Cataluña aprueba la esperada ley que regula los alquileres de temporada

BarcelonaEl Parlament ha aprobado este jueves la esperada ley para regular el alquiler de temporada y habitaciones. El objetivo de la norma es evitar que se utilicen estas modalidades de forma fraudulenta para eludir el tope de precios al alquiler, en vigor en todo el Estado desde marzo del 2024. La iniciativa, pionera en España, ha obtenido la luz verde gracias a los votos a favor de PSC, ERC, Comuns y la CUP.

Juntos ha votado a favor de algunos artículos de la ley, pero ha rechazado el núcleo de la norma, quien precisamente había llevado el texto, al igual que el PP, ante el Consejo de Garantías Estatutarias. El órgano avaló la norma excepto un artículo, en lo referente a la prórroga de la condición de protección oficial de pisos en zonas tensadas. El texto definitivo ha blindado este elemento con la incorporación de diversas enmiendas de los grupos impulsores. PP, Vox y Aliança Catalana han votado en contra.

El Sindicato de Inquilinos, quien inicialmente había impulsado la ley, ha asegurado que se trata de un primer paso, pero ha dicho que en febrero habrá que aprobado una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos en el Congreso que blinde la norma catalana ante el Tribunal Constitucional y que tape los agujeros de la ley de vivienda estatal. De hecho, el PP ha anunciado este mismo jueves que llevará la norma al Tribunal Constitucional (TC), al considerarla un "ataque a la propiedad privada y al derecho a la propiedad".

Con todo, el Parlament ha terminado un proceso que hace un año y medio que arrancó con un decreto ley del Gobierno de Pere Aragonès, con el apoyo de la CUP y Comuns, pero que la cámara catalana tumbó con los votos del PSC y Junts. Esto fue en mayo del 2025, y no se reanudó hasta un año más tarde, con un acuerdo inédito entre precisamente estas fuerzas —ERC, Comuns y CUP— y el nuevo ejecutivo de Salvador Illa, que fijó la vivienda como elemento prioritario de la legislatura. Los tres partidos accedieron a salvar el decreto de medidas urgentes sobre vivienda con tal que el Gobierno se comprometiera a regular el alquiler de temporada. No fue hasta octubre cuando el Parlament desatascó la regulación, con el trámite de ponencia para su aprobación definitiva como ley, algo que se ha producido este jueves.

Ahora, en el Congreso hay otra vía abierta para regular el alquiler temporada y de habitaciones a través de una proposición de ley impulsada por Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG. Sin embargo, el texto está atascado por el veto de Junts y no se prevé ningún movimiento hasta el próximo año.

¿Qué dice la ley?

Así, de aquel decreto ley inicial del Gobierno, que se aprobó en abril, incluía la agilización de trámites urbanísticos entre otras cosas, ha salido el proyecto de ley que el Parlament ha tramitado estos últimos meses, con la incorporación de las enmiendas de los grupos para regular el alquiler de temporada y habitaciones. Además, la nueva ley incorpora los cambios legales para incluir en la ley catalana el reconocimiento de la figura del inspector -que es independiente de la creación del cuerpo ya pactado- y blindar la vivienda de protección oficial -unos 35.000 pisos que debían pasar al mercado libre conservarán esta condición-.

La inspección será ahora la cuestión más importante porque determinará la capacidad del Gobierno para hacer cumplir esta norma. Sobre el cumplimiento del tope en los alquileres, regulado en la ley de vivienda estatal, todavía no se ha impuesto ninguna sanción un año y medio después de su entrada en vigor. Sin embargo, el Gobierno tiene sobre la mesa 30 expedientes abiertos. "Necesitamos un control proactivo, sanciones y un Gobierno que haga valer la soberanía del Parlament para garantizar que la regulación es real y efectiva", ha afirmado el sindicato de inquilinos en este sentido.

Sobre el alquiler de temporada y de habitaciones, el texto final deja claro que los arrendamientos de un inmueble para vivir quedan sometidos a la ley de vivienda, con independencia de la duración del contrato (por tanto, también los que se hagan a estudiantes oa trabajadores que se desplazan por trabajo). Sólo quedarán fuera los alquileres para vacaciones o con fines recreativos, debiendo dejarse constancia documental. Por otro lado, el precio conjunto que pagan todos los inquilinos de un piso alquilado por habitaciones no podrá superar el tope que se aplicaría si se alquilara entero.

El texto también incorpora la creación de registro de grandes tenedores –que ya venía de la anterior legislatura y que el Gobierno reactivó en febrero–, y al que deberán inscribirse todas las personas jurídicas o físicas con cinco o más viviendas: las que no lo hagan se expondrán a multas de entre 9.000 y 90.000 euros, amparadas en la regulación de la ley de vivienda. El registro dependerá de la Agencia de la Vivienda de Cataluña (AHC) y será de acceso público –cualquier persona que introduzca el DNI o el NIF de un propietario podrá comprobar si es o no un gran tenedor– sólo en el caso de los pisos de personas jurídicas, y no de las personas físicas.