Los fiscales del Supremo reclaman abrir causa por terrorismo contra Puigdemont y el Tsunami

Madrid / BarcelonaLa mayoría de fiscales del Tribunal Supremo vuelven a chocar contra la estrategia de Pedro Sánchez de deshinchar las causas relacionadas con el Proceso, en concreto la de Tsunami Democrático. Este martes hasta once de los quince miembros de la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo han reclamado abrir la causa por terrorismo en el alto tribunal contra el expresidente Carles Puigdemont. Una mayoría aún más amplia –12 a 3– consideró que existen indicios de terrorismo y lo hizo en contra del criterio del fiscal nombrado ponente por esta causa, Álvaro Redondo, que se había mostrado contrario a la investigación en un informe compartido con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. De esta manera se abre una guerra dentro de la Fiscalía: ahora será la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María de los Ángeles Sánchez Conde, quien tendrá que resolver las discrepancias.

Fuentes fiscales informan que durante la reunión de esta mañana ha habido divergencias entre los dos fiscales jefe de la Junta, Fidel Cadena y Joaquín Sánchez-Covisa, y que los cuatro fiscales jefe de la sección penal han elevado estas diferencias a la teniente fiscal del Supremo, que será quien finalmente tomará una decisión . Designada como fiscal del alto tribunal en 2021 por Dolores Delgado, ex fiscal general del Estado y ex ministra de Justicia con el PSOE, se convirtió en enero de 2022 en la primera mujer en ocupar el segundo máximo cargo de la estructura del ministerio público: teniente fiscal del Supremo. Hace unos días acompañó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en su toma de posesión, después de que Pedro Sánchez lo nombrara por segunda vez.

La Moncloa se ha apresurado a recordar este martes que el ministerio público es un cuerpo jerárquico. "De acuerdo con los estatutos del ministerio fiscal, la decisión definitiva deberá adoptarse por los órganos que establezca la normativa", ha manifestado la portavoz del gobierno español, Pilar Alegría, en su rueda de prensa posterior al consejo de ministros. Y es que en una última instancia, todavía podría intervenir García Ortiz. Muy cercano a la exministra socialista Delgado y sucesor suyo en la Fiscalía General del Estado, ha pilotado el intento de rebajar la ofensiva judicial contra el independentismo, aunque no en todos los casos, dado que mantiene otras peticiones de prisión para los CDR en la Audiencia Nacional. En el caso de Tsunami Demorático sí propició un cambio de criterio: de terrorismo a desórdenes públicos agravados en la causa abierta en la Audiencia Nacional.

La decisión, del Supremo

Sea como fuere, más allá del posicionamiento que la Fiscalía del Supremo acabe adoptando, la decisión final sobre si este caso se eleva al alto tribunal y se investiga a Puigdemont por terrorismo en la cúspide del poder judicial recaerá en la sala segunda, que preside Manuel Marchena.

Hay que tener en cuenta que el Supremo es donde los fiscales generales afines a Sánchez no han podido detener el empeño de castigar al máximo a los dirigentes independentistas. Bajo el mandato de Delgado, el cuarteto de fiscales conformado por Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal –fiscal general con Mariano Rajoy–, Jaime Moreno y Fidel Cadena luchó hasta el final por la condena por rebelión en el juicio del Proceso. En cambio, meses antes Delgado había ordenado a la Abogacía del Estado que acusara por sedición. Es obvio que no pudo controlar a los fiscales del Supremo. Más tarde, los propios fiscales también van poner el grito en el cielo contra los indultos que acabó aprobando Sánchez. Ahora la nueva batalla tiene que ver con la amnistía y se demuestra que una mayoría de fiscales del Supremo están junto a García-Castellón.

Dos informes contradictorios

La reunión de este martes llegaba envuelta por la polémica por los dos informes contradictorios que el fiscal ponente, Álvaro Redondo, había redactado. Un giro que según el diario El Mundo se hizo de forma repentina, con sólo cuatro días de diferencia, y por supuestas presiones del fiscal general del Estado. El diario publica este martes partes de los dos informes que constatan cómo Redondo pasó de avalar la tesis de García-Castellón a oponerse en menos de una semana. En un primer informe del 26 de enero el fiscal destaca la "evidente intención de atentar gravemente contra la paz pública" de las conductas con "participación" de Puigdemont y añade que corresponde al ilícito de terrorismo. Por el contrario, el informe del 30 de enero subraya que "los indicios son demasiado abiertos". Así, sostiene que resulta difícil afirmar "que concurre la situación procesal que permitiría, razonablemente, que el Tribunal Supremo asumiera su competencia". Exactamente lo contrario que cuatro días antes: "Interesa que la Excelentísima Sala Segunda del Tribunal Supremo asuma competencia en los términos indicados, en relación con los hechos atribuidos al señor Carles Puigdemont", había defendido, en una opción de "borrador " que terminó desestimada.

De hecho, en el primer informe se llegaba a decir que las actuaciones que atribuye al expresidente "afectaron gravemente a los derechos humanos" y que incluso si los elementos del delito de terrorismo "no se perfilan todavía suficientemente claros" ha razones suficientes para aplicar un delito contra el orden público por desórdenes y lesiones graves. El segundo informe en el que rectifica su posicionamiento está fechado a 30 de enero, el mismo día en que tuvo una audiencia con Álvaro García Ortiz. Este lunes tan él como el fiscal general emitieron un comunicado en el que negaban presiones ni "influencias" de García Ortiz, y éste defendía la "libertad de criterio" de todos los fiscales en cualquier causa.