La CUP levanta el veto en el PSC

BarcelonaLa CUP siempre ha puesto un precio muy alto en los distintos gobiernos de la Generalitat. El ejemplo más claro es que sólo ha aprobado unos presupuestos desde su llegada al Parlament en el 2012. Fue en el 2017 y el aval de los anticapitalistas en Junts pel Sí fue a cambio del referéndum que se acabaría celebrando ese otoño. Ni antes ni después la formación asamblearia ha secundado unas cuentas por la negativa de las grandes fuerzas independentistas a atender sus peticiones. Tampoco ahora, con el PSC en el gobierno, la CUP mostró su predisposición a aprobarlos, aunque finalmente los socialistas han prorrogado las cuentas por falta de apoyos. La presidenta de los cuperos en el Parlament, Laia Estrada, dijo que veía "prácticamente imposible" negociar los presupuestos con el ejecutivo de Salvador Illa en la primera y única reunión con la consellera de Economía, Alícia Romero.

Después de aquella reunión protocolaria, sin embargo, la CUP vuelve a negociar con el PSC, según ha podido saber el ARA. Y no lo hace por el suplemento del crédito que se requiere por la falta de presupuestos, sino por el decreto de vivienda que el Govern quiere convertir en proyecto de ley. La CUP levanta, de este modo, el veto en el PSC, aunque no se ha cansado de acusarle de ser "el más españolista y de derechas de la historia". ¿Pero qué ha cambiado? La emergencia habitacional. "Nuestro modelo de país es muy diferente, pero hay cuestiones clave como ésta que deben discutirse porque el malestar social es evidente", expone la diputada Laure Vega, que pone de ejemplo los miles de personas que volvieron a manifestarse el sábado en Barcelona. Que el PSC haya llegado a la Generalitat cambia todo. "Es diferente ser un partido que estar en el Gobierno y ahora tiene la responsabilidad de dar una respuesta en materia de vivienda cuando es el principal problema del país", subraya Vega, quien considera que el ejecutivo debe escoger si se pone "al servicio de la ciudadanía o de los fondos buitre".

Después de una primera reunión hace dos semanas, ambas partes han acordado reunirse esta misma semana antes del pleno del miércoles para intentar llegar a un acuerdo. "Les vimos receptivos y se vinieron a hablar de ello", añade la representante cupero, que recuerda que Isla dijo que "no le temblarían las piernas" a la hora de impulsar medidas para garantizar el derecho a la vivienda. Que la CUP se haya prestado a negociar ahora con el PSC también es fruto del Proceso de Garbí, con el que los anticapitalistas se refundaron tras los últimos batacazos electorales. "La CUP debe tener un papel relevante y las reclamaciones sociales deben tener una traducción en el Parlament", destaca Vega. "La antipolítica es no hacer nada que no tenga que ver con tu vida", añade al respecto.

Las tres medidas que reclama la CUP

La CUP ha puesto sobre la mesa tres medidas para apoyar la futura ley. En primer lugar, la regulación de los contratos de temporada y habitaciones. "Son el agujero que tiene actualmente la LAU y donde los especuladores encuentran el "hecha la ley hecha la trampa" y se están utilizando para echar inquilinos de su casa y poder subir el precio porque en estos dos casos no se aplica el tope del índice de precio de los alquileres", denuncian los cuperos. En este sentido, exigen que los contratos de temporada únicamente se apliquen al uso de la vivienda en casos de usos recreativos, de turismo o por temporada de vacaciones y que el resto de arrendamientos se rijan por la misma legislación que los contratos de vivienda.

El segundo punto es blindar el régimen de protección oficial de forma retroactiva. "No tiene sentido plantear construir vivienda pública mientras perdemos lo que ya construimos", defiende la CUP. Y, finalmente, la formación anticapitalista reclama un cuerpo de inspectores que se dediquen a primar la ley. Un cuerpo que revisaría las ofertas fraudulentas o las cláusulas abusivas. "De nada sirve legislar si después no hacemos cumplir la ley", afirman desde la CUP.

Comunes también presiona

Comunes también condiciona su voto a favor en el decreto a que se regule el alquiler de temporada y de habitaciones y se mantenga el régimen de protección oficial para las viviendas que lo tienen ahora, especialmente en zonas tensionadas. El grupo que lidera Jéssica Albiach se ha reunido este lunes con la consellera de Territori, Silvia Paneque, para tratar de arrancar de los socialistas un compromiso en este sentido. Tras la reunión, fuentes de los Comunes constataban "avances positivos". Ahora bien, no garantizan todavía su voto y se emplazan a seguir negociando: "Los Comunes consideramos que es especialmente relevante que la propuesta de alquileres de temporada y habitaciones sea realmente eficaz y esto no está garantizado en estos momentos". El partido quiere que la nueva regulación se materialice en un máximo de tres meses. Según las mismas fuentes, el Gobierno ha estado de acuerdo en poner un límite temporal a los trabajos parlamentarios para aprobar la nueva normativa en caso de que finalmente la cámara dé el visto bueno al decreto ley.

Desde el PSC confían en poder cerrar un pacto a tiempo y aseguran que están de acuerdo con el "gran grosor" de medidas para la vivienda que plantea el grupo de Albiach. "Somos optimistas y creemos que acabará aprobándose en el Parlament", ha dicho la portavoz del PSC y número 2 del partido, Lluïsa Moret.

Reticencias del Gobierno

Hasta ahora, el Govern ha expresado reticencias tanto en la regulación del alquiler de temporada a través de la ley catalana como en la protección retroactiva de los pisos de protección oficial, argumentando que puede plantear problemas de "seguridad jurídica". De hecho, el ejecutivo catalán ha planteado a los grupos estudiar todas estas cuestiones durante su tramitación como proyecto de ley del decreto de vivienda. Sin embargo, esto sólo ocurrirá si los grupos aceptan primero convalidarlo en el pleno de esta semana. El Gobierno ya ha tenido que encajar un primer gol de la oposición este lunes: ha retirado eldecreto para estudiar la viabilidad de los campingsen zonas inundables, después de no haber conseguido apoyos suficientes para evitar la derrota parlamentaria que hubiera vivido en el Parlament en la votación esta semana.

Quien ha aceptado dar sus votos para que el decreto no decaiga es Esquerra, según ha anunciado el vicesecretario de comunicación del partido, Isaac Albert. Los republicanos aseguran que el Gobierno se ha comprometido a tramitar el decreto como proyecto de ley a cambio de "introducir" el redactado "inicial" que planteaban los republicanos para regular los alquileres de temporada. De esta forma, ERC votaría el decreto a cambio de introducir los cambios que ellos proponen vía enmiendas, unos cambios que van en la línea de lo que piden los cuperos.