Hace unas semanas el ARA publicaba un reportaje que ponía sobre la mesa que todos los grandes hospitales públicos del Institut Català de la Salut y los centros de atención primaria (CAP) históricos están adscritos a la Generalitat. Sin embargo, en muchos casos, la titularidad no corresponde al gobierno catalán, sino a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). Esta situación obliga a la Generalitat a asumir los costes de mantenimiento, reformas e inversiones de unos equipamientos de los que no es propietaria. Este miércoles, el diputado de ERC Carles Campuzano, a raíz del artículo del ARA y la investigación de la historiadora Neus Morán, ha llevado esta cuestión al Parlament, y la consejera de Economía, Alícia Romero, se ha comprometido a negociar con el estado el traspaso de la titularidad de los edificios.

La Asociación Promotora del Centro de Cultura de Mujeres Francesca Bonnemaison (la Bonne), un espacio de encuentro, intercambio y creación de proyectos culturales feministas que aglutina más de un centenar de colectivos de mujeres, lleva más de diez años batallando con la Diputació de Barcelona para continuar en el edificio Francesca Bonnemaison, en la calle Sant Pere Més Baix de Barcelona. El último paso ha sido reclamar formalmente a la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, la reversión del inmueble basándose en la ley de memoria democrática. El argumento es que en 1941, en pleno contexto de posguerra, se firmó una escritura de cesión a la Diputació que la asociació tilda de "verdadera expoliación".

En 1942, la Universidad de Barcelona (UB) necesitaba obras de arte para decorar sus salas. Había una manera de obtenerlo sin desembolsar dinero: el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional (SDPAN). Cuando estalló laGuerra Civil, en julio de 1936, la Generalitat intentó proteger el patrimonio. Para preservarlo de las bombas, se incautó y trasladó decenas de miles de obras a diferentes depósitos de Barcelona, ​​Olot, Manresa, Vic, Girona, Poblet, Viladrau... Cuando los franquistas ganaron la guerra, los republicanos les entregaron voluntariamente las piezas procedentes de colecciones privadas y públicas, de monasterios. Todo ello pasó a manos del SDPAN, que a partir de 1939 empezó a devolverlo a sus propietarios. Pero muchas devoluciones nunca culminaron.

Todos los intentos que se han hecho para reclamar el retorno del patrimonio y del dinero que fueron a parar a manos de España con el expolio franquista han fracasado. Pero Caldes de Montbui espera que esto cambie. "Hasta ahora nunca se ha conseguido, pero con la nueva ley de memoria democrática española se ha abierto una brecha", asegura Daniel Vallès, abogado y profesor de historia del derecho en la UAB.