La Fiscalía concluye finalmente que no existen indicios de terrorismo contra Puigdemont
La teniente fiscal del Supremo reclama que la causa de Tsunami se mantenga en la Audiencia Nacional
MadridInformes a favor y también en contra para evidenciar la división en la Fiscalía hasta llegar al momento definitivo: la Fiscalía del Tribunal Supremo, finalmente, defiende que no hay indicios de terrorismo contra Carles Puigdemont y Ruben Wagensberg por el caso de Tsunami Democrático. En el escrito que ha elaborado la teniente fiscal del alto tribunal, María Ángeles Sánchez Conde, se concluye que la causa debe seguir instruyéndose en la Audiencia Nacional y no en el Supremo. La número 2 del ministerio público, pues, enmienda la gran mayoría de fiscales del Supremo, que este miércoles hicieron correr un escrito redactado por Fidel Cadena –uno de los fiscales del juicio del Proceso– en el que situaban a Puigdemont como "líder absoluto" de la plataforma de movilización tras la sentencia de Manuel Marchena de octubre de 2019 y veían indicios claros de terrorismo. Más allá de la petición de la Fiscalía, sin embargo, serán los jueces de la sala segunda del Supremo quienes decidirán si asumen o no la investigación.
"El examen detallado de los indicios revela que en realidad nos encontramos ante simples conjeturas o sospechas que no permiten la atribución de ningún hecho delictivo a Puigdemont, ni siquiera con la provisionalidad propia del momento procesal. Ninguno de los hechos señalados como a indicios, ni examinados en su concreta significación, ni presos en su totalidad –como hay que hacer–, permiten inferir de forma razonable la participación del inculpado en la plataforma Tsunami Democrático, más bien parece al contrario: que descartan la su intervención", asegura Sánchez Conde, que avala las mismas conclusiones del primer informe –rechazado por la Junta de Fiscales del Supremo– elaborado hace unas semanas por el fiscal Álvaro Redondo.
Algunos de estos indicios que se mencionan en la instrucción del juez Manuel García-Castellón son una reunión en Ginebra los días 30 y 31 de agosto del 2019 con dirigentes independentistas en los que el magistrado intuye que se habló de Tsunami . La fiscal se pregunta por qué se responsabiliza a Puigdemont y no al resto de participantes de ese encuentro. También se incrimina al expresidente por unos mensajes con el también investigado Josep Campmajó, en el que éste le dice que las protestas pueden ser perjudiciales para su estrategia en el exilio. "En consecuencia, es poco verosímil pensar que el propio Puigdemont liderara estas acciones", considera la fiscal. Puigdemont alertaba del peligro de que hubiera algún muerto, algo que también le eximiría, según Sánchez Conde: "Es sorprendente que a alguien que se expresa temeroso de los disturbios y se manifiesta en contra de una eventual víctima mortal se le pueda atribuir penalmente ".
En relación a Wagensberg, la teniente fiscal considera que ni siquiera está acreditado que él sea el usuario Konan en una aplicación de mensajería que utilizaban algunos de los investigados. Y si lo fuera, "las conversaciones mantenidas con los demás implicados ponen de relieve que era consultado sobre posibilidades técnicas –comunicados a las redes y la creación de una aplicación– para contribuir al lanzamiento del movimiento, pero que fuera consultado no permite situarlo lo en la dirección de Tsunami".
División en la Fiscalía
El 6 de febrero se celebró una reunión del consejo fiscal del Supremo en la que 12 de 15 miembros tumbaron la propuesta de Álvaro Redondo, que planteaba oponerse a la petición del juez Manuel García-Castellón de elevar la causa al Supremo, dado que Puigdemont y Wagensberg tienen la condición de aforados. Un criterio, el de Redondo, distinto al que de entrada tenía: antes del escrito definitivo, había redactado un borrador en el que defendía la investigación por terrorismo en Puigdemont en el Supremo. De ese encuentro del consejo fiscal salió la decisión de pasar el balón a la teniente fiscal del Supremo, Sánchez Conde, máxima responsable de la institución tras el fiscal general del Estado, ya que los dos fiscales jefe del Supremo, Fidel Cadena y Joaquín Sánchez-Covisa, tenían opiniones discrepantes.
No hay ninguna sorpresa en la decisión final que ha tomado Sánchez Conde. Es conocido que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, es partidario de no acusar por terrorismo –en la Audiencia Nacional ya ha habido un giro y el posicionamiento es el de acusar por desórdenes públicos agravados y enviar el caso a Catalunya– y su número 2 es una persona afín. Hace unas semanas ejerció de testigo en su toma de posesión, tras ser reelegido en el cargo a raíz de la investidura de Pedro Sánchez. Ahora bien, no deja de ser una constatación de la guerra abierta que existe entre la cúpula del ministerio fiscal y los miembros de la Fiscalía en el Supremo, la mayoría alineados con las tesis más duras que lideran Cadena, Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza, que intentaron una condena por rebelión contra los presos políticos.
Al preguntarle en los pasillos del Congreso, la vicepresidenta segunda del gobierno español, Yolanda Díaz, no quiso entrar en el criterio de la Fiscalía porque desconocía la noticia, si bien quiso dejar claro que rechaza las acusaciones de terrorismo en Tsunami Democrático. "El movimiento independentista en nuestro país es pacífico", ha destacado.
