Una batalla procesal por escrito. En eso se ha convertido la instrucción del caso Montoro, que en las últimas semanas ha sido un permanente tira y afloja entre las defensas de los investigados y las acusaciones. “Es un desbarajuste. Estamos inundados de recursos”, se queja a el ARA una de las partes en el procedimiento. Y es que, a través de una batería de recursos “en cascada”, los abogados intentan frenar la investigación atacándola principalmente por cuatro elementos: el hallazgo casual que originó la causa, la competencia de los juzgados de Tarragona, la duración del secreto de sumario y la última prórroga de la instrucción. Y todo ello, sumado a otras trabas que han ido apareciendo, dificulta el curso de la instrucción. Lo que se investiga es el pago de sobornos de ciertas empresas gasísticas a cambio de que Cristóbal Montoro, que era ministro de Hacienda, impulsara cambios de leyes en el Congreso de los Diputados para beneficiarlas.

La investigación sobre Cristóbal Montoro toma vuelo a los juzgados de Tarragona. Un informe de 249 páginas de la Agencia Tributaria, al que ha tenido el acceso el ARA, detalla al dedillo cuál era la operativa a través de la cual las gasísticas intentaban disimular los pagos que realizaban a Equipo Económico, el despacho que fundó Montoro, que en ese momento era ministro de Hacienda, a cambio de el impuesto sobre actividades económicas. Establecieron "tres velos iniciales". Primero, el importe total que habían pactado se fragmentaba entre distintos pagadores. Después, el importe que le correspondía a cada empresa se fraccionaba en "pequeñas cantidades" para dificultar su rastreo. Por último, el ingreso se hacía en, al menos, "dos cuentas bancarias distintas". Además, los pagos tenían lugar con un diferimiento bajo la cobertura formal de una "prima de éxito" para distanciarlos de su origen real. Eso sí, los pagos "coincidían temporalmente" con los avances de las modificaciones legislativas.

El juez del caso Montoro da un paso más en la investigación. El titular de la plaza número 2 del tribunal de instancia de Tarragona, que instruye a la presunta trama de favores fiscales a empresas desde el ministerio de Hacienda a cambio de beneficios económicos, ha reclamado toda una serie de documentación al exministro del PP ya las empresas bajo la lupa. En un auto con el que también prorroga la instrucción otros seis meses, el juez Rubén Rus accede a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y requiere a la policía judicial toda una serie de información, entre la que se encuentran las escrituras de constitución y disolución del régimen económico matrimonial de una serie de investigados, como el propio Montoro.

Durante muchos años, las comunidades autónomas conocían cuánto dinero tendría para poder hacer el presupuesto del año siguiente con una cifra apuntada dentro de un sobre que se daba antes del verano al secretario de Economía. Literalmente. Se hacía al término de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrada en Madrid, donde el gobierno español tiene el voto de calidad que domina cualquier decisión, con la resignación de las comunidades de régimen común y con las forales como observadoras con voz pero sin voto, porque no necesitan.

Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda más longevo de la historia –ocupó el cargo con José María Aznar de presidente del 2000 al 2004 y con Mariano Rajoy del 2011 al 2018), está imputado junto a 27 personas por presuntos delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, su supuesta relación con altos cargos con el despacho que él mismo fundó, Equipo Económico.

Año 2012-2013. Los ciudadanos retiraban sus medicamentos en la farmacia, pero muchos lo hacían con la angustia de pensar qué pasaría si las farmacias dejábamos de poder comprarlos. Ahora sabemos que todo aquello podía haber sido evitable.

26 de septiembre de 2017, 10.02 h. El jefe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), José Manuel de Alarcón Estella, envía un correo electrónico al director de la Agencia Tributaria (AEAT), Santiago Menéndez Menéndez. Le notifica el resultado de un análisis fiscal sobre un periodista. Se trata de Javier Chicote, jefe de investigación delAbc. "El correo lleva adjunto un informe con sus datos fiscales y sus relaciones con otros contribuyentes" y se desprende que "le iniciarán una inspección de Hacienda", constatan los Mossos d'Esquadra en un documento del 2022 incluido al sumario del caso Cristóbal Montoro al que ha tenido acceso el ARA. Esta comunicación hizo sospechar a la policía judicial catalana por el hecho de que la investigación fiscal en Chicote "parece coincidir con las primeras noticias publicadas por el periodista en referencia al ministro de Hacienda y su relación con el despacho Equipo Económico (EE), que se inician a partir de abril del 2017" [Mi caso es clarísimo me inspecciona la cúpula de Hacienda. No soy el presidente de un banco. Soy un autónomo con una facturación normal.

La causa que instruye el juez de Tarragona Rubén Ruso sobre Cristóbal Montoro está acotada al hecho de hacer leyes a medida a cambio de dinero a través del despacho Equipo Económico. la prensa o, lo que es mucho más grave, ordenar inspecciones de hacienda a periodistas o políticos incómodos como método para intimidarlos. de investigación del diario Abc, que es el primero que publicó información sobre los trapicheos del despacho fundado por Montoro, y Carles Mulet, senador de Compromís que protagonizó debates encendidos con el ministro en la cámara alta.

