El Gobierno compra 433 viviendas en La Caixa para destinarlas a alquiler social
La operación evitará que 288 pisos dejen de ser de protección oficial y pasen al mercado libre
BarcelonaEl Gobierno, a través del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), ha llegado a un acuerdo con InmoCaixa, dependiendo de La Caixa, para la adquisición de 433 viviendas y otros bienes inmuebles, como parkings, locales, oficinas y trasteros , tal y como avanzó el ARA. Esta operación ha sido autorizada este jueves por el consejo de administración del Incasòl, según ha informado el departamento de Territori, y cuando se materialice en los próximos meses impulsará al programa de fomento de la vivienda de alquiler social. La operación forma parte de los compromisos del Plan Impuls 10.000 del Govern, que ya llevará incorporadas casi un millar de viviendas de grandes tenedores en su parque público de alquiler social, con una inversión cercana a los 100 millones de euros.
Las 433 viviendas están situadas en nueve municipios de Cataluña, incluidos en las áreas de demanda fuerte y acreditada o dentro de áreas preferentes. El contrato con InmoCaixa incluye 467 aparcamientos, 203 trasteros, 6 locales y 2 oficinas. Salou es el municipio con más viviendas dentro de este paquete, con 77, seguido de Vic con 76 y Girona con 71. Otros municipios donde hay viviendas de esta transacción son Lleida (45), Reus (37), Sant Feliu de Llobregat (55), Terrassa (13), El Vendrell (43) y Vila-seca (16).
145 pisos vacíos
Según Territori, la explotación de estas promociones, construidas entre los años 2002 y 2012, estaba en régimen de arrendamiento a precio social, dado que la mayoría son viviendas con calificación de protección oficial. Del total de estos pisos, 145 están libres y el Govern destinará 13,7 millones en su adecuación para entrar a vivir.
Los 288 pisos restantes están habitados con contratos de arrendamiento, pero están a punto de agotar su vigencia y, en consecuencia, de perder su protección oficial. Según ha informado Territori, la aprobación de su adquisición por parte del Incasòl busca prorrogar las calificaciones de vivienda de protección oficial, y evitar una emergencia residencial que podría derivarse con el vencimiento gradual de los contratos de alquiler.
El Gobierno activó en marzo del 2023 el Plan 10.000, que tiene por objetivo incorporar 10.000 viviendas en el parque de alquiler social de Catalunya antes de finales del 2026, e incrementarlo así en un 18%. En estos momentos, las viviendas impulsadas superan ya los 10.100. Una de las ramas del plan era la compra a grandes tenedores. Comprando viviendas ya construidas o en construcción, el Gobierno pone a disposición de la ciudadanía viviendas de protección oficial de forma más rápida que las de promoción directa. Desde que se puso en marcha el plan, Incasòl habrá comprado un total de 925 viviendas de grandes tenedores.
