Mil euros al mes por cabeza: la factura que Barcelona paga por alojar a 3.000 personas vulnerables en pensiones

BarcelonaPronto hará tres años que la familia de Marimar [nombre falso, como el del resto de testigos del reportaje] encadena la vida de pensión en pensión de servicios sociales. Vive con tres hijos menores y el marido desde que los echaron de la habitación que habían realquilado a un matrimonio amigo. Como ellos, los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona alojan en establecimientos turísticos unas 3.000 personas vulnerables, de las que 1.300 son criaturas. En principio, se establece una estancia máxima de seis meses, pero la realidad de los usuarios y del mercado de la vivienda en la ciudad imposibilita cumplir estos plazos.

Marimar habla en plena calle en el Gòtic porque un guarda de seguridad privada prohíbe entrar a cualquier persona ajena al hostal. Aunque quiere denunciar la situación en la que vive, tampoco quiere que la puedan identificar y la tilden de "problemática" por hablar sobre la situación llevas adentro. Incluso teme que la puedan echar de una habitación donde conviven los cinco miembros de la familia en camas encajadas como piezas de puzzles. En el móvil acumula un catálogo de fotografías con escarabajos que descienden por las paredes de la habitación o que corren por encima de las sábanas. Le prometieron una fumigación profunda del espacio en el que vive, que se ha reducido a la colocación de trampas.

Ella relata suciedad, poca higiene, falta de espacio, ruidos, tensión en la convivencia de la docena de familias que están alojadas por pura necesidad o el ruido que hacen los turistas de la planta superior. También explica que no hay fogones, y que una empresa les hace llegar cada día comida preparada "poca variada, sin fruta ni pescado", y que, en una sala que hace de cocina, las familias deben pelearse por encontrar una silla para comer y dejar algún alimento en una de las baldas de la nevera. Para estar más tranquilos, el desayuno de los niños lo hacen en la habitación, sentados en la cama.

Los desahucios de pisos y la expulsión de realquilados, los precios de la vivienda disparados y el peso del mercado turístico han provocado que el Ayuntamiento deba hacer un uso cada vez más intenso de estos alojamientos temporales (ATU). Casi todas las pensiones de la ciudad de categorías bajas están reservadas por servicios sociales. Y esto significa una partida millonaria de los presupuestos: este 2025, el consistorio destina 38 millones de euros a contratar las 3.000 plazas en establecimientos turísticos privados. Es la misma cantidad que la del año anterior, y 11 millones más que en el 2022, en la que invirtió 27 para financiar 2.300 plazas. Haciendo números resulta una media de 12.600 euros anuales por persona alojada, es decir, mil euros cada mes por cabeza.

Compartir cama con un hijo adolescente

Adela también suma seis años de ocupación alternados con pensiones "insalubres, atestadas, sin seguridad para las mujeres y los menores que viven". En algunos establecimientos las familias, las mujeres con hijos o ellas solas deben convivir junto a hombres solos. Conoce mil historias de otras compañeras de lucha dentro del Grupo de la Vivienda de Gràcia que no tienen alternativa a un albergue si no quieren acabar en la calle.

Después de años de trabajos duros, sufre fuertes dolores y fibromialgia, pero quizá lo que más le duele es que su hijo –ahora adolescente– ha pasado más de media vida precario, escondiendo la situación en la escuela y los amigos. "No le puedo decir cuándo acabaremos de vivir así y tendremos nuestro espacio", se lamenta. Ambos comparten "una cama grande" en una habitación sin escritorio o mesa en la que el chico pueda desplegar libros o el ordenador. "Es un malvivir, una situación que desgasta la salud mental y física de cualquiera", reflexiona.

Si la cifra de los 12.600 euros anuales por cabeza se multiplica por cada miembro de una familia de cinco como la de Marimar, puede calcularse que, con los 5.000 euros al mes que pagan los servicios sociales, podrían vivir en un piso de lujo o incluso en uno con contrato de temporada. "No es que alguien haga negocio y se esté haciendo rico, pero es que para dar respuesta de urgencia necesitamos a los hostales y para gestionarlo lo hacemos con la ley de contratación de servicios públicos", responde Montserrat Rovira, directora de Acción Social Territorial y Comunitaria y jefe del departamento de urgencias y emergencias sociales del Instituto Municipal de Servicios Sociales.

