Con los años, las ciencias de la vida, que abarcan desde la biotecnología hasta las farmacéuticas, consolidadas como tercera actividad económica en Cataluña, se han convertido en uno de los pilares para construir un nuevo modelo económico que nos aleje de la fórmula de los bajos salarios. En esencia, se trata de fomentar actividades que generen mucho valor añadido o, mejor dicho, mucho más valor por trabajador. En definitiva, actividades económicas que permitan incrementar la productividad. Una asignatura pendiente, aunque hay síntomas de mejora, como indica la Memoria económica de Cataluña 2025, un estudio que elaboran las cámaras de comercio catalanas.

Si se dividen las políticas de desarrollo por riesgo y retorno, las de bajo riesgo y bajo retorno son las ligadas a la mejora. Lo llamaremos área roja. La mejora no tiene riesgo, es simplemente hacer mejor lo que ya se hace: el Kaizen de los japoneses en los 60 y 70. La diferencia entre la mejora y la innovación es el riesgo. La innovación la tiene –algo puede salir mal–, la mejora no. Las de alto riesgo y alto retorno –área azul– son las rompedoras y transformadoras. Un ejemplo de área roja en fabricantes de coches es Volkswagen; de área azul, Tesla.

La lentitud e ineficiencia burocrática es uno de los lastres que arrastra la administración del Estado, un lastre que se ha notado mucho a la hora de repartir los numerosos fondos europeos Next Generation, en especial en cuanto a la ayuda a las industrias. ¿Cómo puede que todavía estemos así? ¿Cómo puede que ni siquiera seamos capaces de aprovechar las oportunidades obvias? Lo cierto es que la inyección europea de apoyo a sectores económicos estratégicos para salir de la pandemia ha sido un reto de gestión que en España no se ha saldado precisamente con buena nota. Es una denuncia que llevan tiempo haciendo los empresarios y que ha abanderado el gobierno de la Generalitat, que ahora hace un nuevo intento de activar una solución política y administrativa. El objetivo es evidente: no dejar perder ni un euro. Porque la realidad es que, si los fondos asignados por países no encuentran destinatario justificado, acaban perdiéndose, es decir, no se mueven de Bruselas. Y resulta obvio que la situación de nuestro sector productivo, tras superar la pandemia y con el reto de la transformación verde y tecnológica delante, no está por dejar escapar ni el más mínimo apoyo.