¿Por qué el CAP Paseo de Maragall aún figura a nombre de un sindicato franquista?

BarcelonaEl actual CAP Passeig de Maragall, en el distrito de Sant Martí de Barcelona, todavía figura hoy –medio siglo después de la muerte de Franco– a nombre de la Falange Española (FET y de las JONS). A pesar de que la Generalitat gestiona el centro y asume todos los costes de mantenimiento, la titularidad registral continúa en manos del aparato político de la dictadura. Este es el hallazgo más desconcertante de la investigación de la historiadora Neus Moran, que documenta cómo el Estado blindó el patrimonio sanitario procedente del expolio franquista antes del traspaso de competencias.

Prácticamente todos los grandes hospitales públicos del Institut Català de la Salut y los centros de atención primaria (CAP) históricos están adscritos a la Generalitat. Sin embargo, se da una paradoja: en muchos casos, la titularidad no corresponde al gobierno catalán, sino a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). Esta situación obliga a la Generalitat a asumir los costes de mantenimiento, reformas e inversiones de unos equipamientos de los que no es propietaria. En otras palabras, tiene la gestión pero no el patrimonio. Hay otras consecuencias. La cesión de los edificios está condicionada estrictamente al uso sanitario. Si un centro queda en desuso, como ha pasado con el antiguo CAP Sant Elies (Barcelona), o como pasará cuando el Trueta de Girona se traslade a la nueva ubicación, la Generalitat no puede decidir su futuro. La TGSS tiene la última palabra y puede bloquear cualquier uso alternativo para el barrio.

No es que la TGSS haya ido invirtiendo y adquiriendo patrimonio a lo largo de 50 años de democracia. Creada en septiembre de 1978, se constituyó como el organismo encargado de administrar el patrimonio del sistema de la Seguridad Social. Al nacer, heredó un legado amplio y heterogéneo procedente del extinto Instituto Nacional de Previsión (INP) y de la Obra Sindical 18 de Julio, la rama sanitaria del sindicato vertical del régimen franquista. Durante la dictadura, el INP era quien movía los hilos de la seguridad social y quien construyó algunos de los grandes hospitales (como el actual Hospital Vall d'Hebron, que originalmente se llamaba Residencia Sanitaria Francisco Franco).

Una parte sustancial de este patrimonio tiene su origen en las confiscaciones de la dictadura, que afectaron tanto al movimiento obrero y asociativo como a instituciones y particulares. El CAP Passeig de Maragall había sido, antes de la dictadura, la clínica Ginecós, pero con la victoria franquista pasó a manos del sindicato vertical fascista. "Es un caso chocante", afirma Moran, Premio Ciutat de Barcelona 2025 por la investigación L'espoli general (L'Avenç). Sorprendentemente, según los datos registrales, y como ha podido comprobar el ARA en el Registro de Propiedad, el inmueble todavía está inscrito a nombre de la "Delegación Nacional de Sindicatos de la F.E.T. y de las J.O.N.S." La gran pregunta es: ¿cómo puede ser que, en pleno siglo XXI, un partido fascista que fue suprimido en 1977 aparezca como titular de un CAP?

¿Cómo pasó a manos de la Falange?

El Instituto Ginecós nació en 1923 como una sociedad anónima impulsada por un grupo de médicos –Climent Selvas, Enric Baldocchi, Emili Ardèvol, Joan Riera y Salvador Casanovas– y el industrial Josep Lafitte. El centro, especializado en ginecología y obstetricia, se ubicó en la calle de la Garrotxa (actualmente, paseo de Maragall) con un equipo médico estable y unas instalaciones punteras para la época: una sesentena de habitaciones, quirófanos de última generación y calefacción central. En 1925 se construyó un segundo pabellón y se emitieron acciones.

y así consta en el listado de formaciones políticas del ministerio del Interior)

