El 18 de junio el Tribunal Europeo de Derechos Humanos inadmitió el recurso presentado por una serie de familias contra la sentencia del TSJC que obligaba a una escuela de Canet a impartir el 25% de la docencia en castellano en una clase de P5. Según el Tribunal, el recurso no está bien fundamentado; alguien debería haber explicado a las familias que alegar la violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos a propósito de este asunto no tenía recorrido alguno.Que la inadmisión fuera tan previsible no quita que la argumentación del Tribunal sea del todo inadmisible. (Ningún juez serio puede afirmar, por ejemplo, que en Cataluña el castellano esté "prohibido" como lengua de instrucción.) Pero más allá de estas constataciones triviales, se impone una reflexión más de fondo.La primera cosa que hay que decir es que en términos comparativos el modelo catalán es difícil de entender. En Europa no hay ningún otro caso en que la enseñanza inmersiva en una lengua regional o minoritaria sea obligatoria para todos los alumnos del territorio relevante. En Gales y en Escocia, hay enseñanza inmersiva en galés y en gaélico respectivamente, pero no es obligatoria. En el País Vasco y en Navarra, también hay enseñanza inmersiva en euskera, pero tampoco es obligatoria. Etcétera.Aparte de los reproches judiciales conocidos, la enseñanza inmersiva obligatoria en catalán también ha sido criticada porque "castellaniza" a los alumnos catalanohablantes, en la medida en que (por razones demográficas y sociales) el castellano ha devenido de facto la lengua de uso corriente en la mayoría de centros educativos. Hay un partido político (Alhora) que profesa esta creencia y aboga por dos redes educativas a escoger: una red inmersiva con el 100% en catalán y una red no inmersiva con el catalán y el castellano como lenguas vehiculares.

1. La decisión del TEDH con relación a la presencia de la lengua catalana en el sistema educativo ha sido, probablemente, el golpe más duro que ha recibido esta cuestión desde la sentencia del TC contra el Estatuto de 2006.

Setenta y cinco años después de su aprobación (4 de noviembre de 1950), la Convención Europea de los Derechos Humanos (ECHR, en sus siglas en inglés) está en el centro del debate político del continente. La inmigración no regulada, la seguridad y el acelerado avance de tecnologías como la inteligencia artificial han reabierto la discusión sobre hasta dónde puede –o debe– reinterpretarse un convenio nacido de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. Pero la pregunta de fondo es más delicada: ¿hasta qué punto se puede flexibilizar el ECHR sin poner en riesgo las protecciones básicas que en teoría asegura?

La negociación de Pedro Sánchez con los partidos independentistas llevó a los indultos en 2021, siguió con eleliminación de la sedición y la reforma de la malversación en 2022 y, finalmente, ha conducido a laamnistía este 2024. Esta tríada es precisamente la que recogen las últimas alegaciones que ha presentado el gobierno español al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), enfocadas a evitar que el Estado sea condenado por vulneración de derechos fundamentales en la causa del 1- O. Es la primera vez que el abogado del Estado que representa a España ante el TEDH, Alfonso Brezmes, y su número dos, Heide Elena Nicolás, incluyen la amnistía, una vez aprobada en mayo en el Congreso de los Diputados. De hecho, el escrito de alegaciones, al que ha tenido acceso el ARA, la incorpora entera para evidenciar que la motivación objetiva de la ley es extinguir todas las responsabilidades penales de los encausados ​​por el referéndum del 1 de Octubre , entre ellos los nueve presos políticos que demandaron al Estado ante el Tribunal de Estrasburgo.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha desestimado este jueves el recurso que el rapero Pablo Hasél interpuso por su condena por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona, que le llevaron a prisión en febrero del 2021. En la sentencia, el tribunal con sede en Estrasburgo considera que la condena dictada por los tribunales españoles no fue "desproporcionada" y que el recurso del rapero "carece de fundamentos".

Incluso antes de que el Tribunal Supremo (TS) empezara a juzgar al 1-O, los líderes del Procés apuntaban al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El expresidente de Òmnium, Jordi Cuixart, fue el primero de los nueve condenados a llevar la sentencia a Estrasburgo, sede del TEDH, una vez que el Tribunal Constitucional (TC) la ratificó. Cuixart ya avanzaba días antes del juicio que sería en la ciudad francesa y no en la capital del estado español donde se resolvería la cuestión y vaticinaba una condena a la justicia española.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha iniciado este miércoles su tercer juicio climático, el más importante de todos porque implica a 32 gobiernos del mundo. Son los estados que se sentarán en el banquillo de acusados por la demanda que han presentado un grupo de jóvenes de las zonas devastadas por los incendios forestales en Portugal. Acusan a los 27 países de la Unión Europea y los de Gran Bretaña, Suiza, Noruega, Rusia y Turquía de no hacer lo suficiente para combatir la emergencia climática y de esta forma poner en riesgo sus derechos, incluidos los de bienestar físico y mental.