134 muertos durante la Transición, pero "ningún juez reconocerá que la policía es terrorista"

BarcelonaEl historiador David Ballester ha puesto nombre y apellido a las víctimas de la violencia policial que hubo durante la Transición española. Según Ballester, del 20 de noviembre del 1975 al 2 de diciembre del 1982, 134 personas murieron por culpa de una mala actuación policial. Eran hombres y mujeres inocentes y sus muertes, precisa el historiador, son responsabilidad del Estado: "Estos agentes formaban parte del aparato del Estado y actuaban bajo las órdenes de mandos policiales y responsables políticos. No es que el Estado persiguiera a estas víctimas ni que ordenara matarlas, pero es responsable de los errores y crímenes cometidos por sus funcionarios". Ballester, doctor en historia contemporánea por la Universitat Autònoma de Barcelona, documenta y contextualiza todas estas muertes a Las otras víctimas. La violencia policial durante la Transición (1975-1982) (Prensas de la Universidad Zaragoza).

Hace tiempo que se sabe que la Transición no fue un cuento de hadas. Hubo violencia. Mucha. Aun así, es un capítulo lleno de claroscuros porque cuesta mucho tener cifras y datos sobre las muertes y sobre cuáles fueron las consecuencias para los perpetradores, porque es casi imposible acceder a los archivos policiales y penitenciarios. "Consultar estos archivos es una batalla que ya he dado por perdida", dice el historiador. En este sentido, Ballester ha hecho una tarea ingente para documentar todas estas muertes y al final del libro adjunta un anexo con fichas individualizadas de los que tuvieron la mala suerte de cruzarse con la policía. "Son ciudadanos que perdieron la vida de manera absurda, en un control, en una discusión, en una persecución...", afirma Ballester. Aquellos años ir a una manifestación era arriesgarse a morir, a perder un ojo o a ser apaleado. Hubo muertos en las calles pero también en controles policiales, víctimas del llamado gatillo fácil: primero dispara y después pregunta, y también personas que no sobrevivieron a las torturas. Tantas muertes, según el historiador, se explican porque, muerto el dictador, hubo continuidad en la estructura, la composición y el funcionamiento de la policía.

"Había hábitos enquistados y esto se tradujo en una alta cifra de víctimas. El 80% de las víctimas mortales por tortura se produjeron en 1981, es decir, durante el tramo final de la Transición", asegura Ballester. Durante la dictadura, el objetivo de la policía era muy claro: "Liquidar cualquier oposición, y los medios para conseguirlo no eran importantes. La policía estaba por encima de la ley y esta situación de privilegio se perpetuó durante la Transición", afirma. La mayoría de las víctimas eran hombres, 123 –por 11 mujeres– y muy jóvenes: un 68% de los muertos tenían menos de 30 años. Hay también diferencias territoriales: el País Vasco lidera las cifras de muertos, 40, es decir, un 30%. Después va Madrid, con 22 casos; Andalucía, con 19, y Catalunya, con 18.

Continuidad de la policía franquista

El hecho de que no hubiera depuración ni cambios tuvo graves consecuencias. "Eran malos profesionales, mal pagados y mal comandados. Los mandos eran militares hasta que les obligaron a salir en 1986", explica el historiador. No había mucha "sensibilidad democrática": "Después de la muerte de Franco se promovieron miembros de la Brigada Político-Social [la pesadilla de muchos antifranquistas por las torturas que perpetró] y no se va ni plantear una depuración –asegura el historiador–. La unidad antidisturbios creada por los franquistas y que protagonizó auténticas barbaridades no se disolvió, no la cambiaron hasta finales de los años 80, cuando se tenían que hacer los Juegos Olímpicos y les preocupaba la imagen".

Ballester espera que los datos que aporta el libro sirvan para que todas estas muertes se tengan en cuenta en la nueva ley de memoria democrática española, que de momento es en un cajón sin fecha para volver a la mesa. El otro objetivo es dar voz a las familias de las víctimas. "Muchas se quejan de que nunca nadie les ha pedido perdón ni si necesitaban ninguna ayuda. El Estado se ha lavado las manos y se les ha faltado al respecto. Lo hizo Jorge Fernández Díaz, por ejemplo, cuando era ministro del Interior y dijo que eran víctimas colaterales".