La empresa turística BCD Travel lleva el grueso del contrato millonario municipal y se encarga de buscar las plazas libres en hostales, albergues, pensiones o pisos. Rovira admite que el modelo no llega a ser eficiente, eficaz o barato si se valora en términos de coste y beneficios. Por eso, dice que el consistorio trabaja para "racionalizar" un modelo que ponen en duda a usuarios, trabajadoras sociales y al Síndic de Greuges de Barcelona, ​​ya que establece un límite de seis meses de estancia en un ATU. Esto, por ahora, es imposible cumplir si se quiere dar una solución digna y estable a estas personas.

La familia de Sandra fue víctima de una estafa y durante dos meses pagó un alquiler de 800 euros a unos falsos propietarios. La echaron de casa con dos criaturas y su marido y, con la imposibilidad de encontrar otro alquiler ajustado a sus ingresos, sólo tuvieron la opción de una pensión en el Raval. Le dijeron que sería para 15 días y que después pasarían a un piso puente y dentro de uno social. Pero meses después, todavía espera. Según los datos del Ayuntamiento, el 65% de las personas en un ATU sobrepasan los seis meses, un tercio llevan entre uno y dos años, y un 15%, entre dos y tres. Rovira asegura que "no hay lista de espera", aunque admite que no hay una rotación lo más rápida posible.

Sandra ha pasado una mala noche por los escarabajos en la habitación y se queja también de las deficiencias del establecimiento, a veces sin agua caliente, con inseguridad y robos habituales. "No hay ninguna seguridad y cuando presentas una queja al personal te dicen que tienes que estar agradecida por vivir aquí", lamenta mientras su hijo pequeño llora porque no quiere volver a la habitación. "Él tampoco quiere estar ahí, y desde que estamos aquí está más agresivo y se lleva peor", dice. Y añade: "Con el dinero que el Ayuntamiento paga, nosotros encontraríamos diez pisos". Una compañera de hostal, también con dos hijos menores, sale a pasear para airearse de "las luciérnagas y los hongos" de la habitación. Le da miedo quejarse y mucho más denunciar.

Críticas de las trabajadoras

Las trabajadoras sociales denuncian que el Ayuntamiento enfatiza "la mirada económica" con el nuevo protocolo que desde el pasado verano limita a seis meses la estancia de las familias en los ATU porque no existen alternativas. Según ellas, las restricciones "culpabilizan a las personas atendidas de su situación al sugerir que no están haciendo un buen uso de los recursos". Vanesa Sáez, delegada de CGT, afirma que estas normas provocan "estrés" a las familias porque están "constantemente bajo sospecha", ya que deben pasar "una valoración cada dos meses" para comprobar si todavía son vulnerables y tienen derecho al alojamiento. "Se las hace vivir con una amenaza constante, con la incertidumbre", y concluye que el Ayuntamiento ejerce "maltrato institucional".

El síndico de agravios de Barcelona, ​​David Bondia, se muestra preocupado por que "sea un operador turístico el encargado de gestionar las plazas sociales", y ultima un informe con propuestas que presentará el próximo mes. Avanza que la solución requiere una respuesta de los servicios sociales, Vivienda y Economía, y que es necesaria una visión metropolitana porque en otras ciudades existe el mismo problema a menor escala. "No puede que se gasten tantos millones para dar alojamiento y no para evitar los desalojos o ayudar a buscar viviendas dignas", reflexiona.

Rovira responde que el Ayuntamiento "como administración no puede avalar a un particular" para que consiga un alquiler y que se "priorizará las ayudas para evitar desahucios, cubriendo la deuda para que las personas puedan sostener la vivienda". El pasado año, se dieron 15.000 ayudas por un valor de 7,1 millones de euros.

Hasta el Síndic llegan quejas hacia las trabajadoras sociales y las pensiones, pero Bondia admite que existe una "infradenuncia" por la misma vulnerabilidad de los usuarios. Dice que el malestar por las deficiencias del servicio "no son casos aislados". Por contra, el Ayuntamiento sostiene que sólo el 2,3% de los usuarios presentan denuncia y que casi todas las incidencias se resuelven. De hecho, asegura que los usuarios puntúan con un 8 sobre 10 el servicio. La nota contrasta con las que algunos establecimientos reciben de turistas que se alojan. "No se lo creen ni ellos", espeta Marimar, a quien le llevaban al hostal las tres comidas por la mañana y no podía calentarlas.