Los futuros inquilinos de una promoción de alquiler asequible de Sabadell llevan casi un año esperando poder entrar en su casa. El bloque de pisos del barrio de Can Llong, promovido por el Institut Català del Sòl (Incasòl), ha tenido que superar ciertos trámites imprevistos que han retrasado el proceso, aunque los vecinos ya vieran que las obras estaban terminadas desde hace tiempo y los pisos ya estuvieran adjudicados.

La promesa de Salvador Isla de haber construido 50.000 viviendas en Cataluña en 2030, junto con la recuperación del Pla de Barris del tripartito, genera expectativas y preguntas. Obviamente, tendrá que revalidarse como presidente un mandato más para conseguirlo. Las políticas de vivienda no se improvisan y requieren al menos una década.

En Cataluña, ciudades grandes y pequeñas tienen terrenos públicos destinados a la vivienda protegida, y es bueno diversificar su producción: es razonable pensar que parte de los terrenos los desarrolle un sector emergente, el de la promoción privada de vivienda social, y el resto lo desarrolle la iniciativa pública. Para fomentar que el sector privado realice pisos sociales, los ayuntamientos pueden ceder gratuitamente los terrenos durante 50 o 75 años. Un sistema eficaz es el que garantiza que el sector municipal desarrolle sectores urbanísticos, tramite los planes y realice su gestión urbanística (tareas complejas que mejor hace la administración) hasta que licite el derecho de superficie para que las promotoras y constructoras edifiquen. Lo que hay que procurar es que después, durante los 50 o 75 años que duren estas promociones, sean gestionadas por operadores sociales especializados; profesionales capaces de manejar personas, y no sólo metros cuadrados. De esta forma, los ayuntamientos otorgan los derechos de planeamiento donde conviene, obtienen las cesiones de suelo correspondientes, y la iniciativa privada invierte a cambio de unas rentas moderadas pero sostenidas a lo largo del tiempo. La Asociación de Promotores y otras organizaciones empresariales como la Cámara o Barcelona Global están haciendo pedagogía interesante de la promoción de pisos asequibles por parte de la iniciativa privada.

La Generalitat mantiene hace semanas conversaciones con La Caixa para comprar cerca de 500 viviendas construidas por la Obra Social y que ahora pertenecen a empresas como InmoCaixa, propiedad al 100% de Criteria, el holding inversor de la Fundación Bancaria La Caixa, según ha podido saber el AHORA.

El precio del alquiler en Barcelona sigue subiendo y superando los récords anteriores. Y no para de hacerlo desde el 2021. Este año ha aumentado un 10% y ha alcanzado los 1.171 euros en el mes de media, según datos del Incasòl. Asimismo, cada vez se firman menos contratos y este 2023 se han cerrado un 15,4% menos que el año anterior. El encarecimiento no es un fenómeno exclusivo de la capital –el precio ha crecido un 8% en toda Catalunya, alcanzando los 848 euros de media–, pero en Barcelona es especialmente acusado. Mientras, la tasa de emancipación juvenil sigue cayendo: más de la mitad de los catalanes menores de 34 años permanecen en la casa familiar. Según la última Encuesta a la Juventud, sólo el 41% de los jóvenes han podido emanciparse, un porcentaje cinco puntos más bajo que hace una década.