La impunidad de los perpetradores

Entre las víctimas también hay niños. Juan Félix Domínguez tenía dos años cuando, en 1983, volvía con la familia de una comida en Valmojado (Toledo) y la Guardia Civil, que había establecido un control en la carretera, los ametralló. Ballester distingue entre víctimas de tortura, víctimas en la calle y víctimas del gatillo fácil. Uno de los casos que más han impactado al historiador es uno que sucedió en Almería en mayo de 1981. Tres jóvenes –Luis Montero, Juan Mañas y Luis Cobos– viajaban desde Cantabria hasta Pechina, un pueblo almeriense, para ir a la comunión de Francisco Mañas, el hermano pequeño de Juan. El 9 de mayo, ya hacia la tarde, los detuvieron en una tienda de Roquetas de Mar. Al día siguiente aparecieron los tres dentro de un coche, calcinados, desmembrados y con múltiples orificios de bala. De los guardia civiles implicados en la muerte de los tres jóvenes solo tres fueron a juicio: el teniente coronel Carlos Castillo Quero, que fue condenado a 24 años de prisión por homicidio (no por asesinato), y el teniente Manuel Gómez Torres y el guardia Manuel Fernández Llamas, condenados a quince y doce años con el atenuante de obediencia debida. Ninguno de ellos cumplió la totalidad de la condena, salieron mucho antes, y los primeros años no los pasaron en una prisión sino en un cuartel militar. Cuando este trato de favor se denunció a la prensa, los trasladaron a un centro penitenciario, donde igualmente tuvieron condiciones especiales. "Si no hubiera sido por la prensa, todo este caso se habría tapado", opina Ballester.

El abogado de la acusación, Darío Fernández, también tuvo un papel crucial. En aquel momento era arriesgado señalar a los cuerpos de seguridad. "Le pusieron una bomba bajo el coche y vivía en una cueva mientras duró el juicio. Un amigo le llevaba la comida", recuerda Ballester. "El teniente coronel Castillo Quero, que había tenido problemas psicológicos y con la bebida antes del crimen, cuando estaba destinado en Barcelona, solo cumplió diez años –detalla el historiador–. Además, todos ellos cobraron una generosa pensión procedente de los fondos reservados del ministerio del Interior". Castillo Quero murió debido a un infarto en 1994 a los 60 años, en Córdoba, donde trabajaba como responsable de contabilidad para varias empresas. Su entierro también fue controvertido porque asistieron el gobernador militar de Córdoba, el general Ramón Serrano Rioja, y el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de la ciudad, el teniente coronel Rafael Catalán. Ambos fueron vestidos de uniforme.

"Las familias quieren que se les declare víctimas del terrorismo del Estado y que se juzgue a los culpables, pero no lo veo posible, ningún juez reconocerá que la policía es terrorista. Pero con toda la información y los datos que doy en el libro se pueden dar más argumentos para que la ley ampare a estas familias, se las indemnice y haya un reconocimiento explícito, cosa que ya hacen algunas comunidades autónomas", concluye Ballester.

Rodrigo Knafo tenía 19 años cuando, perseguido en Tarragona por la policía, “cayó” desde una azotea. Hijo de un represaliado y exiliado de la Guerra Civil, el 5 de marzo del 1975 participaba en una manifestación de trabajadores de la empresa Duro Felguera. Más de 40 años después, su familia todavía batalla para aclarar los hechos. Su abogado, Rafel Nadal, nunca pudo acceder ni a los documentos hospitalarios ni a los policiales. Hubo dos testigos: una dependienta, que nunca quiso hablar, y otro trabajador, que desapareció el día que tenía que prestar declaración. 

Gustau Muñoz tenía solo 16 años cuando un policía le disparó por la espalda. Militaba en el PCE(i) y el 11 de septiembre del 1978 participó en una manifestación alternativa en Barcelona que el Gobierno Civil había declarado ilegal. Nunca se han aclarado las circunstancias de su muerte. Hay testigos que vieron cómo dos personas, en un portal, intentaban extraerle la bala con un bolígrafo y un sifón, "probablemente dos policías", según Ballester. Albert Ramis tenía material fotográfico de los hechos pero la policía fue a su casa y se lo llevó todo. Desde 1979, cada Once de Septiembre se rinde un homenaje a Muñoz en el mismo lugar donde cayó muerto, en la calle Ferran.

Adolfo Bárcena murió por un disparo del guardia civil José García Caraballo el 19 de febrero de 1977. El único testigo es quien lo mató, que fue declarado “no responsable” de los hechos y continuó su carrera hasta ser nombrado capitán. Bárcena había quedado con unos amigos para ir a cenar al bar Parrufu de Hostalric. Era un sábado y cuando salieron del bar la Guardia Civil puso a los compañeros de Bárcena contra la pared porque un rato antes habían dado un frenazo con el coche ante el cuartel. Bárcena salió por la puerta trasera porque no llevaba la documentación encima, Caraballo lo persiguió con el coche y le disparó, según él, porque se le echó encima.

Javier Francisco Núñez volvía de misa con su hija Inés, de 3 años, cuando se cruzó con la policía que represaliaba una manifestación en Bilbao, en mayo de 1977. Lo golpearon mientras protegía a su hija, pero consiguió llegar a casa. Después de unos días recuperándose en la cama decidió denunciar la agresión, pero unos agentes lo esperaban fuera de los juzgados. Le hicieron subir en un furgón, donde le volvieron a pegar y lo obligaron, con un embudo, a beberse coñac y aceite de ricino. Murió trece días después. Durante este tiempo hizo que su mujer escribiera un diario y cuando Inés cumplió 18 años le explicaron lo que había pasado. Inés Núñez se convirtió en una brillante abogada que en 1999 quiso denunciar los hechos, pero la misma tarde que lo intentó recibió amenazas telefónicas como "Te mataremos, sabemos donde vives". Continúa batallando.