Aunque también empiece a tener –no hace falta decirlo– sus negacionistas, el informe PISA sigue siendo un instrumento fiable y de referencia en el ámbito educativo. Los pésimos resultados que ha obtenido el Estado español en la última edición, claramente por debajo de la media europea en lectura y matemáticas, confirman todos los temores. El malestar de los docentes se expresa con huelgas y protestas el primer día de clase: criticar y devaluar estas protestas es una tentación en la que incurren algunos políticos y opinadores, pero eso es caer en el error clásico de matar al mensajero. Con sus movilizaciones, maestros y profesores vienen a dar la misma mala noticia que el informe PISA: la situación de la enseñanza pública no es sostenible y hay que trabajar en ella de forma extremadamente urgente y seria. Hay que trabajar sobre la realidad y no sobre palabras, discursos ni consignas. Existe una relación inversamente proporcional entre la naturaleza sumamente delicada del sistema educativo y el alud de voces que se ven con ánimo de dar su opinión con pretensiones de pontificar. Quienes mejor conocen las aulas son los que trabajan en ellas día a día, y es a ellos a quienes hay que escuchar y seguir.El desbarajuste es generalizado en todo el estado español, y Cataluña no es ninguna excepción: ni siquiera con la desviación ocasionada por una muestra desviada que ha invalidado las pruebas (algo mucho peor que un simple error, en un Gobierno que ha hecho de una supuesta buena gestión de los servicios públicos su bandera), los resultados obtenidos por Cataluña no son significativamente mejores que en España. Cataluña, que ha destacado siempre por ser un país avanzado en cuanto a calidad educativa con relación a su entorno, sí que tiene motivos para hablar, en este caso, de decadencia, de caída libre o de cualquier metáfora de la derrota. Tampoco se salva el País Vasco, que era la otra nación de la Península que tradicionalmente había destacado en materia educativa.Se debe respetar el derecho a la educación, dice el presidente Salvador Illa. Y tanto, solo que este derecho tiene unos apellidos que no se pueden dejar de decir: se debe respetar el derecho a la educación pública y de calidad. Y en catalán. Las comunidades autónomas tienen transferida la competencia educativa, y en muchas –gobernadas por el PP o por el PP con Vox– se constata una ofensiva frontal contra la educación pública en todos los niveles, desde la primaria hasta la universidad. En el País Valenciano y en las Baleares, y también en Aragón, la ofensiva es también contra la lengua catalana. Se pretende convertir la escuela pública en un espacio de conflicto, para asustar a las familias y redirigirlas a la concertada y la privada. En Cataluña la ofensiva política y judicial contra los que odian la escuela catalana viene de lejos y se añaden todo tipo de discursos y teorías que pretenden utilizar a los docentes y a los alumnos como conejillos de indias de toda clase de falsos debates. Dejad que los enseñantes enseñen, que los alumnos aprendan y respetad el derecho de huelga y el derecho a la educación pública, de calidad y en catalán.

La semana que viene, las escuelas e institutos volverán a abrir sus puertas. Miles de niños y adolescentes se reencontrarán con sus compañeros y compañeras, conocerán a los profesionales de la educación que les acompañarán cada día y retomarán una rutina que es mucho más que ir a clase: es aprender, crecer, relacionarse y encontrar un espacio de protección y de oportunidades.Y como cada año, volvemos a hablar del coste de los materiales, de si habrá suficiente profesorado, de las plazas públicas disponibles, del comedor escolar y de las condiciones de los centros educativos. Este año, además, hablamos de movilizaciones. Y también de qué pasará con las salidas que muchos centros dejarán de hacer.Pero no basta con hacer inventario de carencias cada mes de septiembre. Hay que preguntarse qué necesita realmente la educación pública catalana. Los problemas que volveremos a afrontar este septiembre no son nuevos, no son imprevistos y no se resuelven con parches. Son el resultado de decisiones políticas acumuladas año tras año.La educación pública no necesita gestos. Necesita una apuesta política clara, sostenida y honesta. Y esta apuesta empieza por cómo planificamos la oferta educativa. Hay que garantizar una red pública suficiente en cada territorio, para todos los niños y adolescentes, y reforzarla en lugar de debilitarla. Curso tras curso se cierran grupos en la escuela pública, y, paradójicamente, se mantienen, o incluso se amplían, conciertos educativos que no responden a las necesidades educativas reales del país.Y pasa también por una cuestión que ya no se puede aplazar más: la gratuidad de la educación pública. No es normal, ni lo ha sido nunca, que las familias tengan que asumir costes vinculados a la escolarización. Cada euro que una familia paga por escolarizar en la pública a su hijo o hija es una desigualdad más que el sistema tolera. El acceso a una educación pública de calidad no puede depender de la renta de cada hogar.Esta cuestión va más allá de los gastos estrictamente vinculados a lo que ocurre dentro del aula. Pensemos, por ejemplo, en el comedor escolar, que debería ser gratuito y universal y formar parte de una política educativa que garantice la equidad; o en las salidas y actividades que los centros incorporan a su proyecto educativo, y que actualmente pueden depender de las aportaciones económicas de las familias o de la disponibilidad de los profesionales para hacerlas posibles en función del centro. 

No hay día en que la actualidad no nos proporcione un motivo para pensar en profundidad en el estado del país y llegar a unas conclusiones provisionales pesimistas.

"Tengo una escuela muy cerca de casa, pero hay muchísimos alumnos vulnerables". "He descubierto un instituto con recursos, buenos maestros e instalaciones atractivas, pero acoge a demasiados inmigrantes e hijos de familias desestructuradas". "Me interesa el proyecto educativo de un centro, pero es de máxima complejidad…". Ahora que se acerca la preinscripción escolar, no es de extrañar oír frases como estas que hacen que nuestro sistema educativo todavía sufra una elevada segregación. El problema no está resuelto, aunque en 2019 se publicara el Pacto contra la Segregación Escolar, firmado por el Síndic de Greuges, la Generalitat y varios ayuntamientos.