Después de tres años de trámites, el plan urbanístico para construir una macroplanta de biogás en la Sentiu de Sió (Noguera) ha recibido la luz verde de la Comisión de Urbanismo de Barcelona. Es la instalación de este tipo más grande del sur de Europa –procesará alrededor de 500.000 toneladas anuales– y podría ser la primera de una ola de factorías de biogás en Ponent, en el marco del despliegue de la Estrategia Catalana de Biogás 2024-2030. Sin embargo, tanto la aprobación del plan urbanístico como la posibilidad de que más proliferen han encendido una treintena de alcaldes del territorio, que se plantan ante el proyecto y avanzan que lo impugnarán ante los tribunales. Pese al silencio de la Generalitat, los alcaldes advierten que la factoría no podrá funcionar solo con purines locales y que, en la práctica, es un agujero negro para que el fondo de inversión danés que la lidera –Copenhagen Infrastructure Partners– pueda hacer negocio con residuos que vendrán o bien de Aragón o de la provincia de Barcelona. Residuos que incluyen restos animales y restos de mataderos, y no sólo purines.

Volvemos a tener un debate en torno a infraestructuras que se implementan en el territorio rural, en este caso la posible construcción de la mayor central de biogás de Cataluña, que ocuparía unas 10 hectáreas de terreno agrícola de máxima calidad en el pueblo de la Sentiu de Sió. Escuchando a la población que la rechaza (poblesvius.cat), parecen tener argumentos suficientes para hacernos dudar del discurso oficial que considera necesaria esta planta dedicada a generar gas a partir del tratamiento de purines de explotaciones ganaderas y de otros residuos. Argumentan falta de transparencia y una insólita rapidez en la tramitación de los permisos que impide la información y participación debidamente de la población afectada; hablan de la desmesura del proyecto, quince veces mayor que otras centrales similares que ya existen en Cataluña y seis veces mayor que las que podemos encontrar en otros países de Europa; de los beneficios que finalmente terminarán en manos de los especuladores que controlan el fondo de inversión danés que financia parte del proyecto; de una previsión anual de 21.000 camiones arriba y abajo por el territorio; de una chimenea de 65 metros de altura... Pero, aparte de todos estos razonamientos "técnicos", pienso que, ante este proyecto, como está ocurriendo en la mayoría de los que vienen impulsados por la llamada "transición" ecológica", hay que prestar atención a los adjetivos del envoltorio de presentación: circular, sostenible, renovable... y en quien lo ha envuelto.