Las empresas y autónomos se preparan para un nuevo cambio a la hora de facturar. A partir del próximo año, los sistemas de facturación que utilicen deberán cumplir unos nuevos estándares para facilitar el control de la Agencia Tributaria y combatir el fraude fiscal. El nuevo reglamento quiere hacer más fácil acreditar que una factura ha podido ser verificada por el organismo y de ahí el nombre como se le conoce: Verifactu.

En el último año Daria y Patricia han hecho el camino inverso. La primera —una cirujana llegada hace tres años de Ucrania por culpa de la invasión rusa— se ha hecho autónoma para poder cambiar su visado de estudiante por una residencia temporal y ahora trabaja como médica de urgencias para clínicas privadas: "Trabajé con un contrato de 20 horas en una familia cuando me homologaban el título permitiera conciliar y tener libertad total". Está contenta con esta opción y por el momento no tiene planes de volver a trabajar por cuenta ajena, aunque en algún momento prevé presentarse a las pruebas del MIR para abrir la vía de la sanidad pública.

Antoni Cañete (Barcelona, ​​1963) es el presidente de la patronal de la pequeña y mediana empresa de Catalunya, Pimec. En los últimos meses, la entidad ha sido de enhorabuena por la consecución de un "hito histórico" –como describe Cañete–: la entrada de la patronal en el Consejo Económico y Social (CES) estatal. Sin embargo, también vive un momento agridulce: una denuncia de la patronal de autónomos ATA en su homóloga UATAE por unas subvenciones mal pedidas ha acabado salpicando a la institución de Cañete, investigada por unos documentos presuntamente mal presentados. Este año la patronal celebra su 50 aniversario y el presidente asegura que la meta "no es sólo ocupar los espacios, sino liderarlos".

La entrada de la patronal catalana de pymes, Pimec, en el Consejo Económico y Social (CES) del Estado, organismo donde están las patronales y sindicatos más representativos, no ha gustado a todo el mundo. El consejo de ministros aprobó ayer un cambio normativo que permite la entrada de Pimec en el organismo, y las patronales madrileñas CEOE, Cepyme y la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), así como la catalana Foment del Treball, han manifestado su malestar con la decisión del gobierno español, alegando que "dinamita" el diálogo social.