El año pasado, la justicia española puso trabas a la investigación judicial andorrana de la operación Catalunya con un archivo de la comisión rogatoria. El Mundo ya la que ha tenido acceso el ARA se vuelve a activar la causa en la que se pretende la imputación del expresidente español Mariano Rajoy y los ex ministros del Interior y de Hacienda Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro. La juez Stéphanie Garcia ha vuelto a emitir las comisiones rogatorias en España, a la autoridad judicial competente, para citar a los responsables políticos y judiciales de la rama andorrana de este supuesto entramado contra el independentismo.

Justo se habían celebrado las elecciones españolas y el PP iba a aterrizar de nuevo en la Moncloa, cuando el futuro jefe de gabinete de Cristóbal Montoro, Felipe Martínez Rico, concertó un encuentro con cargos intermedios del gobierno de la Generalitat. En aquella época estaba Artur Mas en la presidencia –hacía poco más de un año que había llegado al Palau y la crisis económica ya era galopante– y Martínez Rico aprovechó los contactos que tenía en el equipo económico del gobierno catalán para ofrecerles los servicios de Equipo Económico (EE). Según diversas fuentes consultadas por el ARA, el ofrecimiento no se concretó en un servicio concreto, pero se entendió de la conversación que contratando el despacho fundado por Montoro, la relación con el futuro gobierno del PP fluiría mejor. Martínez Rico, que en ese contacto llevaba el sombrero de Equipo Económico, ya sabía que iría a parar a Hacienda y al equipo del ministro, que también estaba claro en ese momento que sería Montoro. El departamento de Economia pilotado en ese momento por el conseller Andreu Mas-Colell declinó su contratación.

El caso Montoro ha sacudido al PP, le ha dado la vuelta a los planes y le ha instalado en el desconcierto en un momento que era dulce porque tenía el gobierno español sitiado por el caso Cerdán. "Vete a saber qué más puede salir; eso traerá mucha cola", sostiene un dirigente popular, que apunta a que este caso puede perjudicar notablemente al partido. Es un miedo y una inquietud que corre internamente. Si bien hay quien, a pesar de reconocerlo, quiere sacar hierro, todas las voces consultadas por el ARA apuntan que el caso ha interrumpido la dinámica política de acorralamiento al ejecutivo estatal, y le ha dado oxígeno a Pedro Sánchez, al menos por el momento. Pero también ha hecho aflorar otro factor: las viejas guerras del partido, si bien algunas fuentes quieren restarle importancia. Emergen las venganzas contra el propio exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y también contra su familia política, el sorayismo, vinculado a la exvicepresidenta española Soraya Sáenz de Santamaría, del que él era un fiel destacado, también en la pugna por el liderazgo con Pablo CasadoMientras tanto, la dirección de la formación intenta seguir apuntando al PSOE por los casos que le afectan y blindar a su líder, Alberto Núñez Feijóo. etc., había pasado por su despacho...", especula esta fuente, añadiendo que, a su juicio, hurgar en los datos tributarios de rivales como Esperanza Aguirre o José Manuel Soria ya evidencia "comportamientos mafiosos" por "enfrentamientos personales". Sin embargo, muchos de los afectados pertenecen al sector liberal y al ala más dura del ala más dura del ala ser que haya miembros que busquen venganza". Porque vuelve a correr que una parte del ala dura, que no controla el partido, quiere liquidar a antiguos sorayistas.

Cristóbal Montoro ha sido un hombre poderoso en el marco del Estado. Dos veces ministro de Hacienda, en los gobiernos de Aznar y Rajoy, en algunos momentos acumulando más funciones relevantes, como las de Función Pública o la de Relaciones con las Administraciones Territoriales, es decir, todo lo relacionado con trabajadores públicos, autonomías y corporaciones locales. Ahora descubrimos, o mejor dicho confirmamos, que además de ser un hombre poderoso, ha sido también un personaje tenebroso.

El caso que afecta la presunta corrupción del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro ha dado un nuevo paseo. El juez de Tarragona que investiga la trama ha dejado claro en varias resoluciones, que han trascendido este jueves, que no ve delito en que Montoro, ahora imputado por múltiples delitos, recibiera correos de su equipo con datos fiscales de políticos de distintos partidos, incluidos adversarios. Así, deniega la personación como perjudicados del exministro del PP Rodrigo Rato y del exdirigente de Podemos Juan Carlos Monedero, porque no ve ninguna ilegalidad en esa sustracción de datos suyos, ya que estaba "plenamente autorizado" y "legitimado" para recibirla, según el juez. Por contra, ha aceptado la personación del PSOE, la única que ha validado, mientras que ha rechazado la de un periodista.

