Al gobierno español se le acumulan los proyectos de ley en el Congreso y esta semana algunos de los partidos del bloque de investidura se lo han recordado. Con la desclasificación de los documentos del 23-F, los socios, en particular las formaciones vascas, le han exigido que saque el polvo a una reforma que inició su trámite parlamentario en verano de 2025, es decir, hace más de medio año: la ley franquista de secretos oficiales. Las idas y venidas con esta norma han sido constantes, hasta el punto de que hay dos propuestas sobre la mesa, la del ejecutivo de Pedro Sánchez y la del PNB, partido que históricamente ha hecho bandera de la necesidad de dejar atrás la ley de secretos de 1968. De hecho, la iniciativa de los jeltzalesuperó su primer examen en el Congreso en febrero de 2024. A estas alturasson solo una muestra de lo que está pasando con muchas otras leyes que hace tiempo que sobrevuelan la cámara baja española. Por ejemplo, la ley de industria entró en el Congreso en diciembre de 2024 y pasó la primera prueba del pleno, pero desde entonces está estancada en la fase de enmiendas, un proceso que se puede alargar sine die.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se reunirán el próximo lunes en el marco de la ronda de contactos del presidente español en relación con un hipotético envío de tropas en misión de paz en Ucrania. Sánchez necesita el aval de una mayoría del Congreso con la que no cuenta de entrada debido a la oposición de algunos de sus aliados parlamentarios de la izquierda. El líder del PP ha aceptado entrevistarse con el jefe del gobierno estatal, según confirman fuentes populares, si bien ha puesto condiciones al encuentro, en el que no quiere que sólo se hable de Ucrania, sino de toda la política exterior del gobierno español. En este sentido, los populares han adelantado que no apoyarán "ninguna decisión en materia de defensa que se plantee de forma aislada" y exigen una "votación vinculante" de "todo el presupuesto y estrategia militar y política exterior".

"Todo esto no cambia la posición de Junts; estamos donde estábamos". Así ha reaccionado este miércoles la portavoz juntera en el Congreso, Miriam Nogueras, al giro del presidente español, Pedro Sánchez. Después de 24 horas sin reacción oficial alguna, los de Carles Puigdemont ya han valorado esta mañana los gestos del jefe del ejecutivo estatal para intentar "reiniciar el diálogo" con la formación, roto desde finales de octubre. En una rueda de prensa, Nogueras ha comentado que "lo que se aprobó ayer es parte de lo que hace tiempo debería haberse aprobado, pero la lista es larga" y "no vale cumplir a medias". De hecho, ha añadido que ya han "tomado una decisión" respecto a la ruptura, que solo reconsiderarían si los socialistas resolvieran todos los incumplimientos. Así, ha puntualizado que "hay tiempo para negociar, hay tiempo para cumplir y hay tiempo para tomar decisiones", pero ha añadido que Junts ya decidió romper y que el balón está en el tejado del gobierno del Estado para abordar todos los compromisos pactados que todavía no han llegado a buen puerto.

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que señala a Santos Cerdán, hasta este jueves número tres del PSOE, ha dejado a Pedro Sánchez contra las cuerdas. Los indicios de corrupción de la mano derecha del presidente español en el partido han generado una crisis política de una magnitud que no se había alcanzado hasta ahora durante el mandato del líder socialista.

La política española vive, en gran medida, de especulaciones y expectativas: sobre reuniones que deben producirse, sobre discursos que deben pronunciarse, sobre candidaturas que deben ser supuestamente vencedoras. Estas especulaciones y esas expectativas se hacen crecer y crecer hasta el paroxismo, y después se deshacen como un globo mal hinchado, que expulsa todo el aire en una especie de pedo largo y deja en tierra la goma exhausta, como una pellerofa.

Los 22 ministros del PSOE y Sumar que integran el nuevo gobierno de Pedro Sánchez ya han prometido su cargo ante Felipe VI. Y todos ellos, sin excepción, lo han hecho con esta fórmula, sin juramento: "Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental de la 'Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del consejo de ministros...", han leído ante un ejemplar de la carta magna, sin símbolos religiosos. En cuanto a la forma de referirse a este órgano, ha habido quien ha dicho "consejo de ministros y ministras" (la mayoría), quien ha optado por "ministras y ministros" y quien se ha ceñido a la fórmula consejo de ministros.