Por primera vez en un siglo, los parisinos pueden volverse a bañar en el Sena. La capital francesa aprovechó los Juegos Olímpicos del año pasado para cambiar la relación de los vecinos con su río. ver que en Berna el río es una autopista de personas donde soltarse y salir a la gran zona de piscinas de la capital suiza. También pasa, en un grado más bajo, en la zona urbana de Girona, donde desde el Gloria y el coronavirus la relación con el Ter ha cambiado por completo.

Que el nivel de los embalses, por término medio, esté por encima del 50% es una buena noticia. Muy buena. De entrada, garantiza un verano sin sufrir tanto como el anterior en la mayoría del país. Hacía casi tres años, desde julio de 2022, que no había una cantidad similar de agua en los embalses. Las lluvias de marzo se han hecho notar. Pero además sabemos que existe un buen grosor de nieve acumulada en el Pirineo, que garantizará más agua cuando llegue el deshielo, y que las previsiones indican que esta primavera será lluviosa. Sí, podemos respirar un poco, pero lo que no podemos hacer es dormirnos, pensar que el problema ya está solucionado y hemos salido airosos.

La DANA del País Valencià ha concienciado de los peligros de las riadas y el incremento de lluvias torrenciales a causa del cambio climático. Algunos municipios gerundenses han puesto manos a la obra para minimizar riesgos y en otros surgen voces que reclaman cambios en la política urbanística.

El ingeniero industrial Josep Lluís Armenter será el nuevo director de la Agencia Catalana del Agua (ACA), según ha avanzado el ACN. Nacido en 1962 y de perfil técnico, Armenter tiene una larga experiencia en el sector hídrico. De hecho, hasta ahora ha sido el responsable de proyectos y el coordinador de las actuaciones del plan de sequía de Aigües de Barcelona (Agbar). Según ha podido saber el ARA, la ACA aún debe aprobar su nombramiento en un consejo de administración aún pendiente de convocar.

El Gobierno y la Fiscalía del Medio Ambiente de Barcelona investigarán el vertido químico que recibió el río Besòs después de el incendio en una empresa de Polinyà (Vallès Occidental). Este lunes la Agencia Catalana del Agua (ACA) ha anunciado que ha abierto un expediente informativo a la empresa química afectada por el incendio, Barnastock, especializada en la gestión de residuos industriales. Por otra parte, desde la ACA también han explicado que en los próximos días dispondrá de los resultados de los controles efectuados en la zona –cuatro muestreos en tres días– y aplicará un programa de seguimiento específico para analizar la evolución de la calidad de el agua después del derrame. Paralelamente a estas dos acciones del Gobierno, la Fiscalía medioambiental barcelonesa también ha abierto diligencias para investigar de oficio el vertido químico en el río Besòs, que ha provocado la muerte de más de un millar de peces, según ha avanzado El Periódico.

El 18 de abril, cuando Catalunya agonizaba por la carencia histórica de lluvias, el Gobierno anunció que instalaría una gran desalinizadora flotante en el puerto de Barcelona para hacerle frente. Pero las precipitaciones de esta primavera, que fueron un bálsamo para los embalses de las cuencas internas, han comportado que este proyecto dé un giro de guión: el Gobierno no adquirirá la instalación, sino que pagará por el agua producida en la empresa constructora. Ahora se prevé que la desalinizadora entre en funcionamiento a lo sumo en abril del 2025 –en vez de octubre, como estaba previsto inicialmente–. Además, la infraestructura podría no ser flotante, sino anclada en el fondo marino.

El precio a pagar de más de una década sin inversiones de la Agencia Catalana del Agua (ACA) es que ninguna de las infraestructuras que deben hacer Cataluña más autosuficiente y resiliente en cuanto al agua –sobre todo al área metropolitana de Barcelona– estará terminada en verano, cuando se teme que se agrave la sequía. Pese a que toda la atención se centra en el cielo y la posibilidad de que las lluvias de los próximos dos meses nutran los embalses, la realidad es tozuda. Llague o no, las grandes obras y proyectos que podían haber asegurado mayor disponibilidad hídrica continúan en pañales o ni siquiera han comenzado. A corto plazo debería estar terminada la ampliación de la potabilizadora en el tramo bajo del río Besòs, pero las obras no terminarán al menos hasta el 2025. Para el estreno de la segunda desalinizadora de la Tordera y la creación de la desaladora en el Foix habrá que esperar hasta 2028 y 2029, respectivamente.

No por muy esperada ha sido menos dolorosa. La entrada en fase de emergencia por sequía en más de 200 municipios catalanes y las restricciones de agua que comporta ya han provocado las primeras preocupaciones y críticas por parte de muchos sectores de la sociedad catalana.

Protecció Civil investiga un vertido de 20.000 litros de gasóleo en el río Anoia, en Vilanova del Camí (Anoia), que habría comenzado este fin de semana. Los Mossos d'Esquadra también están investigando los hechos, ya que en estos momentos la causa más probable del derrame es el robo de una tubería de cobre en una zona de polígono industrial, en la calle de Metalurgia, 2.

Un otoño extremadamente seco y unos pantanos bajo mínimos obligan al área de Barcelona a avanzar las restricciones "en los próximos días" antes de que las reservas alcancen niveles críticos, por debajo del 16% de su capacidad. El director de la Agencia Catalana del Agua, Samuel Reyes, ha subido el tono de la gravedad de la situación y ha advertido que se han cumplido las peores previsiones y que casi con toda seguridad la próxima semana se aprobará un estado de preemergencia en el área del Ter Llobregat, un "paso de transición" al de emergencia, que se decretará a lo largo del 2023, posiblemente a mediados de diciembre para ganar tiempo. "Nos queda agua para ocho o diez meses", ha alertado en una comparecencia en el Palau de la Generalitat. En la reunión de la próxima semana de la Comisión de Sequía se decidirán el calendario y las afectaciones. "La emergencia está llamando a la puerta", enfatizó.