiciamiento criminal.

El estreno deldocumentalInfiltrados ha puesto en evidencia la existencia de las infiltraciones policiales en movimientos sociales y el impacto en los y las militantes que durante años tuvieron relaciones con estos agentes sin saberlo. Hasta ahora, ningún tribunal ha aceptado investigar cómo agresiones sexuales estas relaciones que denunciaron a ocho activistas representadas por las abogadas Mireia Salazar y Laia Serra. Las resoluciones judiciales hasta ahora consideran que el engaño del agente al ocultar su identidad no invalida el consentimiento de las chicas a la hora de tener relaciones sexuales con ellas, a diferencia de lo que ellas sostienen.

"¿Sabes qué no te perdonaría yo nunca de la vida? Que te dijeras Maria Isern Torres". El 13 de julio de 2023, un día antes que La Directa destapara el caso de la policía nacional infiltrada en los movimientos sociales de Girona -la cuarta infiltración similar que destapaba el medio-, Òscar Campos habló por última vez con Maria, con la que salió durante tres años sin saber que era una agente. "Pues te llamas así. Te hemos pillado", le dijo Óscar a través de una videollamada. "Ya...", responde ella. El momento, grabado por los periodistas, es parte del material inédito del documental Infiltrados, dirigido por Gemma Garcia Fàbrega y Sònia Calvó Carrió y estrenado este domingo en el 30 minutos. Pero lo más sorprendente es que la chica infiltrada no cuelga el teléfono, sino que a continuación hace una serie de confesiones a Òscar, militante independentista y uno de los encausados ​​por los cortes en las vías del tren del primer aniversario del ' 1-O. "Hay infiltrados en toda España", le llega a decir ella.

"Su infiltración tiene consecuencias imborrables, sea legal o no". Así se han manifestado las ocho mujeres que se querellaron contra el policía nacional que se infiltró en movimientos sociales de la ciudad al día siguiente de publicarse la decisión de la Audiencia de Barcelona de cerrar la investigación. Las denunciantes se han pronunciado públicamente por primera vez desde que intentaron iniciar la causa contra el agente, en enero del 2023. "Sí que fueron agresiones sexuales porque no dimos consentimiento a ese policía, sino al personaje que había creado 'Estado", explicaron este martes, "sin poner la cara pero sí las voces" para proteger su intimidad tras oír encima "todo el peso del patriarcado" a raíz de su denuncia.

En los últimos dos años en el Estado se han denunciado nueve casos en los que movimientos sociales habían detectado la infiltración de policías nacionales entre sus filas. En Barcelona se denunciaron dos en menos de seis meses de diferencia. Uno de los policías era DHP, que llegó a la ciudad en mayo del 2020, se acercó al gimnasio del centro social okupado La Cinétika, en Sant Andreu, y se convirtió en un habitual en asambleas y conciertos. Se ganó la confianza del entorno hasta el punto de que mantuvo relaciones sexuales y sentimentales con ocho activistas. Al descubrir el engaño, las mujeres se querellaron por agresión sexual, un delito contra la integridad moral o tortura, descubrimiento y revelación de secretos e impedimento del ejercicio de los derechos civiles. El juez que recibió la denuncia archivó el caso a petición de la Fiscalía, pero las acusaciones insistieron en ella presentando un recurso. Ahora, la Audiencia de Barcelona ha cerrado de nuevo la puerta a investigar el caso asegurando que no ve delito en la actuación del policía infiltrado. Una decisión que las activistas, representadas por abogadas de Irídia y la CGT, ya han anunciado que acudirán al Tribunal Supremo para que siga indagando.

En 1947 el Partido Comunista de España (PCE) recibió un golpe demoledor. Ese año la policía realizó 2.000 detenciones, 46 personas fueron condenadas a muerte y los supervivientes sumaron un total de 1.744 años de cárcel. Detrás del golpe estaba un policía, célebre por sus habilidades como infiltrado, como él mismo reconocía: Roberto Conesa (Madrid, 1917-1994). El PCE quedó deshecho, pero no desapareció del todo. "Conesa nunca detenía a todo el mundo, siempre dejaba alguna cabeza para atar para que se volvieran a reorganizar y así siempre podía volver a cobrar una recompensa. Él decía que era como cortar la cola en la lagartija", dice el historiador Fernando Hernández Sánchez, autor de Falsos camaradas. Un episodio de la guerra antipartisana en España, 1947 (Crítica).

"Los sentimientos que haya despertado en las querellantes el descubrimiento de la supuesta identidad real del querellado, y la posible desconfianza en las sucesivas relaciones que puedan mantener en el futuro, no pueden criminalizarse". De esta forma enrevesada el magistrado del juzgado de instrucción número 21 de Barcelona ha archivado la querella de seis activistas del barrio barcelonés de Sant Andreu contra DHP, el segundo agente de la Policía Nacional infiltrado en movimientos sociales de Barcelona. Las seis mujeres llevaron a DHP a la justicia tras saber que el hombre con el que habían mantenido relaciones sexuales y sentimentales era en realidad un policía infiltrado en movimientos anarquistas desde junio del 2020 hasta diciembre del 2022. Concretamente, le acusaron de los delitos de agresión sexual, contra la integridad moral o tortura, descubrimiento y revelación de secretos e impedimento del ejercicio de los derechos civiles. Primero, fue la Fiscalía la que pidió al juez que archivase la demanda porque no veía "ningún indicio de delito". Por último, el magistrado ha tomado esta decisión con el mismo argumento.

Las mujeres dieron su consentimiento libremente y el policía no abusó de su condición de agente para acostarse con ellas. Estos son los dos principales argumentos con los que la Fiscalía exculpa el segundo policía infiltrado en movimientos sociales de Barcelona. Seis activistas del barrio barcelonés de Sant Andreu se querellaron finalmente contra este agente tras saber que el hombre con el que habían mantenido relaciones sexuales durante un tiempo era en realidad un agente de la Policía Nacional que se había infiltrado en movimientos anarquistas entre junio de 2020 y diciembre de 2022 para extraer información, tal y como avanzó La Directa. Ahora, el ministerio público ha pedido al juez que lleva el caso de que archive la demanda, porque no ve "indicios de ningún delito".