Silencios en la historia reciente de España ha habido muchos. El periodista Roger Mateos (Barcelona, ​​1977), que ha dedicado muchos años a investigar y recorrer las zonas más grises y oscuras del franquismo, decidió destapar nuevos secretos tras conocer una conversación. La tuvo Xosé Humberto Baena, militante del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), junto a su padre poco antes de ser fusilado el 27 de septiembre de 1975, hace cincuenta años. El padre necesitaba la verdad, y le pidió al hijo que le dijera, aunque, si le decía que fusilaban a un inocente, sería más doloroso. "Lo siento padre, pero no puedo darte ese consuelo. No fui yo quien lo mató", fue la respuesta del joven gallego antifranquista que estaba a punto de cumplir 25 años. Mateos cree en la inocencia de Baena, tiene datos para ello. El verano de los inocentes. El secreto del último fusilado del franquismo (Anagrama) es una investigación de años sobre qué ocurrió el día del asesinato del policía Lucio Rodríguez por el que condenaron y mataron a Baena.

A Carlos Vallejo se le han cerrado las puertas de la justicia española muchas veces. Ahora, junto al colectivo Irídia, este luchador antifranquista ha decidido llevar su caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A Vallejo le detuvieron en diciembre de 1970. Era el estado de excepción y la policía pudo tenerle detenido todo un mes en Via Laietana. Los policías utilizaron contra él diferentes técnicas de tortura, todas muy dolorosas, como atarle las manos por debajo de las piernas, y le dieron constantemente puñetazos y patadas. Nunca fueron investigados. En noviembre del 2022, Vallejo, junto al colectivo Irídia y Òmnium Cultural, presentó una querella de lesa humanidad contra sus torturadores. La demanda de Vallejo fue la primera tras la entrada en vigor de la ley de memoria democrática del 2022. Incluso la Generalitat le apoyó y se personó como acusación popular. Pese a todos los recursos interpuestos, el último frente al Tribunal Constitucional, su caso fue archivado y la justicia española decidió no investigar su caso.

Con una sola línea, la juez de Aoiz (Navarra), Ana José Añón Montón, ha despachado la querella que habían interpuesto en octubre trece familiares de presos de guerra republicanos y la asociación Memoriaren Bideak: no lo ha admitido a trámite al considerar que los crímenes han prescrito. Todo ello, pese a que la Fiscalía había informado de ello favorablemente. La jueza ni siquiera ha entrado a valorar si los hechos denunciados pueden calificarse o no de crímenes de guerra y contra la humanidad y, por tanto, son imprescriptibles.