El Parlamento desencalla la regulación del alquiler de temporada medio año más tarde

BarcelonaHan pasado seis meses desde que, en abril, se produjo un pacto inédito en el Parlament: el PSC, ERC, Comuns y también la CUP sellaron un acuerdo que permitió al Gobierno salvar su decreto de medidas urgentes en materia de vivienda. A cambio, los socialistas se comprometían a adoptar dos medidas ante las que, hasta entonces, se habían mostrado reacios. Una era la regulación del alquiler de temporada y habitaciones, que tumbaron votando con Junts al final de la anterior legislatura cuando el gobierno de Pere Aragonès la decretó ya en tiempo de descuento. La otra era el blindaje retroactivo de la vivienda de protección oficial, del que el ejecutivo de Salvador Illa inicialmente recelaba por motivos de "seguridad jurídica". Ahora bien, el trámite parlamentario ha permitido limar asperezas y, finalmente, PSC, ERC, Comuns y la CUP han llegado a un acuerdo sobre el texto que debe concretar estas reformas, según trasladan al ARA fuentes de las cuatro formaciones.

El dictamen de la ponencia, que afecta a varias leyes, se votará este miércoles en la comisión de territorio del Parlament. Es un trámite imprescindible antes de que llegue al pleno de la próxima semana, tal y como ha decidido este martes la junta de portavoces. El texto, consultado por este diario, define como vivienda permanente la que está destinada a satisfacer la necesidad de vivienda, "con independencia de su duración", una cláusula que tiene como objetivo evitar que esta modalidad continúe siendo la brecha que aprovechan los propietarios para esquivar los topes al precio del alquiler.

El texto establece que, incluso cuando haya una finalidad acotada a un tiempo, como puede ser un arrendamiento vinculado a razones profesionales, de estudios o por imposibilidad de estar en el hogar habitual, se aplicará la regulación de la ley de la vivienda sobre la determinación y la actualización de la renta del contrato. Sólo quedarán fuera los que sean verdaderamente alquileres temporales ligados a usos recreativos o turísticos, circunstancias que habrá que acreditar. Su redactado es prácticamente calcado a lo que en su día aprobó el gobierno de ERC, y que la pinza PSC-Junts tumbó.

Por otra parte, los contratos realizados en fraude podrán acogerse a la duración legal mínima de los contratos de vivienda habitual. Así, en el caso "de prórroga de los arrendamientos temporales por causas acreditadas", si el arrendatario no prueba la causa de la temporalidad y que tiene su residencia en otro lugar, las prórrogas serán las de la ley de arrendamientos urbanos (LAU), a contar desde la fecha de inicio del contrato. Lo mismo ocurrirá si el propietario quiere formalizar un contrato nuevo con el mismo inquilino en estas circunstancias. En cuanto al alquiler de habitaciones, la suma de las rentas pactadas en cuanto a una misma vivienda, aunque sea en contratos diferentes, no puede "ultrapasar" la renta máxima aplicable al arrendamiento unitario.

Escollos jurídicos

Según varias fuentes consultadas, el acuerdo sobre cómo regular el alquiler de temporada estaba ya listo en verano y tenía el visto bueno del Govern, mientras que en los últimos meses los cuatro grupos han ido afinando otros elementos de la ponencia. Por ejemplo, el blindaje de la calificación de la vivienda de protección oficial para que no pase al mercado libre una vez transcurran unos años y, por tanto, deje de formar parte del parque público. Según algunas fuentes consultadas, éste ha sido uno de los elementos que más ha costado ligar, porque los socialistas seguían teniendo dudas de que fuera posible jurídicamente blindarlo ante posibles recursos ante el Tribunal Constitucional. La redacción final recoge sin matices que la vigencia de la calificación de las viviendas de protección oficial es "permanente", y que los plazos de vigencia se prorrogan "obligatoriamente" cuando están incluidos en una zona de mercado tensionado. Se pone fin, por tanto, a los plazos de 30, 20 y 10 años de la actual redacción del artículo 47 del decreto 75/2014, del Plan para el Derecho a la Vivienda.

El movimiento de los socialistas se añade al anuncio del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de adquirir 170 viviendas de InmoCaixa, que eran de protección oficial, por valor de 15 millones de euros, y que podría continuar con la adquisición de 1.100 pisos más. Según había denunciado el Sindicato de Inquilinos, la inmobiliaria había empezado a aplicar cláusulas abusivas una vez pasó el período de protección de veinte años y la compañía quiso venderlos a precio de mercado. Las compras en InmoCaixa fueron una de las medidas que el gobierno de ERC puso en marcha ya al término de la legislatura. En paralelo, el Gobierno estudia la posibilidad de prohibir la "compra especulativa de vivienda", una propuesta que Comuns defendieron en el debate de política general (y donde el PSC se abstuvo). La portavoz del Govern y consellera de Territori, Silvia Paneque, ha explicado este martes que encargarán informes jurídicos para estudiar su viabilidad.

Más porcentaje protegido

La ponencia también da rango legal a la figura del inspector de la vivienda y menciona el registro de grandes tenedores, que el Gobierno creará vía decreto. Según ha pactado con Comuns, estará listo en noviembre, incorporará también el registro de viviendas vacías e incluirá sanciones de entre 9.000 y 90.000 euros a los propietarios de más de cinco viviendas que no se inscriban. Además, está previsto que sea "de acceso público", de forma que cualquiera que tenga el DNI o NIF de un propietario pueda consultar si es gran tenedor y, por tanto, está obligado a cumplir con lo especificado por la ley de vivienda para este colectivo.

Por otra parte, la ponencia propone una reforma de la ley de urbanismo para elevar los porcentajes que los planes de ordenación urbanística municipal deben reservar a viviendas de protección pública en suelo residencial de nueva implementación: será del 50% en transformaciones de suelo urbanizable y del 40% en actuaciones en suelo urbano no consolidado (hasta el 0%). Además, la ponencia plantea que al menos la mitad de la reserva de suelo deba destinarse a alquiler social, en la línea de las peticiones de ERC y de Comunes de incrementar el parque público dedicado al alquiler y no sólo apostar por la construcción de pisos dentro del libre mercado, uno de sus recelos con el anuncio de 214.000 pisos que quiere promover el Gobierno.

También se crea la Comisión de Supervisión de Contratos de Arrendamiento de Vivienda, integrada por representantes del Govern, que tutelará los derechos de los consumidores y supervisará las plataformas digitales, portales inmobiliarios y espacios de ofertas de alquiler y pisos de uso turístico.