El Gobierno acuerda con Comunes 850 millones en vivienda para contrarrestar la falta de presupuesto

BarcelonaDebían anunciar el acuerdo el pasado lunes, pero el apagón energético llevó a Gobierno y Comunes a aplazarlo. Hasta este lunes, cuando la consellera de Economía, Alícia Romero, y la presidenta de Comunes en el Parlament, Jéssica Albiach, han comparecido en rueda de prensa para explicar un pacto a cambio del apoyo de los comunes al segundo suplemento de crédito que debe dar oxígeno a las cuentas de la Generalitat después de que el Govern se haya quedado sin presupuestos para este año. Ambas partes han acordado destinar 850 millones de euros de fondos propios en materia de vivienda además de llegar a los 100 inspectores antes de finalizar el año para hacer cumplir la ley de vivienda –60 nuevos agentes deberían estar listos antes del 30 de junio.

Todo ello debe salir del primer y segundo suplementos de crédito que el Gobierno ya ha aprobado, pero que todavía tiene que convalidar el Parlament. La primera inyección de dinero público era de unos 2.100 millones de euros –el pleno de la cámara catalana debe validarlos esta semana– y la segunda, de 1.300. Según el Gobierno, los 850 millones de euros aprobados en vivienda se incluirán en estos casi 3.500 millones, aunque el propio ejecutivo admitió que habrá que "repriorizar" partidas para acomodarlos. "Uno de los esfuerzos que pedimos a los consellers es que cuando hay peticiones de los grupos repriorizen dentro de los departamentos. No hay más recursos de los que vendrán: unos 4.000 millones de euros, ya lo saben. En las peticiones que hagan unos u otros, si no hay más recursos, lo que hay que hacer es repriorizar; eso significa ceder". Es decir, que el Govern avance o aplace inversiones previstas en función de las peticiones de ERC y Comuns.

El detalle de cómo quedaría este reparto todavía no lo han especificado. La semana pasada Esquerra ya acordó con el ejecutivo su apoyo a ese segundo suplemento de crédito. De estos 1.300 millones, casi 1.000 deben ir destinados a pagar nóminas ya hacer frente al incremento del IPC, mientras que 388 debían servir para el plan contra los aranceles de Donald Trump.

Del pacto firmado este lunes Comunes con el Gobierno, Jéssica Albiach ha destacado especialmente estos 850 millones de euros en vivienda, que priorizarán la construcción de vivienda de protección oficial indefinida, el impulso del alquiler social, la vivienda cooperativa y también la rehabilitación del actual parque inmobiliario. Estos 850 millones de fondos propios se sumarían a los 600 millones en líneas de crédito del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), lo que llevaría a la mayor inversión en vivienda de la Generalitat, de 1.450 millones. Los comunes también han pactado poner en marcha de cara al mes de septiembre una unidad específica contra los desahucios que prevén que esté dotada de "al menos" de 50 efectivos, además de elaborar un informe sobre "el impacto del racismo" a la hora de acceder al mercado inmobiliario.

Los de Jéssica Albiach también han acordado destinar 13 millones de euros a desplegar la ley de salud bucodental, y 10 millones para implementar el Pacto Nacional por la Salud Mental. La semana pasada los comunes ya hicieron público que en ese segundo suplemento de crédito se incluirían 20 millones de euros para la energética pública.

El tercer paquete de dinero público

Tanto Romero como Albiach subrayaron que éste es un acuerdo "parcial" y que ahora ambas partes deben negociar la última parte del suplemento de crédito para contrarrestar la falta de presupuestos. En este sentido, la líder de Comuns ha fijado los ámbitos que priorizarán: educación, derechos sociales, pobreza e inversiones territoriales. "Los acuerdos de investidura deben cumplirse con o sin presupuestos", ha afirmado. "Ahora quedan 500 millones que tendremos que ver cómo cerramos; nos gustaría que fuera antes del mes de mayo", ha añadido la consellera Romero. Esquerra, por su parte, no ha fijado públicamente sus prioridades, porque quieren que vayan en función de cómo avancen acuerdos de investidura como el nuevo modelo de financiación o el traspaso de Cercanías.