Con la sangre que nos hicieron sudar los halcones fiscales del norte durante la crisis financiera y lo que costó que movilizaran los recursos para hacer frente a la pandemia de covid, y ahora en cuatro días la Comisión de la UE ha decidido aflorar 800.000 millones de euros para abordar los problemas de seguridad propiciados por la locura de Donald Trump. La diferencia con la primera crisis es que ahora el dictado no proviene solo de la troika europea que impuso el austericidio tras la crisis financiera de 2008, sino de la OTAN y de EE.UU., que combina los temores de algunos países fronterizos con la Rusia de Putin y las clásicas demandas de los estadounidenses de una mayor contribución a la defensa atlántica. La diferencia con el esfuerzo hecho durante la crisis pandémica es que ahora no hay un euro de subvenciones gratuitas, los créditos se reducen a 150.000 millones de euros y el resto deberá aportarlo cada gobierno. La única ventaja, que ya es mucho decir, es que los propios adaliles de la frugalidad luterana están ahora dispuestos a modificar los objetivos de estabilidad presupuestaria para que toda la "inversión" defensiva no compute en los topes de déficit y de deuda.
Lo que es relevante, sin embargo, es que ahora sabemos que, cuando se considera que existe una emergencia del tipo que sea que afecta a los socios europeos del norte, el dinero sale de donde sea y desaparece el relato sobre la gestión suntuaria de los meridionales o sobre la necesidad de aliviar de cargas a las futuras generaciones. Y eso que es dudoso que Rusia suponga una amenaza inminente para los países bálticos, Polonia o Finlandia, porque no ha sido capaz de doblegar a Ucrania pese a las diferencias poblacionales y de PIB. Por muy autoritario que sea Putin, no parece imaginable una agresión rusa contra países miembros de una alianza defensiva como la OTAN. Entre nosotros, tampoco está demasiado bien visto el gasto en defensa, y más cuando hay necesidades perentorias como la vivienda o las infraestructuras ferroviarias.
Y eso es importante porque, por mucho que Pedro Sánchez quiera esconder su compromiso de dedicar el 2% del PIB español a tareas defensivas, unos 6.000 millones de euros, si quiere seguir pagando los intereses de la deuda pública —más del 100% del PIB y un aumento de hasta 472.372 durante la etapa del gobierno socialista— y las pensiones, es inevitable que afloje en sus promesas sociales, tales como redoblar esfuerzos en vivienda. Hay que desconfiar abiertamente del rechazo de Sánchez al "rearme" y de su apuesta por el tradicional "poder blando" de la UE. Lo que ha hecho el astuto presidente español es pactar con los líderes europeos un enunciado eufemístico para enmascarar los términos inequívocos que están presentes en los planes y a adoptados como el Readiness 2030 (la estrategia de rearme contenida en el libro blanco para la defensa europea) o el SAFE, el instrumento de 150.000 millones en créditos para financiar parte del esfuerzo bélico.
Por eso el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha dicho en las últimas horas que la definición de lo que es defensa es clara y que no se "descafeinará". No se puede incluir el control de fronteras, la ciberseguridad y el terrorismo, como avanzaba este diario que se quería hacer, ni la compra y producción de medicamentos críticos, en una doble estrategia civil y militar como apuntaron algunas fuentes. Y es que la defensa no tiene que ver ni con el mantenimiento de la paz por la vía de las relaciones comerciales y la diplomacia ni con otros conceptos que no sean la fabricación y compra de tanques, aviones, fragatas y misiles. Habrá que ver, pues, qué se dice en el manual de resistencia de Sánchez en estos casos, sin presupuesto y con la obligación de prorrogar las cuentas anteriores en lugar de convocar elecciones. Si cumple los compromisos con sus socios, y todo apunta a que lo hará, habrá que estar atento a los juegos malabares, ahora en forma contable.
Pero la imaginación tiene sus límites, sobre todo cuando no hay agua en la piscina presupuestaria. Si como es previsible el PSOE no tiene los votos para aprobar un decreto ley ampliando los créditos presupuestarios en vigor, tendrá que cambiar de sitio algunas partidas o recurrir al opaco fondo de contingencia, una especie de cajón para atender situaciones extraordinarias, que ya es el refugio habitual del gasto en defensa a causa de su impopularidad. No en vano, todos los gobiernos son conscientes de la herencia militarista del franquismo, de la tradición pacifista contraria a la OTAN (1986) y de los movimientos de objeción de conciencia e insumisión al servicio militar. Y también de que, en ausencia de amenazas inmediatas, el gasto social se percibe como prioritario para atender necesidades más perentorias en vivienda, salud, educación o infraestructuras. Lo que en otros países es una cuestión con fuerte carga ideológica en el eje izquierda-derecha aquí genera un rechazo transversal.
