El Congreso aprueba una ley contra las asociaciones franquistas que no ilegaliza a la Fundación Francisco Franco
El ministerio de Cultura es quien debe instar la disolución de la fundación fascista dedicada al dictador


BarcelonaIlegalizar a las asociaciones que ensalzan el franquismo nunca ha sido fácil. Hoy se ha dado un paso más para conseguirlo, pero no ha terminado con uno de los defensores más activos y acérrimos de la dictadura: la Fundación Francisco Franco. Con el voto favorable de todas las fuerzas políticas, a excepción de Vox, que ha votado en contra, y de la abstención del Partido Popular y de la Unión del Pueblo Navarro (UPN), que se han abstenido, este jueves el Congreso de los Diputados ha aprobado la nueva ley de asociaciones.
Con esta ley, que todavía tiene que pasar por el Senado, se podrán disolver asociaciones que entre sus actividades incluyan la apología del franquismo o ensalcen tanto el golpe de estado de 1936 como la dictadura. También se podrán disolver asociaciones que exalten a los dirigentes del golpe de estado y la dictadura y también aquellas que humillan la dignidad de las víctimas o inciten al odio ya la violencia. Con la ley, se dan herramientas para que los jueces puedan disolver las asociaciones, pero también podrá hacerse a través del ministerio fiscal, que podría disolverlas por la vía penal cuando estas asociaciones inciten al odio y la violencia.
Uno de los objetivos de la ley es que no nazcan nuevas asociaciones. Sin embargo, la Fundación Francisco Franco tiene otro recorrido porque al ser una fundación depende del ministerio de Cultura. De hecho, el pasado junio el ministro Ernest Urtasun ya anunció que uno de sus objetivos era hacer cumplir la ley de memoria democrática y cerrar la fundación. Según el ministerio de Cultura, el proceso tendrá tres fases. La primera será pedir información y documentación a la secretaría de estado de Memoria y al Registro de Fundaciones. La segunda será la apertura del procedimiento, que empezaría con la comunicación del expediente a la memoria de la Fundación Francisco Franco. Entonces empezaría un período de alegaciones y se solicitaría un informe a la Abogacía General del Estado, a partir del cual el ministerio de Cultura elaboraría una resolución para instar judicialmente la extinción de la entidad. Por último, habría un proceso judicial y los jueces tendrían la última palabra. En caso de que Urtasun consiguiera su objetivo, la Fundación Francisco Franco podría intentar renacer como asociación. Uno de los objetivos de la nueva ley aprobada este jueves en el Congreso, pues, sería evitarlo.