Barcelona dará de baja a los empadronados en las sedes de las ONG

Barcelona¿Está cambiando el Ayuntamiento de Barcelona su política de empadronamiento? La respuesta oficial del consistorio, que desde hace 11 meses dirige el socialista Jaume Collboni, es que no, que sigue dándose de alta en el padrón municipal todas las personas que acreditan una residencia en la ciudad. Sin embargo, en las últimas semanas el Registro General del consistorio ha enviado cartas a varias entidades sociales en las que se les informa que ya no pueden empadronar a nadie más en la dirección de su sede social si no les ofrecen una cama para dormir. Además, también se comunica que las personas registradas mediante este canal serán dadas de baja y tendrán que volver a formalizar el proceso por otros canales; es decir, que tendrán que empezar los trámites de nuevo para continuar teniendo acceso a servicios básicos como la sanidad.

La comunicación oficial ha cogido por sorpresa a las entidades porque la vía de los empadronamientos en colectivo sin pernoctación no se había puesto sobre la mesa en las reuniones de trabajo sobre el padrón que mantienen con el Ayuntamiento para encontrar soluciones a problemas de sinhogarismo. Para el Comité 1º de Diciembre, que defiende los derechos de las personas con VIH/sida, se trata de una decisión "unilateral" del consistorio que dejará a muchas personas vulnerables fuera del sistema. Ahora bien, por no interferir en las conversaciones abiertas con los responsables municipales, la mayoría de entidades consultadas prefieren hablar con el ARA sin identificarse, pero todas coinciden en el temor de que el gesto de la carta suponga un "retroceso en los derechos".

Firmada por el jefe del Registro General del ayuntamiento, la carta –a la que ha tenido acceso el ARA y dirigida a los representantes legales de las entidades– comunica a la ONG que a partir de ahora ya no podrá continuar con el empadronamiento colectivo sin pernoctación. Esta figura se creó para agilizar el trámite burocrático para personas que, por diferentes motivos, no siguen el circuito ordinario porque carecen de domicilio fijo, no se pueden empadronar en la vivienda donde viven o están fuera del sistema y no se acercan en las instituciones.

Personas muy vulnerables

La carta comienza indicando la obligatoriedad de inscribirse en el padrón con "la dirección real de la residencia" para que sea un registro "ajustado a la realidad". Siguiendo esta lógica, dado que las sedes de las entidades "no corresponden a una vivienda oa un equipamiento residencial" no se puede seguir empadronando, señala la misiva. Según los cálculos del Comité 1º de Diciembre, entre sus ONG asociadas puede un millar de personas que a partir de junio serán dadas de baja del padrón. Otras entidades no tienen cuantificado el dato, pero auguran que las bajas "supondrán una desprotección" para personas que ya tienen condiciones de vulnerabilidad.

Las ONG consultadas muestran también dudas de cómo se hará la nueva alta en el padrón y aseguran que no tendrán tiempo de localizar y avisar a las personas afectadas. También comparten que no les será fácil reunir la documentación requerida en el registro. Por ejemplo, apuntan que cada vez es más normal que los propietarios rechacen empadronar a las personas que viven realquilados en una habitación, y alertan de que los trámites suelen alargarse más de tres meses. Un período demasiado extenso si se tiene en cuenta que el alta en el padrón da acceso a la sanidad pública, la educación, recursos sociales, y también es indispensable para iniciar los trámites del permiso de residencia. "Es la puerta a la ciudadanía", indica un portavoz del Comité 1º de Diciembre, que incide en los riesgos de que enfermos crónicos con VIH –pero también con cualquier enfermedad– estén meses sin tomar la medicación por falta de receta.

La respuesta del Ayuntamiento

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento sostienen que no ha habido ningún cambio en la política de empadronamiento y que se siguen haciendo altas si se cumplen los criterios establecidos. También señala que en caso de que no se pueda acreditar la residencia en un domicilio, ya sea por la falta de un título de propiedad o un contrato de alquiler, el consistorio debe realizar comprobaciones con una visita de los funcionarios del registro a la vivienda o con la emisión del informe de conocimiento de residencia. Este documento está pensado para quienes viven en la calle o para usuarios de los servicios sociales que no tienen forma de seguir el circuito ordinario.

Las mismas fuentes municipales insisten en que en los últimos meses se ha mejorado y reforzado tanto el circuito de empadronamiento de personas que están en situación de calle –al raso, pero también en pensiones o albergues y realquiladas– como el circuito de tramitación general de ciudad con el fin de optimizar el procedimiento de gestión de solicitudes y mejorar el sistema de gestión de la correspondencia en el caso de personas realquiladas en habitaciones que no tienen otra alternativa que esta modalidad de empadronamiento. Entre las acciones de mejora impulsadas desde el ámbito municipal se encuentra el empadronamiento de los sin hogar en centros especializados en sinhogarismo públicos; la posibilidad de crear una dirección de notificación (que no hace falta que sea la de vivienda), y el incremento de trabajadores públicos que puedan acreditar que se vive en la dirección que se acredita.

Desde la oficina del Síndic de Greuges de Barcelona, ​​que dirige David Bondia, explican a este diario que están a la espera de que el Ayuntamiento les responda cómo se garantizará el derecho a la salud de las personas con un tratamiento médico urgente, a partir de la queja de una de las entidades. Por su parte, el director de general para la promoción y defensa de los derechos humanos de la Generalitat, admite que el empadronamiento colectivo es una fórmula "irregular" que ha servido para registrar en la ciudad a personas que, en realidad, no viven, aunque a la vez indica que no se puede "dar de baja sin ofrecer una solución".

Cada ayuntamiento, un reino

Sin datos sobre cuáles ayuntamientos incumplen la ley orgánica (estatal) de régimen local de 1985 en el que se incide en el derecho a estar incluido en el padrón del municipio de residencia, cualquiera que sea la situación administrativa personal, el estado de la vivienda en cuestión o si se tiene o no contrato de alquiler. La norma es clara en la obligatoriedad para los ayuntamientos, pero después de 40 años en vigor deja algún espacio para la interpretación de cada consistorio para poner trabas.

Así, los criterios para rechazar un alta en el padrón son diversos: desde la sobreocupación hasta la falta de cédula de habitabilidad o la convivencia con personas que tienen apellidos distintos. Las entidades sociales que reclaman los padrones abiertos aseguran que las dificultades son transversales y que las aplican ayuntamientos de todos los partidos, como Badalona, ​​Martorell, Lleida, Arbúcies, Piera, Hospitalet, Badalona y Ripoll, por citar sólo algunos.

Ante este panorama y la falta de recursos públicos para personas sin hogar, hace tiempo que Barcelona se queja de que acaba pagando el efecto llamada al cumplir su obligación de dar servicios y padrón. El problema, según las entidades sociales, es que esta carrera por restringir los derechos impacta en la vida de miles de personas y, por tanto, se convierte en un obstáculo para salir de la exclusión social, ya que aboca a recurrir al chantaje y abusos de las mafias. En este punto, Majó insiste en que la única solución es que los ayuntamientos "igualen al alza los procedimientos y criterios" para que todo el mundo se empadrone donde vive.