Ayuntamiento y vecinos abren la negociación por la escalinata de la Sagrada Familia

BarcelonaEl baile ha comenzado. El Ayuntamiento de Barcelona y los vecinos de la Sagrada Familia han abierto formalmente la negociación para cerrar uno de los frentes urbanísticos más candentes de la ciudad: el futuro de la escalinata de la Glòria. Según han explicado diversas fuentes a el ARA, el pasado jueves se celebró la primera reunión oficial entre el gobierno municipal –con el concejal del Eixample, Jordi Valls, al frente– y representantes de la asociación de vecinos de la Sagrada Familia y de la plataforma de afectados por la construcción del templo.

Una semana antes de que el papa León XIV bendiga la torre de Jesús, el consistorio y los vecinos se encontraron cara a cara para empezar a explorar la posibilidad de un acuerdo. No había en la reunión ningún representante de la Sagrada Familia, que siempre ha defendido una negociación bilateral con el Ayuntamiento, con quien ya ha ido cerrando un preacuerdo en los últimos meses. De hecho, el pasado mes de marzo el presidente delegado de la Junta Constructora de la Sagrada Familia, Esteve Camps, aseguró que el pacto con el consistorio estaba "cerca".

Llegados a este punto, el consistorio intenta cuadrar el círculo consiguiendo también un consenso con los vecinos. Pese al hermetismo sobre el contenido del encuentro, después de la primera toma de contacto las dos partes subrayan su voluntad de llegar a un pacto. Admiten, sin embargo, que no será fácil. Sobre la mesa hay tres cuestiones principales: cuántos vecinos estarán finalmente afectados por la escalinata; dónde se les realojará o cómo se les indemnizará; y quién y cómo pagará una operación que, según algunos cálculos, podría moverse alrededor de los 150 o 200 millones de euros.

El objetivo no es fácil porque el conflicto viene de lejos. Después de años con la escalinata apareciendo y desapareciendo de planos y documentos, finalmente en 1976 el Plan General Metropolitano (PGM) recogió formalmente la afectación de las dos islas que hay delante del templo –las que hay entre las calles Mallorca, Aragón, Cerdeña y Marina– para hacer allí una avenida de 60 metros de anchura. Un paseo que condujera prácticamente desde la avenida Diagonal hasta la puerta de la fachada de la Gloria, a la cual se accedería a través de una escalinata que pasaría por encima de la calle Mallorca. Este planeamiento supondría el derribo de las casas que hay en estas dos islas.

Delimitar la zona afectada

Acotar la zona afectada es el primer reto. Las últimas propuestas de los gobiernos de Xavier Trias y de Ada Colau reducían la anchura del paseo de 60 a 40 metros para limitar la afectación sobre las casas, pero no queda claro si el proyecto del gobierno de Jaume Collboni mantiene esta limitación. Una vez se acote esta parte, habrá que saber cuántos de los vecinos aceptarán una indemnización económica y cuántos hay que realojar en un piso en el mismo barrio.

Está por ver si el solar de las Aguas que adquirió en 2019 la Sagrada Familia –en la isla contigua, entre Marina, Lepant, Mallorca y Valencia– tiene suficiente capacidad para hacer un edificio donde quepan todos los vecinos realojados o si, por el contrario, hay que encontrar más solares en la zona. Que todo el mundo que lo necesite tenga una solución residencial ha sido siempre una de las líneas rojas de los vecinos para poder cerrar un pacto.

Hace dos años, el gobierno municipal se comprometió a resolver esta carpeta en este mandato. El jueves empezó la cuenta atrás de menos de un año para conseguirlo. Pero en el caso de que consiga cerrar una propuesta con los vecinos que también sea aceptada por la Sagrada Familia, todavía quedaría camino por recorrer. Más allá de posibles litigios judiciales, el pacto necesitaría en el futuro la aprobación del pleno del Ayuntamiento.