Prohibir fumar en las terrazas, el punto de la discordia entre comunidades por el plan antitabaco

BarcelonaEl principal desacuerdo entre las comunidades autónomas y el ministerio de Sanidad a la hora de aprobar el nuevo plan estatal antitabaco sigue siendo convertir las terrazas de bares y restaurantes en espacios libres de humo, tanto el de los cigarrillos convencionales como el de los vapeadores. Mientras Catalunya se ha posicionado a favor de esa prohibición generalizada, comunidades como Madrid están radicalmente en contra. Otras son partidarias de tomar medidas a medio camino, como Galicia, que lo enmarcaría en la voluntariedad y en ofrecer incentivos fiscales a los hosteleros que les prohíban, o como Baleares, que prefiere permitir que sean los establecimientos los que elijan si se adhieren a la prohibición o no y pide que se aumente el precio de los paquetes; una medida que Catalunya también defiende –así como el empaquetamiento neutro– y que ahora Sanitat estudia con Hacienda.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido este miércoles en una entrevista en TVE que las terrazas son lugares donde la evidencia científica ha corroborado que se consume "humo de segunda mano" perjudicial para la salud. "Hay estudios europeos y de ámbito mundial que dicen que en las terrazas se está respirando un 94% de residuos de nicotina y tóxicos", denunció. Ahora bien, también ha admitido que su deslinde es algo que "debe derivar a las diferentes leyes" de los gobiernos y no del plan.

De hecho, el plan es importante porque es el primer paso para endurecer la ley del tabaco, pero por sí solo no obliga a las comunidades a limitarlo. Catalunya hace tiempo que tiene intención de prohibir el tabaco en las terrazas y, de hecho, el conseller de Salut, Manel Balcells, afirmó el pasado diciembre que confiaba en que esto ocurriera a lo largo de este año. La mayoría de las comunidades echan de menos más concreción en el plan y, sobre todo, una memoria económica que le acompañe. Sin embargo, la idea general es que es necesario tomar medidas para reducir la prevalencia del consumo, sobre todo en los más jóvenes.

460 jóvenes fuman por primera vez cada día

El ministerio de Sanidad ha aceptado 160 de las 180 propuestas y enmiendas que los gobiernos autonómicos han presentado para desatascar el Plan Integral para la Prevención y Control del Tabaquismo para el período 2024-2027. El proyecto incluye cambios como ampliar los espacios donde está prohibido fumar –las universidades, playas o vehículos en los que viajan embarazadas o niños pequeños– y añadir la modalidad del vapeo, que debe debatirse este miércoles en la comisión de salud pública. El encuentro monográfico, que comenzó a las diez, permitirá examinar al detalle el borrador, que debe aprobarse o tumbarse el viernes en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

García ha reconocido que la prohibición de fumar en las terrazas de la hostelería se ha valorado técnicamente y "se ha trabajado muy bien" con los responsables autonómicos. "Volveremos a poner a España a la vanguardia de la lucha contra el tabaco pese a las presiones que siempre se reciben", ha dicho, en alusión tácita al sector de la hostelería, que desde 2005 han denunciado que los cambios en torno al tabaco les eran perjudiciales económicamente. Según la ministra, hay que intentar que las nuevas generaciones no inicien el consumo de tabaco –se estima que 460 jóvenes prueban el tabaco todos los días– y ayudar a quienes quieren abandonar este hábito. "Existe un consenso social y científico sobre el hecho de que hay que dar pasos para acabar con esta adicción", concluyó.

En este sentido, el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo y la Asociación Contra el Cáncer han instado a las comunidades autónomas y al gobierno español a actuar con responsabilidad y buscar el mayor consenso posible para aprobar el nuevo plan antitabaco. Las organizaciones destacan positivamente que se incluyan medidas como la regulación de nuevos productos de tabaco, de los espacios libres de humo y mayor fiscalidad y control publicitario, pero han hecho un llamamiento a una "acción decidida", que lleve a una reforma legislativa, y que haya suficiente dotación presupuestaria para aplicarla.