Unas 1.500 criaturas viven alojadas en hostales de Barcelona

BarcelonaCasi la mitad de las 3.075 personas que viven realojadas en un hostal de Barcelona son menores de edad. En concreto, son 1.421 niños y adolescentes a los que, por haber perdido su domicilio por diversas causas, el Ayuntamiento ha buscado un techo de urgencia para que el núcleo familiar pueda reponerse. Son los alojamientos temporales de urgencia (ATU), pensados ​​para algunas semanas o meses, aunque en la práctica, la complejidad de las circunstancias familiares hace que en la mayoría de los casos las estancias se alarguen hasta más allá del medio año . El consistorio que dirige el socialista Jaume Collboni lleva un mes puesto en marcha un nuevo protocolo para limitar el tiempo a seis meses para los usuarios que entren a partir de ahora e intentar "potenciar" la ayuda económica a una plaza residencial, según el gerente del Institut Municipal de Serveis Socials, Javier Martínez. La idea es que "sólo queden en estos servicios especializados" los colectivos más vulnerables que necesitan un "acompañamiento" y "orientación" de los profesionales de los servicios sociales municipales, y que el resto puedan encontrar otra vivienda por su cuenta, si es necesario con la ayuda municipal.

En este sentido, la comisionada de Servicios Sociales del Ayuntamiento, Sonia Fuertes, ha subrayado que la solución de los hostales se había planteado inicialmente como una medida "provisional y de urgencia" para cuando una familia o una persona sola –un cuarto de los hospedados en los hostales– no puede continuar en su domicilio familiar, ya sea por un desalojo, por violencia machista, un problema de salud sobrevenido o por falta de ingresos.

Sin embargo, según los datos municipales, tres cuartas partes de las 1.069 unidades familiares llevan más de seis meses: 165 más de tres años; 162, entre dos y tres años, y 202, entre uno y dos años. Los hostales no son lugares para que pueda estar una familia con criaturas, han dicho los responsables municipales, que han reiterado que "nadie quedará en la calle" si no ha logrado encontrar un piso por su cuenta pasados ​​los seis meses.

Cuatro de cada diez de estas familias son madres solas con hijos de 0 a 17 años a cargo. El perfil de estas familias monomarentales acogidas en un ATU es el de una mujer con uno o dos hijos, mientras que, al otro lado, también destaca la presencia de más de 200 familias numerosas (dos adultos con tres o más hijos ). Con el nuevo protocolo, el Ayuntamiento pretende que buena parte de estas personas no tengan que entrar en un hostal y, por eso, seguirá aumentando las partidas presupuestarias de ayudas económicas directas para pagar los alquileres.

Factura millonaria a una empresa turística

Sin embargo, la falta de viviendas asequibles hace imposible poder renunciar hoy por hoy a los ATU. De hecho, desde la crisis económica provocada por la pandemia, el número de plazas contratadas no ha parado de crecer por el aumento de personas que han tenido que dejar su casa involuntariamente sin alternativa alguna. En 2021, aún con restricciones por la cóvid, se atendieron a 1.900 personas. En 2022 ya fueron 2.300 y en 2023 se alcanzó el máximo de 3.000. El presupuesto para este tipo de alojamiento también ha crecido de 21 millones de euros a 34 millones, que se abonan a la empresa BCD Travel, del sector turístico, que se encarga de buscar y contratar las plazas en 160 hostales (10 de ellos de fuera de la ciudad). Para este año, la partida "seguro que va a crecer", auguran los responsables municipales.

El protocolo también prevé cambios en esta vía, ya que desde hace tiempo, y consciente de las dificultades del mercado inmobiliario, el Ayuntamiento está en conversaciones con entidades del tercer sector para conseguir una bolsa de viviendas, edificios o alojamientos compartidos donde trasladar a las familias. Por un lado, se conseguiría dar a estas personas un espacio más seguro y adecuado para una vida familiar. Por otro lado, debería reducirse la factura millonaria a la turística BCD Travel, ya que será siempre más barato contratar por unidades familiares que por plazas individuales.

En cuanto al recurso de salida, constan 390 personas que han tramitado uno o dos de los recursos disponibles en la cartera de vivienda. En concreto, existen 230 solicitudes de una vivienda de protección oficial y 160 de un piso de emergencia, aunque la lista de espera de este último puede llegar a los dos años. Entre las 263 personas solas acogidas, 110 son mujeres. Son un colectivo que preocupan porque, al carecer de red familiar, se ven abocadas a la vulnerabilidad más extrema, junto con las personas en situación de irregularidad, que no pueden acceder a recursos públicos, o las 85 personas que tienen más de 70 años y que difícilmente podrán salirse solas.

Fuertes ha instado a la Generalitat, al gobierno español ya las entidades metropolitanas a trabajar conjuntamente para poder dar una respuesta supramunicipal, ya que hay problemas estructurales con los que se topan estas personas que sobrepasan la capacidad y las competencias de un ayuntamiento.