El Parlamento ha aprobado la ley por regular el alquiler de temporada y de habitaciones. ¿El objetivo? Evitar el uso de estas modalidades para eludir el tope de precios al alquiler, en vigor en el Estado desde marzo del 2024. La iniciativa, pionera en España, ha obtenido la luz verde gracias a los votos a favor de PSC, ERC, Comuns y la CUP. Habría sido deseable un mayor consenso, todavía. La crisis de la vivienda es hoy el elemento central de la agenda política, el que genera mayor malestar y desigualdad, el que ha abierto una inmensa brecha generacional, el que tensiona a familias y ciudades. Y lo que fácilmente conduce a la demagogia política. El anuncio del PP de llevar la ley al Tribunal Constitucional va en ese sentido. La situación es tan grave que no podemos permitirnos convertir la vivienda en un asunto de rifirrafe competencial. Toca sumar, consensuar, solucionar. Estamos hablando de una crisis social de gigantescas dimensiones y que no para de crecer.

En 2023 cerró con un crecimiento de la emancipación juvenil –la tasa de emancipación en el segundo semestre del año se situó en el 17%–, pero en unas peor condiciones, sobre todo en lo que se refiere al coste del alquiler, que se ubicó en máximos históricos. De hecho, de mediana, un joven de entre 16 y 29 años que quiera emanciparse en solitario debería dedicar hoy en día el 92,1% de su salario, tal y como se desprende del Balance General del Observatorio de Emancipación Juvenil correspondiente al segundo semestre de 2023 publicado este lunes, coincidiendo con el Día Internacional de la Juventud. Ésta es la cara y la cruz de una casuística que sigue situando a España en la cola de las economías avanzadas en cuanto a la capacidad de la población joven de vivir fuera del hogar familiar.