Se aprueba la ley de memoria española: qué incluye y qué deja fuera

BarcelonaHa sido un camino largo y tortuoso, un tira y afloja entre los partidos políticos en el que han aflorado los problemas que tiene España a la hora de afrontar su pasado más reciente. Finalmente, sin embargo, hoy se aprobará la nueva ley de memoria democrática española. Es un gran paso adelante respecto a la ley de memoria de 2007, pero algunas entidades, que llevan años batallando para que se dignifiquen las víctimas o se lleven a juicio los crímenes franquistas, consideran que todavía hay mucho trabajo por hacer.

Este ha sido uno de los puntos más controvertidos. ERC y muchas entidades de memoria y víctimas del franquismo han pedido por activa y pasiva la derogación de la ley de amnistía del 1977 para que así se puedan llevar a juicio los crímenes franquistas. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica considera que la ley de amnistía protege a los responsables de las violaciones de derechos humanos de la dictadura franquista: "No puede existir una legislación vigente que no considere crímenes los asesinatos y la desaparición de los cadáveres de 114.226 civiles", asegura la entidad.

Finalmente, sin embargo, no ha podido ser y tan solo se ha introducido un matiz: los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura son imprescriptibles y, por lo tanto, no amnistiables. Todo dependerá de los jueces y de cómo lo interpreten. La nueva ley declara la ilegalidad y la ilegitimidad de cualquier órgano judicial, penal o administrativo de la dictadura creado para condenar y castigar por motivos políticos, ideológicos, de conciencia o creencia religiosa. Declara también ilegítimas y nulas las resoluciones de los tribunales franquistas, pero en ningún caso esto se traducirá en la posibilidad de pedir responsabilidad patrimonial al Estado o a cualquier administración pública o particular. Tampoco implicará una reparación o indemnización económica o profesional. Se creará un fiscal de sala de derechos humanos y memoria democrática para impulsar la investigación de los crímenes franquistas, pero no se hace ninguna referencia expresa al hecho que la investigación de los crímenes comporte el enjuiciamiento de sus responsables y su castigo penal.

Diferentes historiadores e investigadores han ido sacando a la luz en los últimos años las muertes que hubo durante una Transición que no fue pacífica, sino violenta. Según el historiador David Ballester, del 20 de noviembre del 1975 al 2 de diciembre del 1982, 134 personas murieron por culpa de una mala actuación policial. Eran hombres y mujeres inocentes y sus muertes, precisa el historiador, son responsabilidad del Estado. La nueva ley, sin embargo, solo reconoce como víctimas las que hubo hasta la entrada en vigor de la Constitución española del 1978. Se consideran víctimas todos los que fueron asesinados y sufrieron la prisión, trabajos forzados, el internamiento en campos de concentración, el exilio, la represión económica, la depuración profesional, los bebés robados... durante los años de Guerra Civil y la dictadura. También se consideran víctimas partidos políticos, sindicatos, las instituciones de autogobierno catalanas y vascas, las corporaciones locales, minorías étnicas, asociaciones feministas y culturales, y las comunidades, las lenguas y las culturas vascas, catalanas y gallegas. Una comisión técnica, en un año, tendrá que proponer medidas para compensar económicamente a estas víctimas. Aquellos que murieron o sufrieron la represión de la policía a partir del 1978, de momento, no tienen el reconocimiento de víctimas, pero otra comisión hará un estudio para decidir si se vulneraron los derechos humanos de personas que lucharon por la democracia.

"Si solo reconoces los que lucharon por la democracia, tal como dice el texto, dejas de lado a la mayoría de víctimas de la violencia policial durante la Transición", dice Ballester. "Hay demasiadas incertidumbres e incógnitas en este apartado", añade el historiador.

El proyecto inicial ya incluía una auditoría de los bienes requisados durante la Guerra Civil y la dictadura, pero ahora se le ha puesto calendario: se tiene que hacer en un año y se reconoce el derecho a un resarcimiento por expolios producidos por "razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa".

