Policías contra Franco: "El gobierno, para mantenerse en el poder, no duda en enviarnos a asesinar"

BarcelonaEste año, el gobierno español celebra sus cincuenta años de España en libertad. Es decir, en el medio siglo de la muerte del dictador Francisco Franco. Pese a la represión feroz, siempre hubo gente que le plantó cara. Incluso, dentro de la policía.

La represión franquista no se suavizó en los últimos años de la vida del dictador. En la Transición también hubo mucha violencia. Algunas manifestaciones terminaron con muertes, palizas y represalias. Hasta el último momento, Franco ordenó fusilamientos y en las comisarías, hubo torturas. Tras la dictadura no hubo depuración de las fuerzas policiales y en el tráfico en la democracia las prácticas policiales tampoco fueron demasiado ejemplares. Sin embargo, dentro de la policía, no todo el mundo añoraba o sentía nostalgia por los años más duros de la dictadura: hubo agentes antifranquistas.

En marzo de 1971, circulaba una hoja de mano firmada por el Cuerpo de Policía Armada de Barcelona que criticaba abiertamente y con contundencia al gobierno fascista: "En los últimos meses, nuestros problemas han aumentado. El servicio es agotador: horas y horas seguidas, sin dormir y en las peores condiciones. juventud, que no nos ve como guardianes del orden, sino como la fuerza represiva de un gobierno que para mantenerse en el poder no duda en enviarnos a asesinar, como en Granada y en otros lugares. ¿Qué autoridad representamos, que nos ordena reprimir con violencia los deseos de libertad de nuestro pueblo, en nombre de una ley tantasestafas y robos a gran escala, cómo Matesa, ¿Confecciones Gibraltar...?".

Los policías que firmaban la hoja de mano se ponían junto a los obreros porque consideraban su lucha "justa y lógica". "No es justa la explotación de la que son víctimas los obreros", se puede leer. "No nos engañemos, la lucha continuará e irá. Debemos pensar en cuál será nuestra actitud cuando nos enfrentamos al pueblo, lo que quiere decir, nada menos, que enfrentarnos a nuestros familiares y amigos". En el mismo comunicado, los policías decían que no deberían ir a las universidades a reprimir a los estudiantes y que sus jefes no solucionaban problemas sino más bien lo contrario: " traslado desde Valladolid de la Bandera Móvil, porque temían que la plantilla de Barcelona se sublevara". Los firmantes animaban a los compañeros a luchar para que el cuerpo de policía hiciera el trabajo que le correspondía, que era "representar" a la justicia. No es la única hoja de mano que guarda el Archivo Nacional de Catalunya. Hay más.

Obviamente no eran mayoría. "Eran una minoría y lo pasaban muy mal", asegura el historiador David Ballester, que recuerda el caso de un policía que le explicó cómo se vivió en algunas comisarías el golpe de estado de Tejero del 23 de febrero de 1981, cuando en España ya había habido elecciones. El policía trabajaba, según Ballester, en una comisaría madrileña, donde se encontraban varios agentes vinculados al partido fascista Fuerza Nueva. Cuando se presentó en la comisaría de forma voluntaria –porque no estaba de servicio– para enfrentarse a los militares comandados por Tejero, le dijeron: "A usted nadie le ha llamado, váyase de aquí". Un grupo de ultras de su comisaría, armados con metralletas Z-45 y gritando "Tejero, mata'ls", había ido hacia el Congreso. Naturalmente, no para ayudar a los demócratas, sino más bien al contrario. Estos ultras exaltados habían condenado a muerte al policía demócrata por su ideología.

Durante la dictadura, estaba el Cuerpo Superior de Policía, que contaba con la Brigada Politico-Social y la Policía Armada, que tenía carácter militar. La dictadura promulgó distintas leyes para facilitar la represión policial contra la oposición antifranquista y no dejó que hubiera ni la menor tentativa de organización sindical. Con la llegada de la Transición se intensificaron las tensiones dentro de la policía. Por un lado, estaban los agentes que llevaban años en el cuerpo y que fueron reciclados para aprovechar su experiencia (principalmente la infiltración y la tortura) para luchar contra el terrorismo. En la otra, los más jóvenes, que empezaron a entrar en el cuerpo en la década de los setenta.

El 28 de octubre de 1976, fueron juzgados algunos policías en Barcelona por malos tratos a distintos dirigentes vecinales. Los compañeros de estos policías impidieron que nadie entrara en la sala del juzgado. El 5 de noviembre, policías de Zaragoza publicaron un manifiesto en el diario El País en el que desaprobaban la actitud de los policías de Barcelona. Otro punto de inflexión fue el 17 de diciembre de 1976, cuando un grupo de policías se manifestó ante la Dirección General de Seguridad y el ministerio de Gobernación en Madrid. La reacción de los mandos fue contundente: decenas de policías acabaron en prisión de Soria, y en diferentes calabozos de comisarías donde fueron tratados de forma vejatoria.

Juristas demócratas

Cuando finalmente los policías pudieron sindicarse, nacieron dos sindicatos: la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Policía y la Unión Sindical de Policía (USP). La primera se legalizó en mayo de 1978 y se llegaron a afiliar al 90% de los funcionarios del cuerpo. Era muy conservadora. Antonio Plaza, jefe de los policías locales de Cartagena y Murcia, y comisario honorario del Cuerpo Nacional de Policía, fue uno de los fundadores de la Unión Sindical, que empezó su trayectoria con tan sólo 500 afiliados. La USP era más progresista y se comprometió explícitamente a los valores de la democracia. La primera aparición pública de un miembro de la USP fue cuando todavía no se había legalizado, el 2 de septiembre de 1977, en un despacho de Comisiones Obreras.

Antonio Plaza explicó a Ballester que, a finales de los años setenta y principios de los ochenta, el poder en la policía seguía controlado por un sector duro: "Un núcleo irreductible y nostálgico del franquismo, al que costaba mucho comulgar con las nuevas ideas y los nuevos tiempos".

El 26 de septiembre de 1975 empezó a circular otro panfleto de la policía armada. Se quejaban de un nuevo decreto ley que "aparentemente" nacía para defender a las fuerzas del Orden Público, pero en realidad daba más fuerza a un estado de excepción que se prolongaba. Se trataba del decreto 10/1975 sobre prevención del terrorismo. "Elimina las pocas garantías constitucionales que tenemos. Además, nos involucran directamente, ante la opinión general, convirtiéndonos en agentes de medidas arbitrarias y represivas que utilizan contra los demócratas sinceros de España. Incluso, nos amenazan con el artículo 20", constataba el panfleto.

No sólo hubo minorías dentro de la policía. También hubo juristas y militares que se quejaron de las condiciones del régimen. En abril de 1972, un grupo de "juristas demócratas" denunciaba un régimen penitenciario que consideraba "ilegal": "El régimen penitenciario vigente, regulado por el Decreto de 2 de febrero de 1956 y por una multitud de órdenes ministeriales y disposiciones menores de la dirección general de Prisiones que modifican a su capricho e ilegalmente el Reglamento, es la culminación de una persecución penal basada en la venganza y eliminación del individuo y que se aprovecha de la reclusión penitenciaria para aplastar la personalidad de los reclusos y reducirlos a seres inermes carentes de derechos y garantías –añadía–. El régimen penitenciario se fundamenta en el criterio autoritario y fascista de la disciplina mantenida por un sistema de castigos y recompensas”.