Torturas en Via Laietana: por primera vez en la historia serán investigadas por la Fiscalía
La filóloga Blanca Serra presentó una denuncia por torturas sufridas en 1977, 1980 y 1981


BarcelonaSi los jueces son un muro insalvable para investigar los crímenes del franquismo y se niegan a escuchar a las víctimas, lo hará la Fiscalía. Por primera vez, la Fiscalía de Barcelona, junto con la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado, ha abierto diligencias para investigar las torturas de la policía franquista en febrero de 1977. Se trata de la denuncia que puso, en noviembre del año pasado, su historia veces por la comisaría de Via Laietana: febrero de 1977, julio de 1980, diciembre de 1981 y marzo de 1982. Blanca puso una denuncia a la fiscal delegada de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Barcelona, Sara Gómez Expósito. Hasta ese momento, todas las denuncias se habían presentado a un juzgado.
De momento, sólo se investigarán las torturas ocurridas en febrero de 1977, pocos meses antes de las primeras elecciones democráticas y cuando Franco ya había muerto. En una nota, la Fiscalía explica que en otros casos ya había defendido que, en aplicación deley de memoria democrática española, aprobada en el 2022, debían investigarse las torturas policiales. Sin embargo, todos los jueces han archivado todas las querellas amparándose en muchas ocasiones en la ley de amnistía.
La imposibilidad de acceder a la información
"Es un precedente histórico en el reconocimiento y la investigación de la tortura dentro de la dictadura. Es la primera vez en España que un fiscal de memoria democrática escuchará a una víctima de torturas del franquismo y la Transición", destaca Brian Ventura, el abogado de Irídia que lleva el caso de Serra. La ley de memoria española explicita que las víctimas tienen derecho a la justicia, que debe garantizarse a través de investigaciones públicas que aclaren las violaciones de derechos humanos, pero sólo reconoce como víctimas a las que hubo hasta la entrada en vigor de la Constitución española de 1978. estas torturas –explica Ventura–. Hasta ahora ha sido imposible acceder a los atestados policiales ya la documentación judicial; Continuará siendo un juez o jueza quien decida si se abre o no un procedimiento penal, pero en frente tendrá mucha información.
Serra, mientras estuvo detenida, nunca tuvo derecho a un abogado. "Les dije que quería un abogado. El policía me contestó gritando que él era mi abogado y me dio un guantazo tan fuerte que me envió a la otra punta de la habitación", recordaba al ARA cuando presentaron la denuncia. Lamentaba que las mujeres sufrieran vejaciones especiales y que las humillaciones y la violencia fueron peores con los años. "Ya no se creían que nosotros tuviéramos un papel secundario y de manera sistemática nos humillaban. Me hicieron desnudar y hacían comentarios sobre mi cuerpo. Siempre me he preguntado cómo eran estos torturadores en su casa, cómo trataban a la madre oa la hermana. Yo creo que no las tratarían demasiado bien", explicó Serra.