"El edificio del antiguo hospital Ginecós se integró en la Obra Sindical 18 de Julio como Clínica Victoria. La operación, formalizada en noviembre de 1942, incluía la donación del material quirúrgico y de 10.000 pesetas a la nueva institución, un hecho realmente desconcertante", explica Moran. El centro pasó a formar parte del Seguro Obligatorio de Enfermedad (SEO), tenía una dotación de 140 camas y trataba especialidades quirúrgicas, pacientes crónicos y jubilados. "En un catálogo de hospitales de 1963, aparecen como patrimonio de la Obra Sindical 18 de Julio solo dos hospitales de Barcelona: la Clínica Victoria, clasificada como centro quirúrgico de ámbito provincial y dependencia patrimonial de la Secretaría General del Movimiento, y el Hogar Enfermería Oftálmico Santa Lucía, en la calle Anglí", detalla Zarzoso. La falta de inversión durante el franquismo degradó su aspecto. Después de un tiempo en desuso, el edificio fue derribado en febrero de 1989. En el mismo solar, se edificó el nuevo CAP Passeig de Maragall, que inauguró el 8 de noviembre de 1997.

¿Cómo puede ser que en 2026 continúe a nombre de la Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FET y de las JONS)? "En principio no puede ser porque la Falange histórica desapareció en abril de 1977 y, por lo tanto, es una negligencia de la administración. Es un caso de dejadez. Hoy día hay otras falanges (y así consta en el listado de formaciones políticas del ministerio del Interior) que son grupos fascistas, pero no querría pensar que son los titulares", afirma Thomàs.

La clínica Ginecós es solo uno de los 110 inmuebles estudiados por Moran para documentar el origen del patrimonio sanitario que la Generalitat ocupa desde el traspaso de competencias acordado en 1981, pero que sigue bajo titularidad estatal. La investigación de Moran, que ha podido consultar el ARA después de solicitarlo a través de Transparencia, ha topado con una opacidad administrativa persistente, y seguir el rastro documental es, todavía hoy, una tarea compleja. "No he podido acceder a los historiales de registro de propiedad –explica Moran–. La falta de documentación dificulta reconstruir este mapa. Además, no se conserva ningún inventario completo del patrimonio de la Generalitat durante la Segunda República, aunque hay constancia los años 1932 y 1937".

Moran ha podido trazar la titularidad de 97 de estos inmuebles. "Un detalle clave revela la estrategia del Estado: el 50% de los edificios que constaban a nombre de organismos franquistas fueron inscritos formalmente en los registros entre 1975 y 1978. Esta inscripción masiva, justo antes de las transferencias de competencias, sirvió para blindar la propiedad a favor del Estado (a través de la TGSS) y evitar que los bienes retornasen directamente a la Generalitat o a sus propietarios originales", dice la historiadora.

No era un secreto: la carta de 1995

La anomalía del CAP Passeig de Maragall no ha pasado desapercibida para la administración, pero ningún gobierno ha dado el paso definitivo para corregirla. En el año 1995, durante la tramitación del nuevo CAP Passeig de Maragall, un informe urbanístico ya advertía que el solar seguía a nombre de la Delegación Nacional de Sindicatos. Así lo ha podido comprobar este diario en el Archivo de Sant Martí. En el documento se especifica que la situación se está regularizando dentro del proceso de transferencia del Estado a la Generalitat y se precisa que la cesión de vial corresponden al paseo de Maragall "no puede ser cedida hasta que registralmente la finca esté a nombre del Institut Català de la Salut". Aun así, en 1997 se inauguró el nuevo edificio sobre una finca que, oficialmente, tiene un gran misterio. Según el Registro de la Propiedad, todavía pertenece al aparato político del franquismo, y según el inventario de patrimonio que la Generalitat tiene abierto, es propiedad de la TGSS.No es el único caso singular. "Entre 1958 y 1961, el Ayuntamiento de Barcelona también completó la cesión por permuta al Instituto Nacional de Previsión del inmueble donde actualmente funciona el CAP Sant Andreu. El edificio y los terrenos habían sido adquiridos en 1952 por la Edificadora Barcelonesa S.A., promotora de confianza del poder municipal, sin que haya una información clara sobre los primeros propietarios", detalla Moran. La historiadora ha rastreado otros edificios: el CAP Sant Martí de Provençals, en la calle Fluvià, se ubica en unos terrenos adquiridos por la Comisión de Urbanismo en 1958 y registrados posteriormente, en 1967, a nombre del Instituto Nacional de Previsión. El CAP Gavà también fue donado por el ayuntamiento del municipio al INP en 1975 con la condición de construir un ambulatorio; en 1983, dos años después del traspaso de competencias a la Generalitat, la TGSS inscribió el dominio a su favor. El CAP Doctor Robert de Badalona, antigua Casa Sindical Comarcal, y el CAP Montcada i Reixac, antes Casa Sindical Local, fueron donados al INP por las delegaciones locales de la Hermandad de Labradores y Ganaderos, organismo encuadrado en el Sindicato Vertical, los años 1957 y 1971.

