Que todo el foco esté puesto en la guerra de Irán no nos hace olvidar la negociación en curso entre el Govern y Esquerra por la aprobación de los presupuestos de este año. Enseguida les explicamos cuál es el estado de la cuestión. Pero, antes, cuatro apuntes sobre la guerra.

El viernes, la vicepresidenta del gobierno español presentó públicamente la propuesta del nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas de régimen común. Fuera de Catalunya, la propuesta ha suscitado una furibunda oposición por parte del PP y del presidente socialista de Castilla-La Mancha, en ambos casos porque consideran que no sólo favorece excesivamente a Catalunya, sino que supone una ruptura del sistema de solidaridad que debe garantizar el Estado, y que lo hace porque el presidente Sánchez ha cedido al chantaje de ERC. Dentro de Catalunya, son bastantes las voces –Juntos y la patronal Foment, entre ellas– que le denuncian por el contrario, añadiendo que consideran que queda corto respecto a los compromisos adquiridos por el PSOE y por el PSC en los pactos de investidura. ¿Quién tiene razón?

Con los 4.700 millones de euros que le corresponden a Catalunya según el acuerdo entre Sánchez y Junqueras, Jordi Pujol habría hecho un "coge el dinero y corre" de manual. Lo habrían hecho Pujol y la mayoría de presidentes que le han sucedido. Y como también se ha acordado el respeto al principio de ordinalidad y el fin de los anticipos, no sería cuestión de ponerse chupas.

La noticia del día es la reunión entre el presidente español, Sánchez, y el líder de Esquerra, Junqueras.

Después de más de un año de negociaciones entre ERC y el PSOE (con el PSC en medio), se avecina la hora de la verdad en la cuestión de la financiación singular para Catalunya. Este mes de enero, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tiene previsto hacer pública su propuesta de reparto de fondos, un ejercicio que en España no se hace desde que se aprobó el último sistema de financiación, en el 2009. La cuestión de la recaudación del IRPF quedará para más adelante, después de que se haya comprobado que la hacienda catalana actual por estarlo. Ahora bien, Montero debe poner cifras sobre la mesa, y la que más interesa en Catalunya es cuánto dinero de más tendrá la Generalitat para financiar sus competencias. Pero también habrá que ver cómo quedan el resto de territorios, especialmente la Comunidad de Madrid, que se beneficia del efecto capital y practica un dumping fiscal altamente insolidario respecto al resto de territorios, así como Andalucía, que es la autonomía más poblada.

La Comisión Bilateral Generalitat-Estado que se ha celebrado este lunes en Barcelona debía servir para solemnizar que el gobierno español hacía suyo el acuerdo de investidura de Salvador Illa firmado hace un año entre ERC y el PSC. Aquel acuerdo tenía dos grandes patas: por un lado, el compromiso que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) debe recaudar a la larga todos los impuestos, empezando por el IRPF en el ejercicio 2026, y por otro, un nuevo sistema de financiación para todas las comunidades autónomas que respete el criterio de ordinalidad. Pues bien, al final ni lo uno ni lo otro se dan por seguros en el acuerdo firmado entre ambos gobiernos.

Este lunes se ha escenificado la puesta en marcha del proyecto de financiación singular defendido por ERC y aceptado por el PSOE en el marco de la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. El texto acordado y firmado por ambos lados está lleno de buenos propósitos, matizados siempre por la apelación a la extensibilidad de lo acordado a las demás administraciones tributarias autonómicas. El objetivo es que la administración tributaria de la Generalitat asuma progresivamente las competencias en la gestión del IRPF y que las declaraciones del IRPF correspondientes al ejercicio 2025 ya se puedan presentar a la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), con la posibilidad de utilizar la clave de identificación digital establecida por la Generalitat (idCAT), y que se pueda avanzar la AEAT, en particular con la comprobación de la correcta aplicación de la normativa autonómica y, en especial, de las deducciones aprobadas por el Parlamento”.

Hace exactamente 16 años, el 12 de julio del 2009, el entonces secretario general de ERC, Joan Puigcercós, compareció ante la prensa para anunciar su apoyo al acuerdo de financiación al que habían llegado el conseller Antoni Castells y la vicepresienta Elena Salgado. Puigcercós puso un cartelito en el atril con una cifra, 3.855 millones, que era lo que se calculaba que el nuevo sistema aportaría de más a las arcas de la Generalitat. La crisis económica posterior, y la caída de ingresos fiscales que comportó, se encargó de echar por tierra estas previsiones.

