En la entrevista que publicó el diario ARA este domingo el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, soltaba una idea que hasta ahora ha sido siempre tabú, y es que la Comunidad de Madrid no puede ser tratada como el resto porque tiene privilegios ligados a su condición de capital del Estado. "Madrid tiene una cuestión de capitalidad que deberá tomarse en consideración a la hora de repartir recursos", dijo exactamente. Esta reflexión deriva de algo incuestionable, que es que el criterio pactado entre ERC y el PSOE para repartir estos recursos en el nuevo sistema de financiación, el de ordinalidad, beneficia antes que nadie a la Comunidad de Madrid, incluso más que a Catalunya. Tanto es así que, en las simulaciones que se han hecho, entre Madrid y Catalunya se repartirían la mitad de los recursos extras que debería ponerse en el sistema, entre 8.000 y 10.000 millones según los cálculos.

Elisenda Alamany (Sabadell, 1983) llega a la ARA decidida a alzar el tono por el tema de la financiación, pero también para lanzar su carrera como alcaldable en el 2027.

Este lunes se ha escenificado la puesta en marcha del proyecto de financiación singular defendido por ERC y aceptado por el PSOE en el marco de la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. El texto acordado y firmado por ambos lados está lleno de buenos propósitos, matizados siempre por la apelación a la extensibilidad de lo acordado a las demás administraciones tributarias autonómicas. El objetivo es que la administración tributaria de la Generalitat asuma progresivamente las competencias en la gestión del IRPF y que las declaraciones del IRPF correspondientes al ejercicio 2025 ya se puedan presentar a la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), con la posibilidad de utilizar la clave de identificación digital establecida por la Generalitat (idCAT), y que se pueda avanzar la AEAT, en particular con la comprobación de la correcta aplicación de la normativa autonómica y, en especial, de las deducciones aprobadas por el Parlamento”.

Lo de hoy de la financiación es más difícil que el intento de la amnistía. Porque hablamos de dinero. Más aún, hablamos del dinero de los catalanes que financia una parte del bienestar de españoles de las otras comunidades.

ERC ha puesto sobre la mesa como condición para investir a Salvador Illa que Catalunya disponga de un sistema de financiación propio que incluya la recaudación del 100% de los impuestos, es decir, algo muy parecido al concierto vasco. Y como ya ha ocurrido en otras ocasiones cuando los socialistas han necesitado el apoyo de los independentistas, el PSOE se ha abierto a negociar, eso sí, con pies de plomo y calibrando las palabras al máximo. La versión oficial que trasladan tanto desde la Moncloa como desde el PSOE es que es compatible un acuerdo multilateral entre todas las comunidades autónomas, como una financiación que tenga en cuenta la "singularidad" de Catalunya. La realidad, sin embargo, es que lo que está pidiendo ERC (y también Junts en su acuerdo de investidura con Pedro Sánchez) no es una simple mejora de la financiación, es decir, más dinero, sino tener lo que coloquialmente es llama "la clave de la caja", es decir, recaudar todos los impuestos aquí y después pactar una aportación solidaria para el resto de territorios. Y esto es imposible que se pueda llevar a cabo sin una reforma de la Lofca, ya que obligatoriamente situaría a Catalunya fuera del régimen común.

Mientras seguimos bajo problemas muy graves, como la sequía o la posibilidad de una guerra en Europa, la política española sigue explotando a causa de la amnistía.