Desbloqueados 100 inspectores por hacer cumplir el tope en el alquiler, que no tiene ninguna sanción después de un año y medio

BarcelonaNuevos pasos para poder sancionar a los propietarios que se salten la ley de vivienda. El Gobierno y los Comunes han pactado este martes activar antes de que acabe el año un cuerpo de 100 inspectores para hacer cumplir la norma a través de sanciones a los propietarios que se salten los topes al alquiler que establece esta ley, aprobada hace dos años en el Congreso. Con este acuerdo el Govern hace uno de los grandes deberes pendientes en vivienda para este septiembre, después de que los compromisos de arrancar con 65 efectivos antes del verano y llegar al centenar a lo largo de este año no se hayan cumplido.

La consellera y portavoz, Sílvia Paneque, y la secretaria de Vivienda, Lídia Guillén, han sellado el pacto este martes en la Generalitat con el portavoz de Els Comuns, David Cid, y la portavoz adjunta, Susanna Segovia. Horas después, el consejo ejecutivo aprobó esta ampliación del cuerpo, con un presupuesto de 5,9 millones provenientes de los suplementos de crédito.

Hasta ahora la Generalitat podía abrir expedientes a través de la Agencia de Consumo, y ahora los 100 funcionarios en la Agencia de la Vivienda podrán también incoar sanciones ante los incumplimientos de la ley de la vivienda. Así, la administración catalana podrá actuar por ambas vías. Para los comunes, que exigían el régimen sancionador y un cuerpo de inspectores, sólo falta ahora la tercera pata: una campaña del Gobierno recordando cuáles son los derechos de los inquilinos para que éstos puedan ejercerlos.

Respuesta a un incumplimiento

Precisamente, este acuerdo viene de mayo, cuando ambas partes acordaron crear este cuerpo para aplicar en todo el territorio catalán el régimen sancionador de la ley de vivienda, que prevé multas a quienes se salten la regulación del alquiler. A cambio, los Comuns votaron favorablemente a los dos primeros suplementos de crédito que el Parlament convalidó el 7 y 21 de mayo, por valor de 2.168 y 1.300 millones de euros, respectivamente, para que la Generalitat pueda incrementar el gasto a pesar de no tener presupuestos. En junio, aprobó un tercero de 468 millones, también con el apoyo de los Comuns y ERC. El 1 de julio, el Gobierno ya había incorporado 15 inspectores de vivienda vinculados a la Agencia Catalana de Consumo de los 60 que habían pactado con los Comunes. El resto, como ha explicado Paneque, estarán adscritos a la Agencia de Vivienda.

Los Comunes celebraron el acuerdo, pero advirtieron de que para negociar los presupuestos hay que avanzar más en vivienda. La formación parlamentaria ya había dicho que hasta que el ejecutivo catalán no pusiera en marcha este cuerpo no negociarían los presupuestos del próximo año. Para el sindicato de inquilinos, la medida es "necesaria" pero llega "muy tarde", y advierten de que "será ineficiente si no se aprueba urgentemente el decreto para regular los alquileres temporales y de habitaciones". También advirtieron de que la falta de control e inspectores ha generado impunidad hasta ahora.

No se activará hasta 2026

En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, Paneque ha explicado que han autorizado la ampliación de la plantilla de la Agencia de Vivienda de Catalunya con 100 personas. "Esta ampliación de 100 personas se complementa también de 19 puestos de trabajo adicionales en la Agencia Catalana de Consumo, que deben proteger a los usuarios en el ámbito de la vivienda de Catalunya", ha explicado Paneque, quien ha dicho que es esencial y prioritario para el gobierno de la Generalitat.

"El control de precios ha tenido un efecto de paro del precio del alquiler y de reducciones significativas, esto implica que debemos tener un cuerpo de inspectores que puedan detectar cuando hay incumplimiento de la normativa e instruir los expedientes que se puedan derivar", ha añadido Paneque. A pesar de activarse este año, el cuerpo no empezará a funcionar plenamente hasta enero de 2026.

¿En qué consiste la actividad inspectora?

La detección de infracciones ha sido uno de los grandes vacíos de la aplicación de la ley de vivienda estatal: a pesar del año y medio de vigencia de tope de precios, no constan sanciones aplicadas por parte de la Generalitat a ningún propietario o agencia, que deben cumplir con una serie de requisitos previstos en esta normativa.

La Agencia Catalana de Consumo puede entrar en materia en tres casos. Por un lado, cuando se incluye en la publicidad y en las ofertas de alquiler de viviendas la información mínima regulada en los artículos 59 y 61 de la ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda. Esto incluye el precio de alquiler que resulta de aplicar el sistema de referencia de los precios del alquiler de viviendas o si el propietario es gran tenedor.

Otra casuística es cuando los propietarios quieren imponer la contratación de un alquiler temporal con el fin de eludir el tope de precios cuando quede acreditada la finalidad de vivienda permanente o habitual del arrendamiento. Y el tercer requisito de actuación es cuando se quiere repercutir al inquilino los gastos de gestión inmobiliaria o los de formalización del contrato.

Hasta ahora, la inspección de la Agencia Catalana de Consumo de la Generalitat ha estado llevando a cabo controles de las obligaciones previstas en el decreto ley 1/2025 de medidas urgentes en materia de contención de rentas, tanto en establecimientos presenciales de todo el territorio –con mayor incidencia en el área metropolitana de Barcelona–. A raíz de esto, ha abierto 241 expedientes de consumo vinculados al no cumplimiento del tope al alquiler y ha recibido un total de 29 denuncias, pero no ha resuelto ninguna sanción.