El tabaquismo es el principal factor de riesgo de cáncer, enfermedades cardiovasculares y la primera causa aislada de muerte en Cataluña. Cada año hay unas 10.000 muertes de catalanes asociadas a ese hábito adictivo. Limitar el uso del tabaco es, por tanto, uno de los deberes pendientes de salud pública en el Estado. El gobierno español anunció a principios de año que quería endurecer la ley antitabaco y el pasado abril aprobó el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027, que incluye medidas más estrictas en cuanto a la venta, consumo y publicidad. Ampliar los espacios libres de humo, como las terrazas de los bares y restaurantes, e incluir a los vapeadores y el tabaco calentado, que cada vez están más extendidos entre la población (y en especial los jóvenes), son dos de los grandes retos de la futura norma , que el ministerio de Sanidad articulará por vías distintas.

El consumo de tabaco se asocia a enfermedades cardiovasculares, respiratorias y cánceres. Es la primera causa de pérdida de salud y de mortalidad prematura evitable. De hecho, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año mueren más de 8 millones de personas a causa del tabaquismo. Los fumadores (un 21% de la población española) no sólo condicionan su salud, sino que la exposición involuntaria al humo del tabaco aumenta también el riesgo de padecer cáncer de pulmón y otras enfermedades entre los no fumadores. Según la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), el 55% de los no fumadores tragan el humo ambiental del tabaco convencional, sobre todo en las terrazas de los bares, que son la principal vía de exposición de este contaminante ambiental. De hecho, si se excluyen las terrazas de la ecuación, el porcentaje de no fumadores expuestos al humo del tabaco cae hasta el 24%.

El principal desacuerdo entre las comunidades autónomas y el ministerio de Sanidad a la hora de aprobar el nuevo plan estatal antitabaco sigue siendo convertir las terrazas de bares y restaurantes en espacios libres de humo, tanto el de los cigarrillos convencionales como el de los vapeadores. Mientras Catalunya se ha posicionado a favor de esa prohibición generalizada, comunidades como Madrid están radicalmente en contra. Otras son partidarias de tomar medidas a medio camino, como Galicia, que lo enmarcaría en la voluntariedad y en ofrecer incentivos fiscales a los hosteleros que les prohíban, o como Baleares, que prefiere permitir que sean los establecimientos los que elijan si se adhieren a la prohibición o no y pide que se aumente el precio de los paquetes; una medida que Catalunya también defiende –así como el empaquetamiento neutro– y que ahora Sanitat estudia con Hacienda.