Los deberes pendientes del Gobierno en vivienda para este septiembre

BarcelonaEl nuevo curso político empieza a asomarse y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, llega con deberes pendientes. Los socialistas han superado su primer año de gobierno con una inyección de casi 4.000 millones extra en las arcas públicas catalanas, pese a no haber logrado aprobar presupuestos. Lo hicieron gracias a los pactos con Esquerra y Comuns, los dos socios a los que el ejecutivo llamará también en las próximas semanas para iniciar la negociación de las cuentas del 2026. Ahora bien, antes de sentarse a hablar con la consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, Comuns reclaman una reunión para hacer carecer de lo que les han probado sobre todo vivienda, sobre la que los de Jéssica Albiach han hecho pivotar las negociaciones que han mantenido con los socialistas catalanes hasta ahora.

Hay un incumplimiento que preocupa especialmente a Comunes y que se arrastra desde mayo, con el pacto para el segundo suplemento de crédito: la puesta en marcha de un cuerpo de inspectores para sancionar a los propietarios que se salten los topes en el alquiler que establece la ley de vivienda. Tenía que arrancar con 65 efectivos antes del verano y llegar al centenar a lo largo del año. Pero, en estos momentos, todavía no hay fecha para que estos agentes empiecen a fiscalizar los incumplimientos del régimen legal y aplicar las multas de hasta 900.000 euros pactadas también con Comunes. Los de Jéssica Albiach reivindican que las inspecciones no solo sirven para castigar a los infractores, sino para enviar un mensaje "ejemplar" que desincentive las malas prácticas, por ejemplo, pasarse del tope del precio del alquiler en zonas tensionadas y también evitar dar información sobre el precio que pagaba el anterior inquilino.

Unidad antidesahucios y grandes tenedores

El Gobierno aún debe otras dos medidas a Comuns: una es la creación de una unidad antidesahucios, con una plantilla de 50 personas, que debía empezar a operar en septiembre; la otra es el registro de grandes tenedores, a los que la ley impone cargas adicionales, como la de tributar por tener pisos vacíos o pagar más (un 20%) en el impuesto de transmisiones patrimoniales, más allá de lo que establece la ley de vivienda. El decreto para crear este registro se encuentra en fase de información pública y tiene los informes favorables de la Generalitat desde mayo.

Pero en la conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, lamentan desde Comuns, arrastran los pies con estos temas. "Todo el tema sancionador les cuesta mucho", afirma uno de los negociadores del partido, quien reconoce que tanto la conselleria de Economía y Finanzas como la de la Presidencia están encima de este departamento para intentar que se pongan las pilas. Fuentes del departamento de Territori aseguran que están trabajando para cumplir y concretan que el registro de grandes tenedores se aprobará "en las próximas semanas".

El alquiler de temporada

Pese a los retrasos, desde el grupo parlamentario de Comuns están satisfechos del "giro" que Salvador Illa y el PSC han hecho en materia de vivienda, tanto por los acuerdos firmados como por el hecho de que se hayan acabado acogiendo con cierto entusiasmo a una vía a la que, inicialmente, se mostraban reticentes: la de la compra por tanteo y retracto promociones, con la idea final de llegar a los 50.000 pisos a lo largo de la legislatura. "Solo hay que ver lo que decían hace un año y lo que dicen ahora", recalcan fuentes de Comuns.

Uno de estos giros se encuentra en la regulación del alquiler de temporada, que los socialistas dejaron caer la pasada legislatura cuando la impulsó el Govern de ERC. El frente común —e inédito— de Comuns, Esquerra y la CUP en la negociación de un decreto de medidas urgentes sobre vivienda en abril forzó al PSC a avenirse a regular esta modalidad de arrendamiento, al alza y que se ha convertido en la brecha legal que aprovechan los propietarios para cometer fraude. En Barcelona, ​​por ejemplo, el número de nuevos contratos de alquiler de temporada ha crecido un 62% desde que entró en vigor el tope de precios.

Acuerdo sobre el texto

La nueva normativa se está trabajando en el Parlament en el marco de la tramitación como proyecto de ley del decreto que salió adelante con los votos de estos grupos. En este mismo proyecto de ley se incorporarán los cambios legales para incluir en la ley catalana el reconocimiento de la figura del inspector -que es independiente de la creación del cuerpo ya pactado- y blindar la vivienda de protección oficial. Ésta última es otra petición de Comunes a la que el Gobierno inicialmente se resistió, argumentando que generaba problemas de seguridad jurídica.

Todo ello debía quedar terminado antes del verano, con la tramitación de las reformas por la vía urgente. Cinco meses después (y salvo cambios de última hora), la regulación está a punto de ver la luz: el PSC, Esquerra, Comuns y la CUP ya han pactado y presentado las enmiendas conjuntas, según ha podido confirmar el ARA de varias fuentes. Siguiendo lo pactado con el Gobierno, el texto final deja claro que los arrendamientos de un inmueble para vivir quedan sometidos a la ley de vivienda, con independencia de la duración del contrato (por tanto, también los que se hagan a estudiantes oa trabajadores que se desplazan por trabajo). Sólo quedarán fuera los alquileres para vacaciones o con fines recreativos, debiendo dejarse constancia documental. Por otro lado, el precio conjunto que pagan todos los inquilinos de un piso alquilado por habitaciones no podrá superar el tope que se aplicaría si se alquilara entero.