La hora de la verdad para la escalinata de la Sagrada Familia

BarcelonaEl litigio urbanístico más longevo de Barcelona llega a la hora de la verdad. Coronada la torre de Jesús, la Sagrada Familia ya mira definitivamente hacia la fachada de la Gloria. Y con ella, resucita uno de los debates que más pasiones ha generado entre arquitectos, historiadores y vecinos: la escalinata. Esta semana el presidente delegado de la Junta Constructora del templo, Esteve Camps, aseguró que el acuerdo con el Ayuntamiento de Barcelona para desatascar el proyecto está "cerca". Y entre los vecinos afectados, que hace medio siglo que esperan el veredicto, se impone la sensación de que, esta vez sí, ha llegado el momento.

"Esto se tiene que cerrar y va camino de cerrarse", admite el presidente de la Asociación de Vecinos de la Sagrada Familia, Gabriel Mercadal. En caso de confirmarse, sería un hito histórico. Después de años con la escalinata apareciendo y desapareciendo de planos y documentos, finalmente en 1976 el Plan General Metropolitano (PGM) recogió formalmente la afectación de las dos islas que hay delante del templo –las que hay entre las calles Mallorca, Aragón, Sardenya y Marina– para hacer una avenida de 60 metros de anchura. Un paseo que condujera prácticamente desde la avenida Diagonal hasta la puerta de la fachada de la Gloria, a la cual se accedería a través de una escalinata que pasaría por encima de la calle Mallorca.

Este planeamiento supondría el derribo de las casas que hay en estas dos islas. Algunas desde antes incluso de que Gaudí dibujara por primera vez la escalinata. Otras, construidas in extremis antes de la aprobación del PGM. Es el caso del bloque de pisos de Núñez y Navarro que, gracias a un informe de la comisión de Patrimonio Histórico Artístico del ministerio de Educación y Ciencia, se pudo levantar solo un año antes de que el planeamiento calificara aquel terreno de zona verde en previsión de la escalinata. Un edificio a solo veinte metros de la fachada de la Gloria y que se convirtió desde aquel controvertido proceso en símbolo del serial sobre la escalinata.

Desde entonces, y sobre todo a medida que las obras del templo avanzaban y hacían inevitable el debate, los diferentes gobiernos municipales han intentado cerrar una propuesta que aterrizara aquel proyecto reduciendo su impacto. Lo hizo el gobierno de Xavier Trias de la mano del arquitecto Enric Massip, limitando el ancho del paseo a 40 metros. También el ejecutivo de los comunes, con un proyecto del arquitecto jefe Xavier Matilla que reducía la afectación sobre los vecinos. Hace dos años, fue el gobierno de Jaume Collboni quien asumió el reto de cerrar esta carpeta con la promesa de resolver el rompecabezas este mismo mandato.

Aunque entre todas las partes se es optimista a la hora de cerrar un acuerdo, por ahora se desconoce el contenido de unas conversaciones en las que el Ayuntamiento tiene la última palabra y que deben resolver principalmente tres cuestiones: cuántos vecinos de estas dos islas del Ensanche estarán finalmente afectados; dónde se les realojará o cómo se les indemnizará, y quién y cómo pagará una operación que, según algunos cálculos, podría moverse alrededor de los 150 o 200 millones de euros. Todo esto es lo que hace tiempo que el cuarto teniente de alcaldía, Jordi Valls, intenta cerrar en las conversaciones que mantiene, por un lado, con los vecinos y, por otro, con la Sagrada Familia.

Mientras tanto, los vecinos esperan expectantes el veredicto que ponga fin a medio siglo de incertidumbre. "Vives con mucha angustia porque quien tiene que definir no define", lamenta Salvador Barroso, presidente de la plataforma de afectados por el templo. Admite, sin embargo, que ve el desenlace cercano. "Ahora ya estamos al final del camino. ¿Cómo acabará? No lo sé", expone. Algunos viven muy cerca del templo y tienen asumido que el suyo será uno de los pisos afectados, pero no saben ni cómo ni cuándo. Otros, como los vecinos de la calle Valencia, ni siquiera están seguros de si finalmente algún día tendrán que marcharse.

Es el caso de Alicia e Ignasi Busquets, dos hermanos que tienen un piso cada uno en la acera de montaña de la calle Valencia y que, explican, hace años que conviven con la expectación de qué pasará en su casa. Como ellos, muchos vecinos dudan a la hora de reformar, por ejemplo, un lavabo o una cocina porque no saben si les compensará. Los hermanos Busquets también tienen la sensación de que la resolución del proceso está al caer. "Con la inauguración de la cruz ya ves que llega el momento", explican desde la azotea de su bloque, desde donde se observa perfectamente la fachada de la Gloria y, frente a ellos, el edificio de Núñez y Navarro y las dos manzanas de casas afectadas.

"Lo que más nos preocupa es que se llegue a una solución que no sea definitiva y que no sirva a todo el mundo", dicen. Admiten, también, que tienen vecinos que, cansados de convivir con un turismo que ha saturado el espacio público y transformado el comercio del barrio, prefieren cobrar una indemnización y buscar un lugar donde vivir fuera del barrio a ser realojados a pocas calles del templo.

Reubicar a los vecinos

Esta será otra de las claves del proceso que deberá abrirse una vez se cierre el acuerdo para delimitar la zona finalmente afectada y se establezca el protocolo para los vecinos de los bloques que habrá que derribar: saber exactamente cuántos hay que realojar. De estos, una parte ya es claro que irán a parar al solar de un nuevo edificio que se levantaría en la isla contigua, al solar de les Aigües –entre Marina, Lepant, Mallorca y València–, y que la Sagrada Família adquirió ya en 2019 en previsión. Hará falta, sin embargo, encontrar también otros solares en la zona para poder ofrecer soluciones de vivienda a todos los vecinos afectados que las necesiten.

"Entenderemos que no está resuelto si hay problemas para asegurar la vivienda de todos", avisa también Mercadal, que sostiene que "se trata de conseguir una solución equilibrada y aceptable". El acuerdo deberá hilar muy fino porque deberá dar respuesta a todos. A los propietarios de pisos que viven allí y a los que no, a los inquilinos con contrato vigente en el momento de la operación y también a los comerciantes como Pep Bransuela, que acaba de reformar la farmacia de la calle València en la que trabaja desde hace 19 años y que ahora regenta. Explica que, a pesar de ser un local afectado por el planeamiento de 1976, decidió tirar adelante la reforma porque la farmacia lo pedía. "Tienes la inseguridad de no saber qué hacer", admite.

La visita del Papa

Por eso entre los vecinos hay inquietud por el resultado del acuerdo, pero también ganas de cerrar una carpeta que los ha mantenido con el alma en vilo durante medio siglo. Entre los consultados existe la sensación de que la visita del papa León XIV el 10 de junio para inaugurar la torre de Jesús tiene que acabar de precipitar los acontecimientos. Se dividen, sin embargo, entre los que creen que el acuerdo se cerrará antes para evitar que cualquier protesta vecinal pueda enturbiar la visita del pontífice, y los que opinan lo contrario: que para no agitar el debate no será hasta justo después de que se haya marchado León XIV que se abrirá definitivamente este melón.

Un acuerdo que, en caso de cerrarse y más allá de posibles litigios judiciales, aún requeriría otro paso no menor. El gobierno municipal debería obtener el apoyo de la mayor parte del consistorio para tirar adelante la reforma del PGM de 1976. Y todo, a menos de un año para las elecciones municipales de 2027. Sin embargo, la cuenta atrás para la escalinata de la Sagrada Familia ha comenzado.