Casi un año después del crimen en prisión Mas d'Enric, la Sindicatura de Greuges ha reiterado el toque de atención al departamento de Justícia por las medidas que tomó como respuesta al asesinato de una cocinera a manos de un preso que también trabajaba en la cocina. La síndica de agravios, Esther Giménez-Salinas, insiste en que la Generalitat debe revisar "en profundidad" la circular que veta en las cocinas y otros puestos de trabajo considerados de riesgo todos aquellos internos tomados por delitos violentos. Es más, reclama que readmita a todos los internos que fueron destituidos por esta norma con carácter retroactivo.

Hasta 8.500 familias vulnerables han recibido ya una carta del departamento de Derechos Sociales e Inclusión reclamándoles que devuelva el dinero de prestaciones cobradas por errores de la Generalitat, principalmente de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC). El importe medio reclamado es de 7.500 euros, según confirmó el número dos del departamento, Raúl Moreno, quien explicó que también existen otras prestaciones sociales afectadas. Y el problema no acaba aquí, ya que se espera enviar la misma comunicación a alrededor de un millar más de familias antes de que acabe el año. En total, se espera que unas 9.500 familias estén afectadas por estas reclamaciones.

La Síndica de Greuges ha pedido al Ayuntamiento de Barcelona "una moratoria" para dar de baja a las personas empadronadas en las direcciones postales de entidades del tercer sector hasta que no se pueda garantizar que no quedan desprotegidas y que no se vulneran los suyos "derechos fundamentales". En una carta enviada a estas ONG, avanzada por el diario ARA, el responsable del registro general del consistorio notificaba que a partir del mes de junio se elimina la vía del empadronamiento colectivo sin pernoctación en las sedes de las ONG. Con esta decisión, se darán de baja las 1.700 personas empadronadas por este canal.

Solo 48 familias vulnerables tienen instalado un contador social de luz en Cataluña. Dos años y medio después de que se anunciara la medida en el marco de un convenio entre la Generalitat y Endesa para evitar los pinchazos eléctricos y los riesgos que ello conlleva, lo que debía ser una medida contra la pobreza no pasa de datos de un tímido plano piloto. Sobre esta poca implementación ha puesto este lunes el foco la síndica de agravios, Esther Giménez-Salinas, en la presentación en el Parlament de su informe para analizar las políticas públicas contra la pobreza energética. Para la síndica, ya deberían haberse instalado "miles" de contadores por todo el país, teniendo en cuenta que Cataluña está en el top 10 de países europeos con más habitantes empobrecidos y que en una década se ha casi cuadruplicado la población que no puede permitirse mantener su casa a una temperatura adecuada. En España la cifra se ha doblado, hasta situarse en el 17% en 2022. "Cataluña está en posición de fragilidad en pobreza energética", ha dejado dicho ante los diputados.