Del caso Montoro lo sorprendente es que después de todo lo que ha trascendido de la imputación del juez, este personaje pueda seguir haciendo vida normal. Aparte de ser investigado por haber traficado con leyes para beneficiar intereses particulares que perjudicaban a los intereses generales, la Fiscalía constató que Cristóbal Montoro, mientras fue ministro de Hacienda, recibió correos con datos confidenciales de la Agencia Tributaria sobre otros políticos y famosos de la vida española.

En la época gloriosa del ministro Montoro, todo tipo de artistas de la pluma, la guitarra o el verso recibieron inspecciones de Hacienda. En una inspección, primero hay que pagar y después, si queda dinero, demostrar la inocencia. Gestores afiliados al partido del señor Montoro que se creían intocables justamente por el carné ("yo hago y deshago, que no me dirán nada") prometían y apañaban. Todos tenían un equipito económico a su medida. Si los trabajadores fuéramos un poco más importantes nos habría venido un Montoro y nos habría dicho: "No te preocupes, que cambio la ley para que no tengas que pagar 500 euros al mes de cuota, que es de las más caras de Europa, para tener derecho a trabajar". Y habría dicho también: "No te preocupes, que te permitiré desgravarte un poco de gasolina, un poco de ropa y un poco de dietas para ir a trabajar por el mundo".

La cartera de clientes del despacho jurídico que fundó el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro en el 2006 va más allá de empresas del sector privado. Equipo Económico también facturó ingresos de administraciones públicas. Una de ellas, según consta en el sumario de la investigación del juzgado de instrucción número dos de Tarragona, es la Junta de Galicia. En un extenso informe de la Agencia Tributaria incorporado a la causa en 2020 aparece un pago de 172.838 euros realizado por el ejecutivo autonómico a Equipo Económico. No se especifica por qué servicios ni qué año fue concretamente, pero sí se hizo en un periodo comprendido entre 2008 y 2019.

Ver a Montoro en televisión me trae el recuerdo de una de las peores épocas que hemos vivido, la de los salvajes recortes que agravaron aún más la crisis económica. Siempre más asociaremos la gran recesión de 2008 con las medidas implacables que tomaron los gobiernos para paliar, supuestamente, sus efectos. Una receta que no solo no curó un sistema económico enfermo, sino que casi acabó de rematarlo. Resuena todavía en la memoria el mantra falaz con el que nos repetían que aquél era el único remedio posible: o austeridad, o catástrofe y caos y desastre. Pero para muchos trabajadores, muchas familias y muchas pequeñas o medianas empresas, lo que se produjo fue precisamente la aniquilación de sus medios de subsistencia. Hay quien no levantó cabeza nunca más, y esa sensación generalizada de pérdida e impotencia debió de empezar en ese momento. Empresas que trabajaban para el sector público y que quebraron, otras que vivían a base de deudas y que tuvieron que cerrar cuando los bancos les cerraron el grifo que parecía destinado a manar para siempre. De la quiebra de aquel sistema, en el que la economía crecía gracias al dopaje del crédito masivo, se culpabilizó a las personas que eran precisamente las víctimas.

La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) nació en 2002 como resultado de la fusión de las cinco fundaciones vinculadas al Partido Popular. Cuando dejó la Moncloa en 2004, José María Aznar asumió la presidencia de forma efectiva de esta fundación. Y en el sumario del caso Montoro, el presunto caso de corrupción que afecta a la cúpula de Hacienda, la FAES aparece en más de una ocasión.

Este artículo va sobre el caso Montoro, aunque partiendo de una perspectiva un poco distinta. Por eso quisiera empezarlo abriendo un prudente paréntesis en forma de duda. El hecho de que un caso que tiene un montón de años, más de una década, se haya hecho público inmediatamente después de otro caso muy grave de corrupción que afectaba al gobierno de Pedro Sánchez, ¿hay que atribuirlo a la casualidad? Y el hecho de que –por poner solo un ejemplo– un diario afín al actual gobierno del PSOE titulara en portada el pasado domingo "El caso del exministro del PP reequilibra la batalla política", ¿hay que considerarlo una mera interpretación periodística o bien una prescripción programática? Cierro el paréntesis.

En un principio, las empresas gasistas se encontraron con un no rotundo. En octubre de 2013 se aprobó una ley que permitía a ciertos sectores una reducción del 85% en la base liquidable del impuesto sobre la electricidad. Algunos fabricantes de gas llamaron a la puerta del ministerio de Hacienda, al que pidieron que ellos, como industria en la que la electricidad que se consume supone más de un 50% del coste del producto que fabrican, también pudieran acogerse a ese descuento. Entonces, la respuesta del ministerio fue que las "limitaciones que impone el restrictivo marco presupuestario" lo hacían imposible. Incluso la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) concluyó que extender la rebaja fiscal a esta tipología de empresas sería de "difícil control".