"No todo es construir pisos": el modelo del 'ladrillo' enfrenta a ERC y Comuns con el Govern

BarcelonaEn su primer debate de política general, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, quiso atar el apoyo de sus dos socios parlamentarios con un anuncio que, de hecho, venía ya de los acuerdos de investidura: habilitar 50.000 pisos protegidos en cinco años para intentar poner manos a la obra al problema de la vivienda. Con 7.000 de estos pisos ya en producción, ahora el Govern quiere acelerar al máximo el proceso para transformar el suelo en solares para edificar vivienda de la mano del sector privado. De ahí que Isla quisiera repetir la jugada anunciando, en su segundo debate de política general, un plan para impulsar 214.000 pisos públicos y privados. Tuvo menos éxito que el pasado año: el Parlament tumbó la propuesta que el grupo socialista llevó al pleno, con la abstención de ERC y Comuns. Pero ¿por qué los socios parlamentarios del gobierno del PSC se desmarcaron de esa propuesta?

El argumento más inmediato que ambos grupos esgrimieron fue que querían dar un "toque de atención" por los pactos pendientes de cumplimiento. Esquerra se centra en la financiación singular, pendiente de la negociación en Madrid, mientras que Comuns avisan al ejecutivo de que lleva demasiados meses arrastrando deudas en materia de vivienda: ni se ha cumplido (todavía) el compromiso de poner en marcha el registro de grandes tenedores ni la unidad antidesahucios. Tampoco se ha materializado todavía la regulación del alquiler de temporada ni el blindaje de la vivienda protegida, pendiente de un acuerdo en la comisión del Parlament.

Ahora bien, más allá de eso, ambos socios se miran con reticencias la apuesta del Gobierno por el ladrillo bajo un marco jurídico que deja un 60% de la nueva construcción en manos del mercado libre. Y la CUP, que por primera vez se sumó a un pacto de ERC y Comuns con el Govern por el decreto de vivienda, también alerta del riesgo de abonar el terreno para una nueva burbuja inmobiliaria. Es el mismo aviso que ha lanzado el Sindicato de Alquiladoras, que acusa a los socialistas de comprar "de forma acrítica el mantra engañoso" de que el problema de vivienda es la falta de oferta.

En contra de "densificar"

La primera en verbalizar estas reticencias fue la portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, también ex consellera de Territori, tras la primera sesión del debate. "Necesitamos un país equilibrado, lo que significa equilibrio territorial, no densificar más las ciudades", alertó la diputada republicana. Pese a admitir que hace falta obra nueva, invitó al Govern a no dejar de lado la rehabilitación y trabajar para poner en el mercado las viviendas vacías (en Catalunya, uno de cada diez lo está). Al día siguiente Isla anunció un acuerdo con la Sareb para gestionar 13.000 pisos que pasarán a formar parte del parque público en Cataluña, una medida que en su momento había promovido ERC, aunque reclamando su propiedad. Sin embargo, el Estado ha cedido sólo el usufructo durante cuatro años a la Generalitat.

En todo caso, ERC aún no ha recibido el detalle de la propuesta de los 214.000 pisos y tiene dudas sobre su efectividad y el modelo que plantea. "¿Cómo lo harán para garantizar que los privados los hagan, si queda en sus manos?", se preguntan fuentes republicanas, que también alertan de que "no todo es construir" en lo que se refiere a la política de vivienda. Además, consideran que la mayoría de los pisos que impulse la Generalitat deberían ir destinados a alquiler a precio asequible, que es de lo que hay mayor demanda. "El alquiler social no es para pobres", argumentan.

Comunes, contra el pelotazo'

Una posición similar trasladan a Comuns, que insisten en que en lo que debe centrarse el Gobierno es en acelerar los 50.000 pisos protegidos del acuerdo de investidura. Lanzarse a "incrementar la edificabilidad" abre la puerta a un nuevo "pelotazo", argumentan, donde estén los privados los que ganan más dinero gracias al aumento del precio del suelo. "No necesitamos construir cualquier tipo de viviendas, necesitamos construir sólo vivienda de protección oficial para la gente que no puede ni podrá pagar los precios del mercado y también comprar", apuntan fuentes de Comuns, que en el debate de política general también plantearon prohibir las "compres especula". Subrayan, también, que el mismo plan territorial de vivienda del Gobierno prevé que, si en 20 años debe llegarse al 15% del parque destinado a políticas sociales, hay que construir 220.000 viviendas, comprar 32.000 y captar 6.000, pero todos deben ser protegidos. "inmediatas", que no dependan de los años que los promotores se estén para levantar promociones a unos precios que solo puedan pagar inversores. "Eso ya lo vimos en el 2008", argumentan fuentes de la CUP, que lamentan que el "problema" es que el PSC sólo quiere construir. Es hacer el juego a los privados", aseguran. Los anticapitalistas proponen ir más allá y transformar el Incasol en una "promotora pública" y explorar fórmulas para que todo el suelo residencial en Catalunya pase a calificarse de protección oficial, además de incrementar los supuestos del tanteo y retracto para que la administración se pueda quedar pisos que, de otra forma.

El Gobierno quiere salir adelante

Sin embargo, el Gobierno sigue decidido a sacar adelante lo que Isla bautizó como un "acuerdo de país" para sacar adelante estas nuevas viviendas. Según fuentes de Territori, en un par o tres de semanas empezarán a activar medidas para desplegarlo. "Hay que ir produciendo en los años que vayan viniendo. El Govern continuará con la máxima ambición", defendió la portavoz y consellera de Territori, Silvia Paneque, al preguntarle por si al ejecutivo hacían autocrítica a la vista del resultado de la votación. La consellera añadió que "no es aceptable" que la oposición plantee que en Catalunya hay un problema con el acceso a la vivienda y después –dijo– dé la espalda a las vías de solución "económicamente viables". En las filas socialistas no cayó bien la abstención de los socios en este punto, si bien fuentes del grupo parlamentario matizan que era complicado abrir una negociación para moverles, porque la propuesta del presidente era "clara".