El rechazo de los cuatro fiscales del Proceso a defender la aplicación de la ley de amnistía a Oriol Junqueras y al resto de líderes independentistas condenados por malversación ha situado a Ángeles Sánchez Conde en el foco. La número dos del fiscal general del Estado ha sido la encargada de firmar los informes que reclaman la extinción de la responsabilidad penal por los hechos del 1-O, que ya están sobre la mesa de los magistrados del Tribunal Supremo Manuel Marchena y Pablo Llarena. No es la primera vez que la teniente fiscal del Supremo debe tomar las riendas de un caso relacionado con el independentismo para resolver un conflicto interno. Hace unos meses la discrepancia dentro del ministerio público sobre si debía investigarse Carles Puigdemont por terrorismo en el alto tribunal la llevó a responsabilizarse del caso de Tsunami Democrático, que instruye Susana Polo. En ese momento, Sánchez Conde defendió sin éxito que la respuesta debía ser que no. Esta semana ha pedido aplicar la amnistía al expresidente de la Generalitat.