El fracaso del traspaso de competencias de inmigración a Catalunya acordado entre el PSOE y Junts, así como el endurecimiento del PP este fin de semana con una batería de medidas en materia migratoria, han puesto sobre la mesa otra política migratoria que, aunque hace más de un año que se abrió paso en el Congreso de los Diputados, sigue atascada. Se trata de la iniciativa legislativa popular (ILP) que reclama la regularización extraordinaria de medio millón de personas inmigrantes que residen en el Estado (unos 100.000 en Cataluña). Desde su toma en consideración en abril de 2024, los avances en la tramitación han sido de mínimos y no hay un horizonte para que se reanude.

La aceptación a trámite de la iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria de más de medio millón de personas que viven en el Estado, más de 100.000 en Cataluña, ha creado una cierta "esperanza" entre el colectivo migrante. También dudas sobre si la votación supone ya un sí directo a los papeles o no. Por primera vez ven que existe una posibilidad real de que su situación administrativa cambie. Desde 1991, el gobierno español ha realizado nueve regularizaciones extraordinarias, la última de las cuales fue en 2005, cuando se dio la residencia a 575.000 personas. De estos procesos, cinco fueron impulsados ​​por el PP y cuatro por el PSOE.