Las cinco trabas que dificultan el empadronamiento de migrantes

Gerona / Barcelona¿Cuántos ayuntamientos catalanes niegan el empadronamiento a las personas migrantes en situación irregular? La cifra es una incógnita porque ningún consistorio la anuncia públicamente, ya que, si lo hicieran, contraderían la ley. Con todo, entidades como la federación de Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS) alertan de que al menos una cincuentena de ayuntamientosdebe más que en su último informe, del mes de mayo— incumplen con su obligación legal de empadronar a migrantes, entre ellos, por ejemplo, Terrassa, Cornellà de Llobregat o Arbúcies. Aunque la atención mediática se concentra en Ripoll, donde el gobierno de extrema derecha de Aliança Catalana de Sílvia Orriols pone el foco en la inmigración, las ONG avisan que no sólo los gobiernos de derechas o de extrema derecha desatienden esta exigencia legal: aseguran que casi ningún ayuntamiento actúa de acuerdo con la normativa que obliga a atender las solicitudes de las personas de origen migrante.

Cualquier persona, sea cual sea su nacionalidad, viva en la calle, en un piso de alquiler o en un albergue de acogida sin papeles, tiene la obligación de iniciar los trámites para inscribirse en el padrón del municipio en el que vive habitualmente. A partir de ahí, cada administración tiene el deber de incorporar las peticiones al censo, por saber, por ejemplo, cuál es el volumen de servicios mínimos de agua, sanidad, escolarización o servicios sociales que requiere su población. Según las entidades consultadas, las trabas que dificultan estos trámites son "transversales" y se dan independientemente de la ideología de la alcaldía y del tamaño de la localidad.

Sin embargo, la situación de los municipios señalados por las ONG es diferente y se repiten cinco trabas: hay gobiernos que actúan con inoperancia y otros con desatención o lentitud burocrática. Otros que dilatan los procesos porque responden a un claro sesgo ideológico que busca explícitamente desincentivar la llegada de personas extranjeras al municipio. Pero detrás de esta problemática está también el miedo y la desconfianza de los solicitantes, su ignorancia de las normas, de los derechos y deberes o su desconocimiento de la lengua –y la falta de intérpretes–. Todos estos factores actúan en su contra.

Las ONG gerundenses también están elaborando su propio informe, después de estar recogiendo durante meses las quejas de unos setenta entidades que trabajan por los derechos sociales y migratorios. Uno de los municipios que figuran es Gerona. Aunque desde mayo tiene como alcalde a Lluc Salellas de Guanyem —que se presenta como un partido sensibilizado con los derechos sociales—, también sale a la lista de incumplidores y acumula quejas de vecinos. Teresa, de 60 años, venía de Colombia con una patología crónica y no lo tuvo fácil. "Quería acceder al padrón social, pero después de esperar tres meses no tuve respuesta y tuve que recurrir a una ONG que me dejara poner su nombre en el contrato del piso para acelerar el visto bueno del ayuntamiento", recuerda.

"Aquí no son bienvenidos"

Activistas y abogadas consultadas por el ARA también explican que, más que una negativa directa o un guión sobre cómo denegar una solicitud, se siguen diferentes vías para dilatar los trámites y aplazar la respuesta a la demanda de inscripción de un documento que es vital para tener acceso a derechos básicos como educación o sanidad. "Ponemos el grito en el cielo y encendemos una luz de alarma porque muchos ayuntamientos ponen dificultades a las personas de otros orígenes a acceder al padrón", critica Lluís Puigdemont, miembro de ECAS.

Desde Terrassa, en Sensemurs explican, por ejemplo, que el derecho al padrón queda tan “escondido” que si el demandante no va acompañado de un autóctono, difícilmente se podrá inscribir en la primera. Una trabajadora social explica al ARA que se pide documentación innecesaria y de difícil recogida que hace que el solicitante tenga que personarse varias veces, como una estrategia para que el expediente quede parado y la persona desista. En Lleida, no empadronan en una vivienda ocupada sin permiso de la propiedad ni tampoco sin pasaporte vigente, señala Maria Soler, de la entidad Arrels Sant Ignasi, quien lamenta que estas negativas impactan en los más débiles. Por ejemplo, quienes realquilan una habitación y el propietario no les da permiso para empadronarse.

En Ripoll, y ante las peticiones de admisión de personas de origen magrebí, la propia Sílvia Orriols, la alcaldesa, ha admitido (y se ha enorgullecido) en varios plenos que su estrategia es poner trabas pidiendo documentación, inspecciones policiales y no firmando los certificados hasta el plazo máximo de tres meses. “Más que denegar las peticiones, Orriols busca transmitir un discurso que atemoriza a la población migrante para decirles que no elijan Ripoll para organizar su proyecto de vida, que aquí no son bienvenidos”, argumenta Núria Palomar, de la coordinadora de ONG de Gerona. El estudio de las ONG gerundenses señala también la deriva del gobierno municipal de Figueres, después de que Jordi Masquef, de Junts, haya vuelto a la alcaldía, y pone el foco sobre otras poblaciones como Arbúcies, Amer o Santa Coloma de Farners.

La opción del padrón social

Para Abdelaaziz Mohamadi, presidente de la Asociación por la Convivencia y la Cohesión Social de Arbúcies, las trabas municipales son una muestra más del “racismo institucional” porque, dice, se quiere evitar sea cual sea la inscripción de migrantes “que viven y trabajan en el municipio”. Asegura que este consistorio deniega los empadronamientos de extranjeros en una misma vivienda si no comparten apellido o no presentan la cédula de habitabilidad o la fianza del alquiler.

"Quizás los ayuntamientos tienen miedo a un efecto llamada", apuntan desde Terrassa Sensemurs, una afirmación compartida por Laia Costa, abogada de la fundación Ficat, especializada en el acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad social. La experta señala que "el ruido en torno a la migración" a las puertas de las elecciones europeas puede tener un efecto negativo para el colectivo cuando "se mezcla migración con delincuencia y problemas" sin evidencias. Para tener una fotografía más real de los consistorios contrarios a los empadronamientos, la entidad prevé presentar mociones a los plenos municipales para que los concejales tomen posición y quede claro cuáles son los ayuntamientos que no acatan la ley.

Aparte de la ley, además, hay varias sentencias judiciales que recuerdan a los ayuntamientos que no pueden denegarse solicitudes por el estado de la vivienda o la sobreocupación, ocupar un espacio, y ni siquiera cuando alguien tiene un techo ni domicilio fijo. Para estas circunstancias existe el llamado empadronamiento social, que permite el registro en un centro municipal o los servicios sociales.