La batalla por la financiación abierta a raíz del acuerdo entre ERC y el PSC para investir a Salvador Illa se juega en dos frentes paralelos: el primero es el de la recaudación, y está centrado en conseguir que la Agencia Tributaria de Catalunya sea la que gestione todos los impuestos, pero empezando por lo más importante, que es el IRPF. Y el segundo frente es el del reparto de los recursos, sobre el que se ha establecido que debe haber una cuota de solidaridad, pero con el límite del criterio de ordinalidad. En la Comisión Bilateral de este lunes el gobierno español asumirá las bases del acuerdo ERC-PSC, que hasta ahora contaba con el aval del PSOE, pero no con su firma ni constaba en ningún documento oficial.

Acostumbrado a lidiar con toros de todo tipo y condición, a Pedro Sánchez la convocatoria de elecciones en Catalunya le agarra a contrapié y le obliga a reprogramar el GPS de la legislatura. Con todos los flancos que tenía abiertos (amnistía, Puigdemont, caso Koldo, Ábalos, Podemos...) el de unas elecciones anticipadas en Catalunya no estaba en el radar de la Moncloa hasta hace muy pocas horas, cuando se han ido convenciendo de que los comunes no estaban en una mera estrategia negociadora sino que tenían la voluntad política de castigar al PSC y ERC por el menosprecio que están sufriendo en el Ayuntamiento de Barcelona, ​​singularmente la figura de Ada Colau. Hasta el martes por la noche en el gobierno español no empezaron a ser conscientes de la bomba que estaba a punto de estallar.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha alejado este martes la posibilidad de que Catalunya pueda disponer de un sistema de financiación singular, tal y como reclama la Generalitat. En una respuesta a la senadora de ERC Sara Bailac, que le había insistido en que ésta era la mejor fórmula para acabar con el déficit fiscal, aseguró que no entra en los planes de la Moncloa. "Nuestro compromiso es presentar un nuevo sistema de financiación, porque así lo marca la ley, pero la respuesta debe ser multilateral, porque las distintas comunidades autónomas tienen sus realidades", ha afirmado Sánchez. Fuentes del ejecutivo confirman que la posibilidad de una financiación propia para Catalunya no está sobre la mesa.

Por último, cinco meses después de los acuerdos de investidura entre ERC y Junts con el PSOE, los tres partidos se han puesto de acuerdo en el proyecto que debe servir para desatascar la legislatura española y situar el conflicto político catalán en una nueva fase : la amnistía para todos los encausados ​​del Proceso. El redactado concreto de cómo queda la ley se conocerá este jueves por la mañana, pero de entrada el anuncio del acuerdo es un hito histórico que no sólo representa un alivio a los cientos de personas sobre las que pesa la amenaza de la justicia española, sino que permite pasar página a una de las etapas más oscuras de la democracia española y mirar adelante con algo más de optimismo.

Una de las novedades de esta legislatura es que las dos tablas de negociación entre el PSOE, por un lado, y ERC y Junts, por otro, contarán con verificación internacional, es decir, con una tercera parte neutral que ayudará a crear el clima de confianza necesario para que se llegue a acuerdos. La entidad que hará de paraguas de esta mediación es la suiza Henry Dunant, con sede en Ginebra, y que ya desempeñó esta función entre el gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero y ETA para verificar el desarme de la organización terrorista. Y este sábado está previsto que haya la primera reunión entre Junts y el PSOE en Suiza.

El acuerdo entre ERC y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez prefigura un paso al frente en el camino hacia la resolución del conflicto político entre Catalunya y España. A la espera de que Junts también cierre la negociación con el partido de Sánchez, se abre una nueva etapa que no será fácil, pero que de entrada comporta logros concretos como la amnistía y una apuesta compartida por la vía del diálogo y la negociación, aunque sea con diferentes tablas: entre gobiernos y entre partidos. Hace solo unos meses poca gente habría creído en la posibilidad de semejante giro.