Algunos de los grandes proyectos que sí que hizo realidad la dictadura, como el Hospital Vall d’Hebron, ya habían formado parte del plan político de la Segunda República. Tres miembros destacados del Grupo de Arquitectos y Técnicos Catalanes para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea (Gatcpac), Josep-Lluís Sert (futuro decano de arquitectura en Harvard), Josep Torres-Clavé y Joan B. Subirana, los autores del Dispensario Central Antituberculoso (1934) del Raval de Barcelona, proyectaron en 1936 el gran Hospital Antituberculoso de la Vall d'Hebron: un nuevo equipamiento sanitario de 9 plantas y 400 camas, en el mismo lugar donde se acabó levantando el actual centro hospitalario. "Una situación similar se produjo con el patrimonio de la Mancomunidad extinta durante la dictadura de Primo de Rivera. Entonces muchos inmuebles pasaron al Estado, pero con la República se devolvieron a la Generalitat. En aquel momento, hubo voluntad política para hacerlo", dice Moran.

¿Y qué pasa con la sede del Instituto Catalán de la Salud?

Hay más casos insólitos que Moran ha encontrado a lo largo de su investigación. En la Gran Vía de las Cortes Catalanas de Barcelona, donde ahora está la sede del Instituto Catalán de la Salud, se situaban diversos edificios de propiedad privada –como la Casa Bonet o la Casa Viuda Baixeras– que quedaron afectados por los bombardeos de marzo de 1938.

Después de la guerra, la Ponencia de Reconstrucción del Ayuntamiento de Barcelona, presidida por Ignasi Ventosa Despujol, asumió la gestión de la reconstrucción urbana, incluyendo la concesión de permisos de obra, la recuperación de bienes y la planificación de nuevas actuaciones. En algunos casos, los propietarios fueron obligados a derruir los edificios y asumir los costes, una situación que generó quejas y litigios. Hay constancia de diversas solicitudes de reconstrucción que quedaron paralizadas durante años, mientras la administración avanzaba en proyectos propios.

El 8 de enero de 1940, por ejemplo, Dolors Batlló Bofill, entonces esposa del farmacéutico Josep Andreu Miralles, presentó una solicitud para reconstruir el edificio del número 589. La petición incluía el proyecto técnico, los planos correspondientes y una solicitud de exención de pago de las tasas de obra, dado que se trataba de un inmueble catalogado como afectado por los daños de la guerra. A pesar de cumplir con los requisitos administrativos, el expediente número 2553 quedó paralizado durante años, probablemente porque ya se había previsto la adscripción del solar a la construcción de la futura sede del Instituto Nacional de Previsión.

En febrero de 1945 el arquitecto municipal remitió un escrito a la Comisión de Urbanismo en el que indicaba que no constaba ninguna documentación presentada por la familia Batlló. En el informe se señalaba: “No consta haber presentado ninguna solicitud ni documentación, ni existe ningún vestigio de obras iniciadas en el solar, que, junto con los inmuebles adyacentes derruidos hasta la línea de la Gran Vía, es propiedad del Instituto Nacional de Previsión para la construcción de un edificio social, según el anuncio instalado en el mismo emplazamiento”. Actualmente, el edificio también es titularidad de la Tesorería General y es la sede del Instituto Catalán de la Salud.