Trabajar durante episodios de temperaturas extremas puede suponer un riesgo muy grave –incluso fatal– para la salud de quien aguanta toda una jornada laboral bajo el sol. A pesar de los deberes que tienen las empresas para prevenir estas situaciones, a menudo no los cumplen, y las muertes en el trabajo por culpa del estrés térmico siguen repitiéndose. El sábado, en plena ola de calor, una trabajadora del servicio de limpieza de Barcelona murió al llegar a casa después del trabajo.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado a la fundación que promueve la Sagrada Família por despedir a una trabajadora al día siguiente de que terminara el periodo que la protegía por haber tenido un hijo. Los magistrados consideraron nula la extinción de su contrato y consideran que el comportamiento de la entidad vulnera sus derechos fundamentales a la igualdad ya no sufrir discriminación. La sentencia recuerda que los 12 meses posteriores al nacimiento de un hijo garantizan una especial protección y durante este tiempo los despidos sin causa objetiva son nulos y no sólo improcedentes.

La sala social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha confirmado que el linfoma de Hodgkin que sufre un ex trabajador de Repsol en la petroquímica de Tarragona tiene origen profesional. La corte catalana ha desestimado los recursos interpuestos por la compañía energética y la mutua Fraternidad contra la sentencia previa del juzgado de lo social número 3 de Tarragona, según ha explicado este miércoles la cooperativa de abogados Colectivo Ronda, que ha asesorado al extrabajador. Esta primera decisión judicial ratificaba que existía un vínculo causal entre el cáncer linfático del empleado, al que le otorgaron la incapacidad permanente en 2019, y la exposición a agentes químicos, sobre todo el benceno, durante su actividad laboral en la planta tarraconense.

Mar tiene 62 años y hace más de 30 que le diagnosticaron el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Además, tiene síndrome de fatiga crónica, depresión mayor, deterioro cognitivo y un extenso cuadro clínico que le impide realizar vida normal y trabajar. Aún así, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le denegó en 2021 la situación de incapacidad permanente a instancias del Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas (ICAM) al considerar que podía desarrollar con normalidad una actividad laboral retribuida. Ahora, cuatro años después, el juzgado de lo social 33 de Barcelona ha dado la razón a la afectada y le reconoce el derecho a recibir una pensión de invalidez por su situación de incapacidad permanente absoluta.