Juntos no está nada satisfecho con la condonación de la deuda del FLA en los términos en los que se ha anunciado. La portavoz juntera en el Parlament, Mònica Sales, ha asegurado en rueda de prensa que "la experiencia nos demuestra que puede ser una nueva tomadura de pelo". Así, ha rebajado la importancia de esta condonación de 17.104 millones de euros de la deuda de la Generalitat con el fondo de liquidez autonómico creado durante la crisis y ha criticado su formulación. "Todas las comunidades se beneficiarán, la parte proporcional que pagarán los catalanes es la misma", ha dicho, y ha recalcado que esto "no arregla el agravio de financiación ni resuelve el déficit fiscal", de 20.000 millones de euros al año. La propia Sales fue preguntada sobre qué hará su partido cuando la propuesta de condonación llegue al Congreso, pero evitó pronunciarse porque dijo que la decisión corresponde al grupo de Madrid.

La decisión de condonar 17.100 millones de euros de la deuda de la Generalitat con el Estado a través del FLA representa el cumplimiento de uno de los acuerdos entre ERC y el PSOE que permitieron la investidura de Pedro Sánchez y supone, además, un balón de oxígeno para las arcas de la Generalitat, ya que de esta forma se ahorrará unos 1.500 millones de euros en intereses, según el cálculo hecho público por Oriol Junqueras. El ministerio de Hacienda ha hecho extensiva esta condonación al resto de comunidades autónomas con unos criterios que, curiosamente, hacen que Andalucía sea la más beneficiada (18.800 millones) y que después de Catalunya vengan ya la Comunidad Valenciana (11.210 millones) y la Comunidad de Madrid (8.644 millones). De esta manera, María Jesús Montero consigue poner a los varones autonómicos del PP en un apuro, ya que si hacen caso a lo que dice su presidente, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, votarán en contra. Sin embargo, la medida con toda probabilidad se aprobará en el Congreso y entonces habrá que ver si estas comunidades se acogen o no. No hacerlo sería perjudicar a sus propios ciudadanos por una cuestión política.

El Gobierno ha aprobado este martes, vía decreto, la condonación de la deuda a las familias vulnerables que recibieron pagos indebidos de la renta garantizada de ciudadanía (RGC). Así, el ejecutivo no reclamará el retorno de importe alguno a las más de 2.800 familias que recibieron ingresos por error "siempre que sea por causas imputables a la administración y que los importes no superen el 50% del indicador de renta de suficiencia (IRSC) mensual en vigor". Tampoco se exigirá la devolución de las ayudas por cantidades superiores en los casos en que las personas beneficiarias se encuentren en una situación de vulnerabilidad o hayan obtenido ingresos inferiores al doble del salario mínimo interprofesional durante el año 2023.

En el debate sobre la amnistía que forzó al PP hace dos semanas en el Senado, quedó claro que a algunos presidentes autonómicos populares casi les inquietaba más la rama económica de la negociación del PSOE con el independentismo que la amnistía. Varios varones del PP amenazaron con acudir a los tribunales para impedir "agravios y discriminaciones" en sus comunidades autónomas si se concretaba una condonación de la deuda en Catalunya o había "favoritismos" en el sistema de financiación autonómica. Aunque el acuerdo rubricado entre los socialistas y ERC –que implica el perdón del 20% de la deuda de la Generalitat con el FLA– recoge que podrá hacerse extensible a otras autonomías, el resto de comunidades ya han advertido de que abrirán una batalla con el Estado para evitar un trato de favor.