Ahora bien, no se especifica cómo se hará ni se reconoce explícitamente el derecho a la indemnización. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica pedía que el Estado actuara de oficio para que las familias pudieran recuperar los bienes confiscados, se les devolviera el importe actualizado de las sanciones y se rehabilitara públicamente desde todas las instituciones a las personas injustamente condenadas.

Habrá un censo estatal de víctimas, que incluirá tanto a los muertos como a los supervivientes. Será responsabilidad del Estado buscar a las víctimas desaparecidas, se creará un portal de internet público con el resultado de las exhumaciones y se hará un mapa de fosas. Por otro lado, se creará un banco estatal de ADN de víctimas de la guerra y la dictadura estatal, adscrito al ministerio de Justicia. La Generalitat ya creó un banco de ADN el 2020 que, actualmente, dispone de muestras genéticas de aproximadamente 2.500 familiares vivos.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica también pedía un censo de verdugos y de personas que se beneficiaron de la violencia fascista, pero esto no se hará.

El Valle de los Caídos pasará a decirse Valle de Cuelgamuros. Se prevé su resignificación, pero no se concreta cómo ni cuándo se hará. Finalmente, se extinguirá la Fundación del Valle de los Caídos, creada por Franco el 1957. Por lo tanto, los monjes benedictinos dejarán de custodiar y velar el monumento franquista. La exhumación de las víctimas que hay enterradas allí, después de una larga batalla judicial de sus familias, empezará bien pronto. De momento, 104 familias lo han pedido.

La ley retirará 33 títulos nobiliarios concedidos por Franco. Son hereditarios y el dictador los concedió para mantener vivo el recuerdo del "las grandes glorias de la nación" y para agradecer los servicios prestados durante el golpe de estado. Estos títulos nobiliarios, que se han mantenido durante cuarenta años de democracia, se han concedido a golpistas y criminales de guerra. Destacan nombres como el ducado de Franco, Primo de Rivera, Carrero Blanco o los marquesados de Queipo de Llano –uno de los criminales de guerra más sádicos– o San Leonardo de Yagüe. En ninguna parte sale, sin embargo, que se investigue cuál es el patrimonio de los herederos del dictador.

El Centro Documental de Memoria Histórica de Salamanca continuará siendo el que custodie todos los fondos documentales relacionados con la guerra y la dictadura. Se creará un Centro Virtual de Documentación para facilitar el acceso a todos los documentos. En Salamanca también se incorporarán, una vez superadas las trabas legales, los archivos y documentos de la dictadura, en particular de su cabeza de estado, que están en manos de entidades privadas o personas físicas. Se pondrá fin a fundaciones o asociaciones que hagan apología del franquismo o enaltezcan a sus dirigentes, como es el caso de la Fundación Francisco Franco. Por otro lado, la nueva ley garantiza el acceso libre, gratuito y universal a los archivos públicos y privados sobre el golpe de estado, la Guerra Civil, la dictadura franquista, la resistencia de los maquis, el exilio, los campos de concentración y la Transición hasta el 1978, independientemente del archivo donde se encuentren. Hasta ahora, había habido algunas dificultades de acceso, porque la ley sobre secretos oficiales se aprobó en tiempos de Franco: el 5 de abril del 1968. Dictamina que los únicos que pueden decidir si se abre un expediente es el consejo de ministros y la junta de jefes de estado mayor. El proceso es lento y arbitrario, porque un gobierno puede decidir si hace público un documento en función de si le puede perjudicar o no.

Han tenido que pasar más de cuatro décadas desde la muerte de Franco, pero finalmente las nuevas generaciones, por ley, tendrán que estudiar qué pasó durante la Guerra Civil y la dictadura y saber que hubo una represión sistemática. También se impulsará la investigación sobre el exilio y la lucha democrática de muchas mujeres que han sido castigadas con el olvido.

El texto, a diferencia de la ley de memoria del 2007, incorpora un régimen sancionador con multas que pueden llegar a los 150.000 euros. Lo más castigado será la destrucción de fosas, lugares de memoria o documentos públicos y privados relacionados con la memoria democrática.