Arantxa Mejías dice haber recibido un regalo de Navidad por adelantado después de que el 5 de diciembre el Tribunal Supremo confirmara que los inquilinos de unos pisos de protección oficial que la Comunidad de Madrid vendió a un fondo buitre pueden comprarlos al mismo precio. Es un gran hito después de muchos años de lucha, y por eso estamos contentos", expresa Mejías en una conversación con el ARA. Ella es una de las afectadas que ha liderado la batalla judicial, aunque su caso todavía está pendiente de resolverse. La sentencia del Supremo, sin embargo, es un balón de oxígeno: "Supone un precedente para muchas familias", asegura la vecina, que cifra en un centenar los hogares que podrían beneficiarse de la decisión.

Quien fue la alcaldesa de Madrid entre 2011 y 2015 (primera mujer que ocupó este cargo, antes de que la sucediera Manuela Carmena) malvendió 1.860 pisos de protección pública a un fondo buitre internacional, Blackstone, a precio de saldo: 68.000 euros cada uno de los pisos, muy golosos porque están situados en las zonas más céntricas de Madrid. En el paquete también entraban una importante cantidad de trasteros y plazas de aparcamiento. El total de la operación ascendió a 72,8 millones de euros, y se produjo en 2013. A finales de 2018, el Tribunal de Cuentas condenó a Ana Botella a pagar 25,7 millones de su bolsillo, por resarcir los perjuicios que había causado esta venta al erario público. Sin embargo, al cabo de unos meses el mismo tribunal revocó la condena por dos votos a uno. Ambos votos eran de consejeros del Tribunal de Cuentas propuestos por el PP, y una en concreto era Margarita Mariscal de Gante, que había sido ministra de Justicia con José María Aznar, marido (posiblemente no lo sabíais) de Ana Botella. Los inquilinos de los 1.860 pisos vendidos quedaron en una situación de total indefensión frente al fondo buitre, que naturalmente había comprado los pisos para especular vendiéndolos por cantidades que multiplicaban por cuatro y por cinco el precio de patatón que habían pagado.

El Ayuntamiento de Santa Perpetua de Mogoda me ha remitido una queja sobre el artículo de Pol Casaponsa publicado el pasado 26 de abril con el título "Tres ciudades catalanas son las que tienen el aire más contaminado de España (y ninguna es Barcelona)": Granollers, Mollet y Santa Perpètua. La fuente es el último Informe Mundial de la Calidad del Aire de la empresa suiza IQAir, que precisa que, de acuerdo con los datos de 2023, “los tres municipios llegan a triplicar la cifra de partículas en suspensión recomendada por la OMS”, según me destacan en su correo. Las partículas finas aludidas, PM_2.5, por su tamaño ínfimo pueden entrar en sangre, por lo que son “consideradas la forma más mortífera de contaminación atmosférica”, según señala el articulista.